Garífunas inmersos en un proceso de destierro, migración y resistencia
Cinco años han pasado desde que asesinaron a Elsa Marina Cantarero, una mujer originaria de la zona de Intibucá. Este crimen se suma a la interminable lista de crímenes que siguen en impunidad y que dejan un mensaje de repetición de hechos. Este caso impactó a la opinión pública, porque además del brutal asesinato, el hecho se dio en su casa de habitación cuando Elsa estaba descansando con su pequeño hijo de 11 años de edad.
Cada día durante ese tiempo, la familia de Elsa no ha descansado para lograr que el caso se investigue y se castigue a los criminales. Pero la inoperancia estatal nos demuestra que la justicia hondureña no reacciona ante los clamores de las víctimas. Desde el dolor de la ausencia su familiar dicen no descansarán hasta encontrar justicia.
La realidad se refleja en las diversas investigaciones realizadas por las organizaciones de mujeres, donde se constata el aumento en los casos de muertes violentas. De acuerdo al Observatorio de violencia, entre el año 2005 y 2014, se produjo la muerte violenta intencional de más de dos mil mujeres, lo que representa un crecimiento del número de casos en un 120 por ciento. Datos que nos indican que cada 13 horas muere una mujer. A los crímenes se añade el ensañamiento ejercido contra las víctimas, que van desde violación sexual, tortura y, en muchos casos hasta mutilaciones.
En tales asesinatos, la investigación es el “talón de Aquiles”, ya que hay ausencia de una policía técnica judicial y de una policía técnica de investigación que trabaje coordinadamente con la entidad acusadora. Al no existir investigación, no hay acceso real a la justicia.
Para hacerle frente al grave problema de violencia contra las mujeres es necesario una serie de acciones que van desde consultar a las mismas mujeres que tipo de seguridad quieren, con qué y quiénes se sienten seguras. Si se siente seguras con calles repletas de policías o militares. Si quieren que los millones que genera la tasa de seguridad se destinen a armas, uniformes y vehículos de lujo, descuidando los medicamentos en hospitales, pupitres en las escuelas y comida en los platos de los humildes hogares hondureños.
La realidad de violencia demanda de autoridades responsables, que promuevan la despolitización del Poder Judicial, un verdadero proceso de depuración, construir una propuesta de seguridad que dignifique la vida de las mujeres en sus diversos espacios, y que comiencen a trabajar un claro mensaje de atacar la impunidad venga de donde venga.
Para atacar los hilos de la impunidad en estas muertes y otros crímenes hay mucho camino por recorrer. Pero sin duda todo recae en la lucha por la recuperación de la institucionalidad. Únicamente si tenemos oficinas públicas libres de politización y corrupción que respondan y protejan a la ciudadanía, podremos tener la convicción que darán respuestas a las víctimas y dejarán un claro mensaje de Bas Ya.
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