Por Sandra Rodríguez
El 30 de Agosto es el Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, considerando que en este mes, es cuándo se registra más casos de esa figura de lesa humanidad ejecutada por agentes de los Estados latinoamericanos. Así lo comprobó en 1984 la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Latinoamérica (FEDEFAM).
En Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), registró 184 casos de desapariciones forzadas durante la década de 1980, con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, pero esta causante de dolor e incertidumbre que se creía en el pasado, resurgió durante el golpe de Estado del 2009, y después del fraude electoral de noviembre del 2017, como es el caso del joven Manuel de Jesús Bautista Salvador, el 03 de diciembre en Naco, Cortés.
El COFADEH documentó y acompaña a familiares de víctimas de desaparición forzada cuyos hechos fueron entre 2009 y 2011.
Y agosto sumó más víctimas, específicamente durante la dictadura del liberal Roberto Micheletti (2009-2010) y el nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), sucesores del golpe de Estado que sacó del poder a José Manuel Zelaya Rosales, ahora diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Justo cuando Lobo Sosa era presidente del Congreso Nacional firmó el Documento número 284-2002 que establece en su artículo 1- “Declarar el día 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido”, el 28 de agosto del 2002, y que lo avala el actual presidente del régimen, Juan Orlando Hernández. Éste entró en vigencia el 02 de Septiembre del 2002, siendo presidente de Honduras, Ricardo Maduro, del Partido Nacional.
Dos hermanas y el silencio del MP
En el 2015, siendo ya presidente Juan Orlando Hernández, el COFADEH recibió una denuncia de la desaparición de dos jóvenes, caso de años anteriores en el que se vincula el poder religioso con el Ministerio Público.
El COFADEH realizó un foro en la ciudad de Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras, entre las asistentes estaba doña Mélida Urrea, quién denunció entre lágrimas e impotencia la desaparición de sus hijas Xenia Rosibel (15) y Yolanda Elizabeth Ramos Urrea (28), a quienes vio por última vez en agosto del 2009, cuando salieron de su aldea en Florida, Copán, para encontrarse -supuestamente- en la ciudad de La Entrada, con el entonces seminarista católico Francisco Abilio Rivas Cruz, de origen salvadoreño, quien habría abusado sexualmente y embarazado a “Rossy” cuando aún tenía 14 años.
En su momento la familia Urrea Ramos, interpuso la denuncia ante las autoridades competentes de La Entrada, al occidente de Honduras; 18 días después de la desaparición de las muchachas, se informó sobre unas osamentas en la comunidad de Las Varas, Santa Bárbara, y que había un zapato quemado que pertenecía a una de las jóvenes.
“Era como que si las hubieran incinerado, pero los de la morgue nos dijeron que los huesos no estaban quemados, otras pertenencias las recogió personal del Ministerio Público” y nunca se las mostraron a la familia, dijo la madre.
El Ministerio Público, que por años había olvidado el caso y hasta desaparecido el expediente, según denunció doña Mélida, en el 2015 llamó a la familia de Rossy y Yolanda, quienes cumplirán el próximo 27, nueve años de desaparecidas, y les dijo que se presentaran con dos ataúdes en Medicina Forense de San Pedro Sula -norte del país- porque según investigaciones y análisis, las osamentas coinciden con las de las jóvenes copanecas.
La salud de la madre es inestable, pasan los años y no comprende lo que sucede, por qué no existe la certeza de que esas hosamentas hayan sido los cuerpos de sus muchachas.
En noviembre del 2015, la denuncia se hizo pública a través de medios de comunicación en Tegucigalpa, y el 3 de diciembre de ese mismo año, el principal sospechoso del crimen, Francisco Abilio Rivas, nombrado en una parroquia de San Juan de Intibucá -occidente- y en cargos administrativos de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, -supuestamente- falleció en un accidente de tránsito camino a San Pedro Sula.
Mientras se denunció la violación especial y desaparición de las hermanas Urrea, a través de medios de comunicación se supo de actos similares de parte de Rivas, contra una menor de edad. Ese era el temor de la familia, que siguiera libre y continuara abusando de otras menores de edad, pues si hubo más víctimas, no denunciaron por miedo.
Se lo llevaron mientras reparaba su taxi
Se registró el caso de Mauricio Joel Urbina Castro, un hombre de 34 años de edad, desaparecido el 02 de agosto de 2011, en La Ceiba, Atlántida, mientras estaba en un taller de servicio eléctrico en el barrio San José, reparando su vehículo de trabajo.
Allí se introdujeron al mismo tiempo cuatro hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas, eran de contextura física musculosa, portando armas de cañones largos y cortos, se identificaron como policías; inmediatamente le ordenaron a todas las personas que estaban en el interior del negocio a tirarse al piso “somos de la policía tírense al suelo” mientras le pegaban una patada al propietario del taller.
