Aunque existe un fallo emitido por los juzgados de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, al norte de Honduras que ordena detener la construcción de la represa hidroeléctrica Centrales El Progreso “HIDROCEP”, las autoridades judiciales, policiales y municipales de Tela, Atlántida siguen dando largas al conflicto.
La resolución de los juzgados fue emitida a finales del mes de julio, sin embargo, fue necesario que la población instalara un campamento frente a la municipalidad de Tela para que la comuna decidiera reconocer la orden judicial.
En sesión de corporación, las autoridades se comprometieron a detener la construcción, pero solamente llegaron la tarde del martes a entregar la notificación a los representantes de la empresa.
Represión
Desde tempranas horas de este miércoles los pobladores y pobladoras bloquearon la carretera CA-13, exigiendo la presencia de la fiscalía y la corporación municipal de Tela, para detener los trabajos. Fue hasta las 10:30 de la mañana que el director de Justicia municipal y el Jefe de la Policía preventiva se presentaron hasta la comunidad. Pero no dieron una respuesta positiva, aseguraron que la instancia que debería parar la construcción es la fiscalía.
Minutos después de haber dialogado con el jefe de la Policía Nacional y el director de Justicia Municipal y haber acordado soltar una vía, un escuadrón del comando especial Cobras procedente de El Progreso, Yoro irrumpió y de manera violenta dispersó la protesta pacífica de la ciudadanía.
Silverio López, luchador comunitario en el sector lamenta que las autoridades no respeten los acuerdos. Dice que eso refleja de parte de quién están las autoridades policiales. Sin embargo, asegura de toda la represión, las comunidades continuarán con la lucha pacífica en defensa del agua.
Abusos
Para el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), Martín Fernández, los argumentos de las autoridades son lamentables. Señala que la población tiene más de 500 días de estar recibiendo agua contaminada y no se está evidenciando por parte de las autoridades que el derecho al agua se les está vulnerando a las comunidades.
Fernández explica que la municipalidad de Tela es quien tiene la obligación de detener la construcción y en coordinación con el Ministerio Público bajar la maquinaria de la parte alta de la Cordillera Nombre de Dios.
“Hay un mandato específico que ya lo remitieron los juzgados. Quien lo debe cumplir es la Municipalidad. Si la alcaldía de Tela no cumple la orden, estaría cometiendo un delito que podrían pagarlo caro ante la justicia hondureña, explica Fernández.
Campaña de desprestigio
Luego de conocerse la sentencia de los juzgados, las comunidades del sector Paujiles han denunciado que personas ligadas a la represa hidroeléctrica han comenzado una campaña de desprestigio contra los líderes, lideresas y los representantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
A través de las redes sociales con producciones audiovisuales acusan a la población de oponerse a “los proyectos de desarrollo”. En ese sentido las comunidades hacen un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la institucionalidad hondureña para que investigue la procedencia de todos esos ataques.
Paujiles se han convertido en un símbolo de lucha y de resistencia en defensa de los bienes naturales. En los más de 500 días de lucha, una decena de personas han sufrido persecución e incluso procesos judiciales. Sin embargo, la población se resiste a la entrega de los bienes naturales a manos de empresarios.
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