Por Tatiana Félix
Después de haber sido detenida durante una operación militar en una carretera del sector de Agua Caliente, Santa Bárbara, Honduras, el último 24 de mayo, la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres Flores consiguió que su proceso judicial fuese suspendido.
La suspensión provisoria ocurrió por falta de pruebas en contra de la activista y líder indígena y, a pesar del pedido de suspensión definitiva del proceso, el juicio todavía no fue cerrado definitivamente. Aún así, la conquista fue celebrada por los movimientos en solidaridad con Berta Cáceres y ella podrá viajar nuevamente fuera del país, ya que quedó libre de las medidas substitutivas que restringían su libertad.
Berta fue detenida junto con el también activista del Copinh, Tomás Gómez Membreño, en una de las visitas a las comunidades del pueblo Lenca que organizaba el Copinh y que luchaban en el sector de Río Blanco en defensa del territorio y en contra de las empresas nacionales e internacionales que pretenden construir represas e instalar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.
En este contexto, durante una operación militar del 24 de mayo, Berta y Tomás fueron parados y se les revisó el automóvil, siendo detenidos bajo la acusación de ‘portación ilegal de armas’. Sin embargo, la acusación no fue suficientemente fundamentada, de acuerdo con el abogado de Berta, Marcelino Martínez, lo que terminó con la suspensión del proceso, ayer, después de una audiencia de casi ocho horas de duración seguida por representantes de más de 40 organizaciones en apoyo a la coordinadora del Copinh. En varias ocasiones la luchadora social denunció recibir amenazas particulares y en contra de su organización.
Para los movimientos sociales hondureños, la detención de Berta Cáceres Flores fue parte de una estrategia de persecución en contra de la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras y en contra de la resistencia popular, ya que las comunidades lencas reclaman el incumplimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas en la instalación de proyectos en sus territorios.
De acuerdo con las organizaciones, el territorio Lenca está amenazado por empresas mineras y por el Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), sin que se respeten los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada necesarios para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Los movimientos reclaman además que, desde el golpe de Estado de 2009 se "instauró un régimen fascista” y se intensificaron los ataques y represiones contra la población y los luchadores sociales.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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