Por Sandra Rodríguez
Breidy Maybeli Sánchez Argueta y Norma Iveth Sánchez Argueta
“No se puede describir lo difícil y triste que es crecer sin papá, es un vacío que nadie puede llenar, aunque mamá, mis abuelos y tíos me hayan llenado de cariño, siempre me hizo falta mi padre”.
Son las declaraciones de dos jóvenes, quienes hasta los 12 años de edad, se dieron cuenta que eran hermanas, además tienen iguales apellidos, nacionalidad, son hijas del mismo papá, quien las conoció recién nacidas, pero que no las vio crecer, porque fue asesinado por el cuerpos represores del Estado de Honduras, en 1992.
Ellas son Breidy Maybeli Sánchez Argueta y Norma Iveth Sánchez Argueta, ambas de 23 años de edad, e hijas de Juan Humberto Sánchez, un joven hondureño con muchos sueños e ideales por una sociedad igualitaria, y era operador de “Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, donde procreó a sus hijas.
Luego de la amnistía número 87-91, decretada en el gobierno del Presidente Rafael Callejas, Juan Humberto regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de la noche, fue liberado y vuelto a capturar. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), con un disparo en la frente y señales de tortura.
Sus hijas eran unas niñas de meses, sus madres no volvieron a saber nada de Juan Humberto, y en ese silencio ellas crecieron, imaginando como sería tener un papá, “porque ese es un vacío que nadie puede llenar”, manifestó Breidy.
Durante 10 días el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, realizó diligencias para dar con su destino; interpuso dos Habeas Corpus en su favor, pero sin resultado alguno.
“Es muy triste crecer sin papá, no saber nada de él, imaginar cómo sería la vida, por lo que no hemos visto la verdadera justicia”, compartió Norma.
La denuncia e investigación sobre la desaparición de Sánchez fue presentada por el COFADEH ante la CIDH, en octubre de 1992.
En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, emitió Sentencia de 7 de junio de 2003, declarando al Estado de Honduras, responsable por su ejecución, y debía cumplir algunas disipaciones, entre ellas el Estado pidió perdón a los familiares en el año 2004, este reconocimiento presidencial fue el segundo paso en el cumplimiento de la sentencia emitida por el máximo órgano de justicia interamericano.
El primero se realizó el 25 de agosto de ese mismo año, cuando el Estado exhumó los restos de Sánchez.
Bertha Oliva
Y el 10 de mayo del 2007, acatando El fiscal general del Estado, Leónidas Rosa Bautista, encabezando a otras autoridades hondureñas, entregó a la familia Sánchez los restos de Juan Humberto Sánchez, y pidió disculpa a sus parientes y prometió continuar las investigaciones del caso.
Pero eso solo fue promesas, han pasado casi 23 años de los hechos en Colomoncagua, Intibucá, frontera con El Salvador, su familia tuvo que cambiar de domicilio, sus hijas guardan muchas lágrimas e incertidumbre, al no entender porque trataron de una forma tan inhumana a su papá, y todos coinciden en que, si bien es cierto el Estado de Honduras fue condenado internacionalmente por su asesinato, no ha cumplido a cabalidad con la sentencia.
La sentencia, en el punto resolutivo número 10, la Corte-IDH decide que, “El Estado debe continuar investigando efectivamente los hechos del presente caso en los términos el párrafo 186 de la presente Sentencia, identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados”.
Aunque si ha cumplido con otros puntos, el anterior no ha tenido ningún avance, el Estado no ha investigado el caso, por lo tanto no hay responsables materiales mi intelectuales que respondan por el cruel asesinato de Juan Humberto Sánchez, recordado como el mártir del Río Negro.
Breidy manifiesta que no es fácil explicar a cuando su pequeña le pregunta por su abuelo, situación que hace pensar a Norma, pues aunque su hijo es más pequeño, también le hará la misma pregunta, y al igual que su hermana, será difícil encontrar una respuesta.
“Mi papá se puso muy emocionado cuando yo nací” manifiesta Norma, mientras que a Breidy, hay personas que la encuentran en la calle de su ciudad natal y le dicen “yo conocí a tu papá” y es que Juan Humberto Sánchez, luchaba por el bien de los demás y por una mejor sociedad, comentan a sus hijas.
Otro punto, por el que el Estado permanece en deuda, el numeral 12. “El Estado, debe implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones, en los términos del párrafo 189 de la presente Sentencia”.
Aunque el Estado ha manifestado su implementación, mencionando dos casos, el Manejo Nacional Automatizado de Casos y Sistema de Información (NACMIS) que es un proyecto de comunicación inalámbrica que provee soporte técnico y de información a las estaciones policiales a nivel nacional, e inició en 2000, por lo tanto no podría ser el cumplimiento de una sentencia que se emite varios años después.
También está el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), que tiene como misión sistematizar y divulgar, en forma continua y actualizada, la jurisprudencia y autos acordados de la Corte Suprema de Justicia para contribuir a la transparencia, la formación de doctrina y la seguridad jurídica del país y preparar a los operadores de justicia, litigantes, sociedad civil y estudiantes de derecho respecto a la importancia del conocimiento y utilización de la jurisprudencia nacional, no se refiere tampoco aun registro de detenidos.
Según la sentencia del Corte-IDH, en este caso, el Estado violó el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a los derechos y garantías judiciales y a la protección judicial, que no solo afectó a Juan Humberto Sánchez, sino a su madre María Dominga Sánchez, Juan José Vijil, Reina Isabel Sánchez, María Milagro Sánchez, Rosa Delia Sánchez, Domitila Vijil Sánchez, María Florinda Vijil Sánchez, Juan Carlos Vijil Sánchez, Celio Vijil Sánchez, Julio Sánchez, Donatila Argueta Sánchez, Breidy Maybeli Sánchez Argueta, Velvia Lastenia Argueta Pereira y Norma Iveth Sánchez Argueta.
Asimismo, la Comisión señaló que hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” del señor Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso. En este sentido, la Comisión también manifestó que el proceso penal que se ha seguido se ha caracterizado por “falta de seriedad y eficacia”, ha sido insuficiente y tropezó desde el comienzo con numerosos obstáculos, entre los que se pueden contar intimidaciones y amenazas a testigos y a familiares de la presunta víctima.
Con el paso de los años, las hijas de Juan Humberto Sánchez, han creado una relación muy estrecha, conversan, se visitan, por temporadas estudian juntas, “ella es mi mejor amiga” expresa rápidamente Norma, señalando a su hermana Breidy, quienes planean sus vacaciones para visitar a sus abuelos en Intibucá.
Ambas disfrutan de la cocina y sueñan con ser mujeres independientes, profesionales, además dar el mejor ejemplo para sus hijos e hijas, y continuar estos lazos familiares dentro y fuera del país, que ha logrado mantener el espíritu de lucha se su papá, Juan Humberto Sánchez, con quien el Estado continúa en deuda, y es que aún no imparte justicia, aun no se conoce a los responsables de este crimen de lesa humanidad.
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