Por Sandra Rodríguez
Al concluir la visita In loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deja este día al Estado de facto que preside Juan Orlando Hernández, un pliego de 25 recomendaciones, y le hizo ver que hay un descontento generalizado de la población.
La presidenta por ley de la CIDH (Primera Vicepresidenta) Esmeralda Arosemena de Troitiño, conversó con el periódico digital defensoresenlinea.com, sobre las preocupaciones más notorias después de estar en Honduras desde el 30 de julio anterior.
“Yo puedo identificarlas como la necesidad de justicia pronta, acceso a la justicia de familiares y víctimas que garanticen la investigación, no a la impunidad”, es la primera.
La segunda, según el parecer de la Comisionada, es una evaluación de la problemática estructural, ejemplificando el caso de alguna comunidad, donde no hay vi vivienda ni salud; eso hay que evaluarlo en una política pública del Estado que enfoque el problema estructural de discriminación, exclusión, pobreza, marginalidad, eso no es un tema que hay que resolver en una semana, pero tiene que estar en un plan de trabajo que vaya colocando en una agenda cómo vamos a cerrar esa brecha de desigualdad, de pobreza.
Son ideas centrales, pero el Estado nos ha pedido “queremos recomendaciones concretas para poder programar”, y está bien, vamos a identificarlas para que podamos hacer ahora una hoja de ruta, la Comisión le ha dicho al Estado que tenemos disposición para acompañar a todas las instituciones en la búsqueda de esas respuestas, y darle seguimiento a la posibilidad de esas respuestas.
Por eso han hecho un listado de recomendaciones, a lo mejor algunas se puedan unir con otras, y se les facilitaría un trabajo de seguimiento. Ese, sería un compromiso para desarrollar un plan de acción que va a programar Honduras y trabajar las instituciones.
DESCONTENTO A la comisionada Troitiño, se le consultó si es notorio el descontento ciudadano con el régimen de Juan Orlando Hernández, a lo que respondió, “Así es, eso de lo hemos expresado al señor presidente el día de ayer, le hemos dicho que hemos recogido una opinión de la sociedad civil, de las víctimas de los acontecimientos, hemos recogido una sensación de insatisfacción, una insatisfacción de que no se tiene una respuesta de protección de derechos, y es el compromiso que asume el Estado para el acercamiento”.
La CIDH menciona el diálogo, pero en este debe hacerse oír la opinión ciudadana, porque al hablar de que se abre un diálogo polaco, Troitiño explicó que “la política es hacer bien lo que se necesita hacer para su pueblo y sus gobernados, entonces un diálogo donde todos tienen y deben participar, no es un tema entre políticos, es un diálogo con la sociedad hondureña. Un diálogo que tienen que llevar a este pacto.
He hablado de un pacto por la solidaridad de Honduras, por la paz, por el progreso, por la inclusión, por el respeto de los derechos humanos de todos y todas, y está la Comisión comprometida en acompañarlos. Comisionada Esmeralda A. de Troitiño.
Diálogo Miembros de la prensa, preguntaron cómo se puede apostarle a un diálogo en un país donde se crean leyes para coartar el derecho a la libertad de expresión, “está en una de nuestras recomendaciones, la libertad de expresión es una de las garantías de la democracia, entonces hemos planteado que el Órgano legislativo en la creación de las leyes, tiene que hacer leyes que promuevan también la conciencia ciudadana”, concluyó la Comisionada, después de la conferencia de prensa realizada esta tarde, en el mismo hotel capitalino, que supuestamente fue incendiado el 12 de enero pasado, y que guardan prisión como presuntos responsables Edwin Rovelo y Raúl Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, Morocelí, El Paraíso.
Presos Políticos En cuanto a los presos políticos, la CIDH no tuvo acceso a visitarlos, declaró a este medio de comunicación, Joel Hernández García, Relator de la CIDH para Honduras y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, que en abril visitó este país y ha escuchado a los presos políticos que están con medidas sustitutivas a la prisión y familiares de víctimas, acompañados por el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras.
“Desafortunadamente nuestras visitas eran limitadas a los puntos que podíamos visitar y no llegamos a centros de detención donde hay personas detenidas posteriores a las elecciones”.
Defensores A Hernández, de origen mexicano, le preocupa la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es un grupo de alta vulnerabilidad que se requiere de todos los actores estatales y de justicia para prevenir cualquier atentado contra sus vidas.
La delegación estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva; las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia Urrejola, y el Comisionado Joel Hernández García, Relator de la CIDH para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo, Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
A continuación, las recomendaciones dejadas al Estado de Honduras que preside el ilegal reelecto Juan Orlando Hernández
Con base en las observaciones preliminares de la visita, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones preliminares al Estado de Honduras:
Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Fortalecer las capacidades de la policía con el fin de avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
Adoptar legislaciones y políticas públicas enfocadas a la construcción de políticas fiscales destinadas a la erradicación de la pobreza extrema y a la disminución de la desigualdad social.
Desarrollar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos.
Adoptar un enfoque de derechos humanos en las políticas de combate a la corrupción.
Investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de género y de manera prioritaria, las violaciones a los derechos de humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.
Adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivas de las niñas, adolescentes y mujeres.
Asegurar que la Política Nacional de la Niñez responda a las necesidades de protección de la niñez y se base en un diagnóstico realista y participativo, abarcando todos los derechos, identificando grupos en especial situación de vulnerabilidad, e incluyendo indicadores que permitan medir los avances y la eficacia de la política.
Revisar y construir una estrategia nacional de prevención de la violencia contra la niñez que aborde las causas estructurales que hacen a esta población vulnerable a los grupos criminales. En este sentido, el Estado debe priorizar la prevención y erradicación de la violencia sexual, e incluir una amplia participación de los niños, niñas y adolescentes, y de las organizaciones de la sociedad civil.
Abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios contra las personas LGBTI.
Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas. Asimismo, la Comisión insta al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas.
Fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.
Garantizar la realización de visitas de una manera regular. En particular, reformar el artículo 10 del Reglamento de visitas en los establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, a fin de contemplar únicamente el cumplimiento de aquellos requisitos esenciales para garantizar la seguridad al interior de los centros penales, y que no representen un gasto desproporcionado para personas en situación de pobreza o con escasos recursos.
Adoptar las medidas necesarias a efectos de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas según corresponda.
Iniciar un procedimiento culturalmente apropiado a efectos de hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que incorpore lo establecido en el Convenio 169 y los estándares internacionales en la materia.
Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
Desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el Estado hondureño y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
Adoptar una política pública dirigida a garantizar una reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos de migrantes retornados, en especial de migrantes en situación de vulnerabilidad y/o con necesidades particulares de protección, como los niños, las víctimas de la trata, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores y las personas con necesidades médicas.
Implementar un mecanismo especial de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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