Por María José Esteso Poves
“Ahora la muerte en la calle a los defensores de derechos humanos, a los campesinos, los jóvenes, periodistas y las violaciones a las mujeres forman parte del paisaje de Honduras”, denuncia Bertha Oliva, portavoz del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). El 28 de junio de 2009 la República de Honduras saltó a los medios de comunicación por el golpe de Estado, a cargo del político conservador y terrateniente Roberto Micheletti, que depuso al presidente Manuel Zelaya elegido en las urnas. Desde ese momento, la realidad de este pequeño país de Centroamérica, de ocho millones de habitantes, que hace frontera con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ha dado un giro radical. Terratenientes de la oligarquía hondureña, militares y los apoyos de Estados Unidos, según denuncian los movimientos sociales, pusieron fin a un periodo de democracia y de trasformaciones sociales, como la creación de un proceso constituyente o la reforma agraria que quería llevar a cabo el ex presidente Zelaya.
Vuelta a la represión
Para Bertha Oliva, Honduras está sufriendo un retroceso de 40 años no sólo a nivel institucional y democrático, también en el respeto a los derechos humanos. “Honduras sufre un desplome total de sus organismos públicos y eso hace que la impunidad y la corrupción sean cada vez mayores. Además, la justicia, no existe”. La portavoz de los familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras señala que existen muchas muertes que no han sido investigadas. En lo que va de año han muerto de forma violenta 89 personas de cada 100.000 habitantes: “Son muertes sin respuesta. Ahora el Ejército para los autobuses y hace bajar a la gente y pone a todos manos arriba; los militares pueden entrar en un restaurante y poner a todo el mundo frente a la pared; atacan a comunidades en el campo en nombre del combate contra el narcotráfico y con el respaldo de la DEA [Agencia Antidroga de Estados Unidos].
Hay presencia de militares y paramilitares en las calles y el Congreso ha aprobado una ley que permite a las fuerzas armadas hacer tareas de seguridad local cuando su preparación es para misiones en el exterior. Vivimos en guerra, en un país altamente militarizado”, relata Oliva. También apunta que el Gobierno de Porfirio Lobo ha aprobado leyes calificadas como antiterroristas que implican escuchas a los defensores de derechos humanos y la ciudadanía: “Pueden hackear tu computadora, entrar en tu casa... es legal”.
“En algo andaban...”
“La cantidad de muertes denunciadas por organismos internacionales cuenta con la aceptación del fiscal general de la República, que ha señalado públicamente que sólo en el 20% de las denuncias interpuestas, se han iniciado procesos de investigación, pero ninguna de esas denuncias está concluida. Además, si los muertos están vinculados a organizaciones de derechos humanos o al Partido LibRe [Libertad y Refundación, de izquierdas, que lidera la compañera de Zelaya] la policía responde: ‘en algo andaban’, y archivan el caso”, dice Oliva.
Esta defensora de los derechos humanos admite que están agotando todos los mecanismos legales internos e internacionales: “He trabajado para el nunca más. Desde los ‘80 en Cofadeh hemos denunciado a los torturadores, a los culpables de las desapariciones [su marido, líder sindical, es uno de los desaparecidos] y ahora vemos que todo ese trabajo de concienciación, se ha perdido. Estamos igual. Entonces fue muy duro –recuerda– nos enfrentamos a cinco ejércitos de países que eran entrenados en Honduras en la base militar Palmerola, de EE UU, al dictado de la Escuela de las Américas. Pero lo más grave es que los mismos que cometieron los crímenes son los que están ahorita en el poder, o asesorando en materia de seguridad”.
Oliva da otro dato: su organización ha solicitado medidas cautelares [protección] para 300 defensores de derechos humanos que han sido concedidas. Concluye que a pesar de este clima de violencia, el pueblo ha reaccionado tomando la calle. “Tras el golpe se creó el Frente Nacional de Resistencia Popular y la ciudadanía se empoderó”. Pero señala que con las elecciones generales de noviembre: “La situación se va a poner más crítica. Dudo que se vayan a celebrar. Estaremos ante una emergencia nacional ya que el Partido Libre se ve como ganador y eso no lo va a permitir la oligarquía ni los militares”.
Miles de muertes sin respuesta del Estado
Honduras cerró 2012 con una tasa de homicidios de 85,5 por cada 100.000 habitantes, un punto menos que en 2011, según el Observatorio de la Violencia de Honduras. “Somos un país en guerra declarada desde el propio Estado a su pueblo. Más de 28 periodistas han sido asesinados desde el golpe de Estado de 2009, más de un centenar son perseguidos permanentemente y decenas de medios de comunicación han sido cerrados. Sólo en la región del Bajo Aguán han sido asesinados 97 campesinos y hay tanta gente en el exilio, unos por la vía legal y otros que han decidido marcharse, que no existen cifras totales. El exilio es terrible, significa mucho, no volver a ver a tus seres queridos e incluso aguantar hambre y frío”, señala Bertha Oliva.
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