Ante la amenaza de despojo territorial y muerte por la llegada de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) y la voracidad extractiva minera que desde hace años está perforando el sur hondureño, las radios comunitarias se juntan con el objetivo de hacerle frente a esta problemática nacional.
Las Zedes son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia. A pesar que algunos sectores enérgicamente se oponen.
El Golfo de Fonseca, un lugar increíblemente fértil, hermoso, diverso, con gente luchadora, está nominado para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo.
A través del análisis y la reflexión, las radios comunitarias y organizaciones populares realizan un trabajo de concientización en la población para la movilización encaminada a cuestionar y detener el modelo económico extractivista impuesto por el Estado hondureño.
En 2014 la empresa de koreana de cooperación en Honduras, KOIKA, presentó al gobierno un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, para iniciar con la primera ciudad modelo en el municipio de Amapala, Valle. Aún no se conoce en detalle lo que contendrá esta Zede.
A esto se le suma, la aprobación de la creación de un “Parque Minero Industrial” en el Corpus, Choluteca, según el decreto ejecutivo PCM -036-2014, publicado en la gaceta el 11 de septiembre de 2014. El gobierno pasó por encima del dolor de la población víctima de la tragedia que cobró la vida de ocho mineros en el Corpus el año anterior.
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A criterio del ambientalista Pedro Landa, El Estado hondureño no ha dado suficientes detalles de cómo estaría integrado este Parque Minero Industrial en esta zona declarada como zona de reserva minera. Según él, uno de los mayores perdedores en este parque serían las comunidades porque se va a obligar a las personas a que vendan sus propiedades.
Ante esta realidad, las radios comunitarias junto a otras organizaciones, realizaron un encuentro el 17 y 18 de abril en Zacate Grande, Amapala, Valle, un lugar con montañas verdes y con abundancia de animales, entre ellos el venado de Cola Blanca, símbolo nacional. Además una tierra acaparada por un grupo de empresarios que forman el afamado “Club de Coyolito”.
Un sur que se desangra por la actividad minera
El sur hondureño, es un lugar que desde tiempos de la colonia ha sido explotado por la industria minera. El 1898 el gobierno le otorgó a Cerros del Sur la concesión indefinida para la extracción de oro en 423 hectáreas de las montañas de El Tránsito, Nacaome, Valle. Además le entregó a esa misma compañía en 1954, las concesiones en el Corpus, Choluteca. Siempre para la explotación de oro de alta calidad.
Para el ambientalista Pedro Landa, en los códigos anteriores de la regulación minera, el gobierno no ponía límite de tiempo a las concesiones de territorios, razón por la cual estas empresas de origen extranjero llevan años enriqueciéndose a costa de los bienes naturales, dejando en miseria y muerte a las comunidades. “Igual con la nueva Ley de Minería, las empresas pueden gozar de territorios concesionados sin límite de tiempo”, añadió.
Desde Radio Progreso tuvimos la oportunidad de conversar con varios habitantes de la comunidad de El Tránsito, Nacaome Valle, un lugar donde la empresa Cerros del Sur dejó de funcionar porque fue acusada de ocasionar daños al ambiente y dejó la mina abandonada.
Sin embargo, los habitantes denuncian que desde el 2013, María Gertrudis Valle se ha presentado como dueña de la mina y ha buscado extraer oro a pesar de no contar con una licencia de explotación por parte del Instituto Hondureño de Geología y Minería, Inhgeomin.
Ante esta situación, la comunidad se ha organizado para impedir que eso suceda y como respuesta a esta acción, seis miembros de la comunidad en contra de la actividad minera han sido denunciados de usurpación de tierra ante las autoridades, dejando en evidencia la criminalización que existe hacía los defensores de los bienes naturales y los derechos humanos.
En la comunidad, producto del uso ilegal de dinamita, las casas construidas con adobe y bloques, presentan rajaduras y amenazas de derrumbes que hacen más precarias las condiciones de vida en la comunidad.
José Trujillo, presidente del patronato de la comunidad de El Tránsito, manifiesta que a pesar de la difícil situación que enfrentan, las ganas y esperanzas de construir un futuro libre de minería y en armonía con los bienes naturales crecen cada día más, pero que se necesita la articulación de las comunidades, organizaciones y radios comunitarias para hacer frente a un monstruo que está acabando con la vida en Honduras.
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