Por Javier Suazo
“El problema del agro hondureño es que los actores reales se corrompieron,
y abandonaron la lucha agraria por limosnas y el silencio
en una alcaldía, diputación o puesto público”.
Marco Virgilio Carias
Se estima que los afectados en el Corredor Seco Centroamericano suman más de 3.5 millones de personas (FAO: 2018), asentadas en países principalmente del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y el Salvador). Es un problema agravado por la falta de lluvias, disponibilidad de alimentos y pobreza estructural que enfrentan las familias rurales, en especial los campesinos sin tierra, minifundistas y los trabajadores (as) estacionales. Un grupo de mayor vulnerabilidad son las mujeres jefas de hogar, con problema de acceso a tierra y demás activos productivos, empleos dignos y protección social para sus hijos.
Aunque las soluciones planificadas ameritan del concurso de todos, incluyendo a organizaciones campesinas y de mujeres, se sigue pensando en la compensación social focalizada-burocrática como la principal estrategia para enfrentar la pobreza extrema e inseguridad alimentaria, sin considerar opciones alternativas como la entrega masiva de tierras productivas no utilizadas a los campesinos de cada país, municipio, región y departamento, la revisión, ajuste o derogación del RD-CAFTA que vuelve a las economías de la región dependientes y mendigas alimentarias y la priorización de programas y proyectos de inversión en sectores dinámicos como el forestal, industrial y agroalimentario, generadores netos de ingresos, empleos y alimentos.
En el caso de Honduras, el gobierno de la República declaró emergencia nacional para enfrentar la sequía que afecta familias localizadas en el llamado “Corredor Seco” del país. Es una intervención recurrente del Ejecutivo frente a los problemas de baja producción, inseguridad alimentaria y pobreza que enfrentan las familias rurales, atribuidos al cambio climático. Antes del Golpe de Estado (junio 2009), los (as) afectados por las sequías se estimaban en 3,800 familias (SAG: 2009), pero hoy se habla de 65,000 familias localizadas en 74 municipios de siete (7) departamentos del país; o sea, el problema es mucho mayor ya que la población a atender se multiplicó por más de 1600%.
Una de las preguntas sin respuesta por las autoridades de gobierno y funcionarios y técnicos de agencias de cooperación internacional, es ¿por qué se llegó a la situación actual, donde miles de familias enfrentan riesgo permanente de inseguridad alimentaria y pobreza?
Una explicación es que la crisis alimentaria se atribuye no solo a la irregularidad (retrasos) en el régimen de lluvias que afecta las fuentes de agua, los cultivos y la producción, sino también por los escasos recursos para inversión productiva, la baja productividad agrícola y la situación de pobreza y riesgo social de las familias localizadas en zonas de menor desarrollo. A ello se suma, la corrupción (véase la “olla de Pandora”, donde más de 200 millones de lempiras destinados al agro fueron desviados a bolsillos de políticos y funcionarios corruptos), y el mal manejo de la ayuda alimentaria.
El gobierno para enfrentar la crisis alimentaria por la baja producción agrícola, recorre a políticas de compensación social (ejemplo: bono solidario productivo) y entrega de raciones alimentarias, acompañado de la construcción de pequeñas obras de riego y almacenamiento de aguas-lluvias, muchas de las cuales, como los reservorios de agua, resultan insuficientes. Estas medidas son paliativos a la crisis, las cuales se descontinúan una vez que el cambio climático es menos severo.
El gobierno y ciertas agencias cooperantes dicen muy poco de los impactos negativos que tiene el RD-CAFTA en la producción agroalimentaria hondureña, donde gran parte de esta producción (granos básicos principalmente) ha sido sustituida por importaciones al bajarse (no pagarse) los aranceles. Esta situación se agravará a futuro, al eliminarse los aranceles a productos como el maíz y arroz, por lo que la producción de bienes salarios (generada por pequeños productores) estará desprotegida totalmente. La crisis alimentaria generada, en parte por la liberalización comercial, curiosamente, es un aliciente para aumentar el monto de las importaciones de granos por la agroindustria, tal como ha sido denunciado por productores de granos básicos de la Costa Norte de Honduras. De acuerdo a cifras que manejan los agroindustriales, Honduras debe importar solo en arroz 3.3 millones quintales para suplir la demanda interna.
El decreto de emergencia aprobado por el gobierno en Consejo de Ministros, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, contempla la asignación de 100 millones de lempiras para atender a las familias afectadas, aumento de raciones alimenticias otorgadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la canalización de créditos para las siembras de postrera y la conformación de una Fuerza Tarea multiinstitucional para enfrentar la sequía y crisis alimentaria. Se contempla agilizar la aprobación de 52 millones de dólares para ejecutar y ampliar proyectos de riego, varios de los cuales están fuera del Corredor Seco, con el objeto de aumentar la producción de granos y alimentos en el país.
La otra pregunta sin respuesta aún por el gobierno, es ¿cuándo se aprobará un nuevo decreto de emergencia para atender las familias localizadas en el Corredor Seco? En 2014, según el Comisionado de los Derechos Humanos, se aprobó un decreto igual, por lo cual, deberíamos esperar que en 2022 se apruebe otro decreto parecido, o sea destinado a enfrentar la crisis alimentaria de las familias asentadas en estos municipios con medidas compensatorias, especialmente con fondos de transferencias monetarias condicionadas (TMC) autorizados por el FMI.
El gobierno de la República no cree en la planificación de mediano y largo plazo, incluyendo la planificación sectorial. La lección del FMI es que hay que achicar el Estado ya que el Mercado es sabio. La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) todavía no cuenta con un Plan de Desarrollo del Sector Agroalimentario 2018-2022, o 2018-2030, que permita visualizar no solo las orientaciones de política en el sector, sino también aquellas intervenciones diferenciadas (programas, proyectos, incentivos) por regiones, municipios y departamentos. Al parecer, sigue vigente la política del desarrollo del sector formulada por el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2005), sin que se haga un intento por evaluarla y actualizarla.
La urgencia de este plan o estrategia de desarrollo agroalimentario se justifica por la vigencia de intervenciones atomizadas ejecutadas por instituciones públicas, cooperantes, gobiernos locales y organizaciones de sociedad civil, donde cada uno dice tener la verdad y la solución del problema creciente de inseguridad alimentaria y pobreza en los municipios del Corredor Seco que, curiosamente, van en aumento, por lo que ya se empieza hablarse de la Honduras Seca.
Esta práctica de “anti desarrollo” desde fuera, ha inmovilizado a organizaciones campesinas y ambientalistas en dichos municipios, donde varios de sus “lideres” se han sumado a las acciones compensatorias que ejecuta el gobierno en conjunto con agencias cooperantes. Se cuentan con los dedos las organizaciones que representan a las familias campesinas afectadas, por lo que desde la base social no existe un interlocutor válido, siendo sustituido por instituciones públicas, alcaldías o agencias cooperantes.
Hay que construir una solución permanente a la crisis alimentaria desde la base social, más allá de la compensación social burocrática y autoritaria que ha resultado insuficiente, cara y corrupta.
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