sábado, 4 de agosto de 2018
El "Caso Pandora" pone a prueba a la cuestionada justicia hondureña
“Caso Pandora” fue el nombre que le dio la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC, al momento de hacer pública esta Red de Corrupción.
El caso implica 38 funcionarios y ex funcionarios públicos a quienes se les acusa de haber desfalcado 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG- para ser utilizados en la campaña política de las elecciones de 2013.
“El “Caso Pandora” es el caso típico en donde la clase política financia ilegalmente partidos políticos, movimientos políticos, candidaturas en particular”, señala el ex juez de sentencias, abogado Ramón Enrique Barrios.
Barrios considera que el “Caso Pandora” pone a prueba la cuestionada justicia hondureña. “Creo que por primera vez se hace un requerimiento fiscal a políticos de altos vuelos en el país. Estamos tocando, en este requerimiento fiscal a diputados al Congreso Nacional, a gente cercana a los partidos políticos, a ex coordinadores de partidos políticos”, manifestó el ex juez.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Ramón Enrique Barrios (REB), analista hondureño.
¿Qué es el “Caso Pandora”?
RMB. El “Caso Pandora” es el caso típico en donde la clase política financia ilegalmente partidos políticos, movimientos políticos, candidaturas en particular, y por qué digo que hay financiación ilegal, sencillamente porque hay una financiación de orden jurídico que es financiamiento legal que es lo que denomina la Constitución de la República y la ley electoral del país como la deuda política.
¿Tiene similitud este caso con el desfalco al Seguro Social?
RMB. Uno podría decir que no hay ninguna conexión pero al final tiene el mismo objetivo. En el caso del Seguro Social, las cantidades millonarias que se drenaron del Estado, iban a parar, en su mayor parte, para financiar una candidatura o un partido político en particular, estamos hablando nuevamente de la financiación ilegal de los partidos políticos con dinero público que están destinados a otras cosas y se desviaron para otras, se lavó ese dinero.
¿Le sorprendió el surgimiento del “Caso Pandora”?
RMB. Sí, me ha sorprendido, creo que, por primera vez, se hace un requerimiento fiscal a políticos de altos vuelos del país. Estamos tocando en este requerimiento fiscal a diputados al Congreso Nacional, a gente cercana a los partidos políticos, a ex coordinadores de partidos políticos.
¿La reelección del Fiscal General de la República cambiará la ruta que llevan la Maccih y la Ufecic?
RMB. Creo que la elección inconstitucional que se hizo del abogado Chinchilla en el Congreso Nacional puede lavarse de alguna manera. Y la única manera que los analistas, los que hacemos críticas de las actuaciones del Estado, podemos superar la elección inconstitucional es que el Ministerio Público, la Maccih y la Ufecic, asesten el gran golpe a la corrupción del país a través de acusaciones y requerimientos fiscales serios.
¿En manos de quién quedó el Ministerio Público con la reelección del Fiscal General?
RMB. Obviamente el Congreso Nacional eligió al Fiscal General Chinchilla por un período al cual no podía aspirar, sin embargo, estas acusaciones directas que estamos viendo contra la clase política no vienen directamente de la Fiscal General de la República, vienen a través de una unidad especial que se ha creado al interior del Ministerio Público que se llama Ufecic y que está siendo apoyada primordialmente por la Maccih. Este binomio, Ufecic – Maccih, es la que está liderando el combate a la corrupción, y el Fiscal General, por intereses políticos, por los intereses de los Estados Unidos, es un gran espectador, por lo menos no pone objeciones a las acciones de la Ufecic y de la Maccih.
¿Qué piensa del fiscal Luís Javier Santos quien está al frente de la Ufecic?
RMB. Tiene todo nuestro respeto. Cada vez que puedo y me dan la oportunidad de decirlo públicamente lo digo: necesitamos crear un movimiento del pueblo, de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de este país en apoyo al fiscal Santos. El fiscal Santos ha sido un fiscal de carrera, con una trayectoria limpia y honesta y profesionalmente capaz para liderar estos requerimientos de corrupción, pero él necesita saber que hay toda una sociedad que lo está respaldando y que no va a permitir que se le presione, porque tiene serias presiones, mucho menos que se le aleje de la unidad de Ufecic o que se le aleje de estar llevando los casos de corrupción.
