Mediante un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las muertes violentas de privados de libertad, hechos que se han dado en los últimos meses en diferentes cárceles del país.
En el comunicado la CIDH señala que “la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que tiene el sistema Penitenciario del país”, así mismo hace un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras.
La CIDH señala que es una obligación del Estado tomar medidas para garantizar y mantener la seguridad interna en los centros penales, y debe buscar estrategias para acabar con grupos delictivos en los centros penales.
Para el abogado Mario Chinchilla de Cáritas Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado interesada dándole seguimiento a los casos de violaciones a derechos humanos en los centros penales del país.
Asegura que el comunicado de la CIDH es una reacción por los traslados de internos, traslados en los que los privados de libertad fueron objeto de tratos inhumanos, donde la policía militar utilizó la fuerza excesiva, ante eso la CIDH ha hecho un llamado al Estado para que cese en esa conducta violenta cuando se dirige a los privados de libertad.
En cuestión de 15 años en Honduras hubo cinco incendios en cárceles. Tres de ellos han sido fatales: el incendio de La Ceiba, Atlántida en el año 2003; un año más tarde ocurrió otro en San Pedro Sula; y en 2012, en Comayagua, cogieron fuego distintas celdas de ese recinto penitenciario. En suma, un total de 533 privados de libertad murieron quemados sin que el Estado enmiende sus errores.
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El caso más conocido es el caso Pacheco Teruel, que se relaciona con la muerte de 107 privados de libertad durante un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Chinchilla agrega que el Estado hondureño ha incumplido la resolución dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade que la Corte emitirá en las próximas semanas su informe del seguimiento de la sentencia en el Caso Pacheco Teruel caso del que no existe una verdadera investigación y prácticamente se ha incumplido la resolución y las recomendaciones.
En el Comunicado de Prensa emitido el pasado 14 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a las autoridades del país, implementar verdaderas políticas penitenciarias. Las diferentes cárceles del país son una bomba de tiempo, todas están sobre pobladas, los privados de libertad están en total hacinamiento, la capacidad de los centros penales en el país es de aproximadamente 8,500 personas, pero actualmente el hacinamiento supera el 57 %.
Tarea de la sociedad civil
La abogada Odalis Nájera de la Organización contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CONAPREV) asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país porque practicamente este ha colapsado y por haber colapsado es necesario que El Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo, una ruta que se pueda seguir en materia penitenciaria.
Nájera añade que la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos deben estar vigilantes, que El Estado y los funcionarios públicos cumplan con las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en torno al manejo del Sistema Penitenciario.
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