Diario Tiempo
El aparente torbellino en que se halla el sistema de seguridad interna de nuestro país no es otra cosa que la aplicación de un programa de reestructuración global de la entidad policial, en el contexto de una nueva estrategia interinstitucional.
Sobra decir que la formulación de esa estrategia y el diseño del programa de reestructuración policial no son de factura nacional, sino, como lo dio a entender tiempo atrás el subsecretario adjunto Antidroga de Estados Unidos, William Brownfield, que esto es en ejercicio de un protectorado estadounidense.
La instalación de un secretario de Seguridad (Arturo Corrales) con delegación suprema del Ejecutivo sobre la defensa nacional, en la cima de la institucionalidad de Defensa y Seguridad, no responde a un modelo nacional, y, de hecho, crea una modificación constitucional.
Esa nueva figura, que se apoda supra-ministerial, resultaba necesaria para el desarrollo de una política arrasadora del andamiaje policial, bajo la excusa del involucramiento total con las actividades del narcotráfico y del crimen organizado en general, y habida cuenta de la incapacidad interna para efectuar ese tipo de desmantelamiento.
Solamente bajo esta óptica se vuelve comprensible esa amplia labor de desmontaje del sistema de seguridad interna, que no solamente incluye a los organismos de seguridad del Estado, en tanto abarca al Ministerio Público y al Poder Judicial.
La parte gruesa de esa complicada operación está a la vista con la fusión de organismos policiales para establecer la Fuerza de Tarea Combinada Interinstitucional, que mete en su saco a los tres Poderes en el Estado, y la Fuerza de Tarea Policial de Investigación, que se encarga de todo el menú delictivo.
En la cúpula de esta construcción está la unidad Toma de Tarea Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, cuya sigla TIGRES evita el gasto de energía al pronunciar su nombre desplegado, y, al mismo tiempo, da la psicología de dominancia y garra para impresionar al público, pero no tanto a los criminales.
De hecho, la descalificación del Ministerio Público (MP) y de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) era un paso obligado por diversos motivos, estructurales, políticos y administrativos, en un marco de inoperancia y corrupción. Bajo esas circunstancias, las medidas tomadas responden a una lógica ordinaria, aunque menos si nos remitimos al debido control soberano sobre el sistema de seguridad nacional.
La cuestión es, en resumen, que el esfuerzo inicial de proceder a la depuración y reestructuración de nuestro sistema de seguridad interna, a través de la Comisión de Reforma de Seguridad Pública (CRSP), parece haber sido definitivamente rebasado, en sus análisis y propuestas, por el modelo de protectorado puesto en ejecución.
Queda ahora la interrogante, muy válida por cierto, respecto al resultado final y sus consecuencias.
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