¿Dónde estará la clave para el éxito en el “Caso Pandora”?
RMB. Pasa por dos vías. La primera vía es que técnicamente, es decir que desde el punto de vista del derecho penal sustantivo y del derecho procesal sustantivo, estén bien planteados los requerimientos, las acusaciones. Y lo otro es que no basta decir que se ha cometido el delito de lavado de activos, el delito de fraude y otros tipos penales, sino que esos hechos deben encuadrarse dentro de los tipos penales y para que encuadren también se deben tener los medios probatorios.
De los 38 acusados, ¿sobran nombres o faltan nombres?
RMB. Más allá del requerimiento fiscal, ¿faltan nombres?, por supuesto que sí. Esto era una estructura criminal, toda una organización criminal que se asociaron ilícitamente para defraudar al Estado, para utilizar dinero público, para financiar ilegalmente candidaturas y partidos políticos en particular. ¿Faltan nombres?, por supuesto que sí porque se utilizó dinero de una secretaría del poder Ejecutivo a través de Ong´s con transferencias que sabía el Congreso Nacional.
¿En el “Caso Pandora” estarán involucrados empresarios de los medios de comunicación?
RMB. Es que el “Caso Pandora” es dinero ilícito para financiamiento de campañas ilícitas, y parte de la financiación de las campañas ilícitas es la promoción que se hace en los medios de comunicación, y no hay duda, porque además el informe del Tribunal Superior de Cuentas así lo establecía, que se transfirió de la misma manera, a través de ambas Ong´s, dinero público a periodistas en particular y medios en particular, que normalmente son los tradicionales, para financiar estas candidaturas y estos partidos políticos.
¿Cómo valora usted el catálogo de delitos por los que se acusa a los supuestos implicados?
RMB. Es un asunto complejo, no conozco “al dedillo” el requerimiento fiscal para tener una opinión más objetiva pero el delito más importante que tiene privado de libertad a los políticos es el lavado de activos.
¿De dónde surge el delito de lavado de activos?
RMB. Ese delito de lavado de activos está dentro del catálogo del Código Procesal Penal que los mismos diputados, en un momento, dijeron que ese delito no le daría medidas sustitutivas, no iban a permitir que quien lo cometa se defienda en libertad, pero en aquel momento estaban pensando en “los mareros” fundamentalmente y en personas civiles que no fueran políticos.
Pero hubo recursos de inconstitucionalidad contra ese catálogo de delitos donde está el de lavado de activos…
RMB. Hay que advertir que nosotros, como profesores de Derecho y la Asociación de Jueces por la Democracia, dijimos en su momento que efectivamente eso era inconstitucional, y se presentó el recurso ante la Corte Suprema de Justicia, y sabe qué dijo la Corte, que no era inconstitucional. Hoy que se ha presentado nuevos recursos por los defensores de estos ciudadanos y ciudadanas, pues la Corte debería de ser coherente. Si en el pasado, hace dos o tres años, dijo que era completamente constitucional, hoy tendrá que decir lo mismo sino quedarán y harán obvio lo evidente, es decir, que este es un juicio político y no un juicio jurídico.
¿Qué opina de la juez natural Lidia Álvarez Sagastume?
RMB. Hay que decir que la abogada Lidia Álvarez Sagastume fue electa en el Congreso Nacional, y hay que decir también que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos, no porque sean los mejores abogados y abogadas del país o porque no tengan sus méritos, fueron electos por su simpatía a los partidos tradicionales, al Partido Liberal y al Partido Nacional, que tradicionalmente se han repartido la Corte Suprema de Justicia. La abogada Lidia Álvarez es simpatizante del Partido Nacional, todo mundo lo sabe, y desde allí hay una falta de objetividad, una falta de independencia para conocer el asunto a tratar. Nosotros esperaríamos que su decisión sea más jurídica que las simpatías que pueda tener por el Partido Nacional.
¿Vendrán más casos pandoras?
RMB. No tengo ninguna duda. Acuérdese que la caja de pandoras abre muchos males, éste es uno de tantos males que se van a ir abriendo.
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