Luego golpearon a Mauricio Joel Urbina Castro, le colocaron las manos hacia atrás y lo sacaron violentamente del taller obligándole a subir a un carro de color gris, doble cabina, sin placas y vidrios polarizados que los esperaba en la calle. Desde ese momento no se le volvió a ver y su teléfono celular ya no era respondido.
Preguntaban por otra persona
Otro caso registrado en este mes, es el de Óscar Elías López Muñoz (49), desaparecido el 21 de agosto de 2011, en San Pedro Sula, Cortés, quien fue sacado de su casa de habitación en horas de la noche y frente a su hija menor de edad. De este hecho que ha provocado la desintegración familiar, no se ha sabido nada, las autoridades encargadas de dar respuesta, no han dado algún indicio para encontrarlo, manifiestan sus familiares.
Familiares de Óscar Elías López Muñoz, detenido y desaparecido en la colonia Suyapa, de Chamelecón, informaron sobre el caso al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, pero las respuestas, siete años después aún no llegan y en el MP tampoco muestran avances de la investigación.
López Muñoz, fue sacado de su casa por seis hombres con porte militar, vestidos de negro y chaleco antibalas, tenían armas de cañón largo (con un foco o mira en la parte superior), quienes cubrían su rostro con pasamontañas; allanaron ilegalmente la vivienda de Óscar, presentándose como agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se transportaban en tres vehículos, entre estos un pick up, doble cabina, color gris; y un HILUX, color morado, vidrios polarizados, explicaron en la misiva enviada a Lobo Sosa.
Además que en la detención, la víctima de desaparición forzada, fue golpeado reiteradamente porque sus captores no aceptaban su identidad como Óscar Elías López Muñoz, insistían en que ese no era su nombre. Ante los gritos y golpes, su pequeña hija gritó que su papá se llamaba Oscar López, por lo que un supuesto agente se le acercó para consolarla y decirle que se calmara que no les iba a pasar nada.
En el Día Nacional del Detenido Desaparecido
El caso que sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, es el del líder comunal de la Colonia Planeta de San Pedro Sula, José Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011.
Pronto cumplirá siete años de engrosar la lista de cientos de miles de detenidos desaparecidos en Latinoamérica, y que como en la mayoría de los casos, las autoridades no han dado respuesta de su paradero, y su familia debió huir por vBulletin temor a correr la misma suerte.
Los familiares de Cruz Palma responsabilizan a la Policía de su desaparición, pues argumentan que el 30 de agosto (2011), cuando fue bajado del bus en que iba, había una patrulla e individuos con uniformes policiales, que lo bajaron y se lo llevaron en un carro particular. “Él era quien hacía el trabajo social en la comunidad. Mi hermano no tenía ni una hoja delictiva”, ha reiterado Isaura Cruz Palma.
“Rey” cómo lo llama a familia, días antes de la desaparición, hizo algunas demandas para su colonia, a través de un medio de comunicación, en el barrio siguen preguntando por él.
¿Por qué agosto?
Por su parte la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, ha expresado que “a mí me gustaría sentar a unos de los planificadores del mal para que me explicara qué fue lo que motivó para que el mes de agosto se registrará en todo el continente, como el mes más violento, o sea el mes donde más desapariciones forzadas de personas por motivaciones políticas se registrara”.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, idea que surgió de la FEDEFAM en 1984 en Venezuela, la doctrina de desaparición forzada fue ejecutada en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra líderes, dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales del continente.
Y en ese congreso, declaramos que íbamos a trabajar con el Día Internacional del Detenido Desaparecido y que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, detalló la defensora y sobreviviente de la Doctrina de Seguridad Nacional, Berta Oliva.
“Pero lo hicimos y en Honduras logramos que se conmemore el 30 de Agosto Día Nacional del Detenido Desaparecido”, para el COFADEH es un día ya marcado en el calendario y parte de su labor de reconstrucción de Memoria Histórica, por lo que el próximo jueves, los detenidos desaparecidos saldrán a las calles en la Movilización Nacional convocada por la Convergencia Contra El Continuismo, que iniciará a las 10:00 a.m. frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El artículo 1 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dice que: Nadie será sometido a una desaparición forzada. Y (2) En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
Una grave violación de los derechos humanos
Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;
El derecho a la libertad y seguridad de la persona;
El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;
El derecho a una identidad;
El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;
El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;
El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:
El derecho a la protección y a la asistencia a la familia;
El derecho a un nivel de vida adecuado;
El derecho a la salud;
El derecho a la educación.
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