“No tenía ni un pedacito de tierra para vivir ni para cultivar los granos básicos con los que comemos a diario”, manifestó Blanca Manueles, acusada de invasora de un pedazo de tierra donde hace 9 años vive con sus hijos en la aldea Quilaperque, del municipio de La Paz, en la zona central de Honduras.
Blanca es una de las más de 700 mujeres campesinas acusadas por luchar por un pedazo de tierra. De acuerdo a la organización Vía Campesina Honduras, alrededor de 5 mil campesinos y campesinas tienen procesos judiciales en su contra por exigir el derecho a la tierra.
Solo en el departamento de La Paz, de 48 grupos campesinos, 46 de ellos tienen procesos legales, hay más de 500 personas con medidas sustitutivas y 10 campesinos guardan prisión, condenados a más de 6 años de cárcel.
Los campesinos que guardan prisión son: Omar Mejía Gálea, Venancio Palomo Chavarría y Gerson Edgardo Hernández del Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, procesados 10 de Enero 2014. Héctor David Gáleas López, Nery Antonio González, Ángel Arnaldo Martínez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas y Jacinto Bardales, del Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, procesados el 11 de Octubre 2013.
“El movimiento campesino, continúa siendo reprimido por la tierra, nos deshacen nuestras milpas, nos golpean, nos queman nuestras casas, entre el año 2014 a la fecha 15 grupos campesinos pertenecientes a diferentes municipios de La Paz miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), han sufrido desalojos violentos y para los próximos días se anuncian 34 desalojos más”, indicó Wilman Chávez, dirigente campesino.
Y esta situación es a nivel nacional. “Esto nos preocupa, sin embargo lo más lamentable y alarmante es que en los últimos cinco años han sido asesinados más de 130 campesinos solo aquí en el sector del Bajo Aguán, y casos que están en total impunidad”, dijo Irma Lemus del Observatorio de Derechos Humanos en el Aguán, quien recibió a inicios de año un sobreseimiento definitivo por parte de los juzgados de Trujillo, donde tenía una denuncia por “usurpación de tierras y robo agravado en perjuicio de la Asociación de ganaderos de Colón”.
La justicia solo muerde a los pies descalzos
“Todo este proceso refleja que hay una política de Estado que criminaliza la lucha de los sectores más empobrecidos de Honduras. El estado de derecho solo funciona para los grupos económicos, políticos del país”, indicó el abogado Luis Alonso Chévez de la Rocha, de la Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental de Honduras.
“El sistema de justicia está controlado y sometido a los intereses de los poderes fácticos, entonces las decisiones que se toman no están apegadas a derechos si no a los mandatos de estos grupos”, concluyó.
Un caso que muestra la criminalización de la lucha por la tierra es el del campesino José Isabel “Chabelo” Morales, quien pese a que la repetición de su juicio el mes de febrero del 2014, tuvo vicios de nulidad; el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, penó a 17 años y medio de prisión a “Chabelo” por el delito de homicidio en contra de un familiar del subcomisionado de policía, Henry Osorto Canales.
De acuerdo a la defensa, al dirigente campesino se le violaron todas las garantías constitucionales y sin las pruebas contundentes se dictó por segunda vez una sentencia irracional jurídicamente.
Es importante mencionar que el alto oficial está involucrado en el conflicto de tierras que se generó en el marco de una lucha entre la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, y un grupo de terratenientes que se posesionó de la tierra que el Estado hondureño adjudicó en legal y debida forma el año 2000 a las familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), organización a la que pertenece “Chabelo”.
No hay voluntad para solucionar
“Para solventar la problemática agraria y garantizar el apoyo al sector campesino del país, se introdujo el pasado 9 de Abril la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, misma que se mantiene engavetada en el Legislativo”, indicó Rafael Alegría, diputado por el Partido Libertad y Refundación, Libre.
Existe una profunda preocupación por la situación que se vive en el campo, a más de un año del gobierno de Juan Orlando Hernández, aún no ha habido voluntad política para solventar la crisis agraria, “al contrario, hoy tenemos más represión, más pobreza, más discriminación, desalojos violentos, asesinatos de mujeres campesinas, con la intención de parar el baño de sangre y mejorar las condiciones de vida de los campesinos las organizaciones campesinas trabajamos muy duro en la preparación de esta propuesta de Ley de Reforma Agraria, pero la Comisión de Dictamen en el Congreso Nacional le ha dado prioridad a un proyecto de pesca y acuicultura y no parece haber voluntad para iniciar el debate de discusión de la misma” manifestó Alegría.
Tierra en pocas manos
En Honduras hay más de 8 millones de personas, el 70% de esta población vive en situación de pobreza, y de 4 millones de campesinos y campesinas más de 2 millones están en situación de indigencia total. Desde hace más de 20 años viene acumulándose una problemática de grandes dimensiones en el campo, la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en 1992 en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas desarticuló el proceso de Reforma agraria y dividió al movimiento campesino, según datos de organizaciones campesinas.
“Alrededor de unas 300 mil familias campesinas en Honduras no tienen acceso a la tierra, el campesinado hondureño está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a esto la represión persecución y asesinatos en el país están a la orden del día. En los últimos cinco años más de 120 campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán y estos casos siguen en total impunidad”, aseguró Mario López, del Sindicato de Trabajadores de INA, Sitraina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario