Por Manuel Cabieses Donoso
La situación política ha producido una coincidencia de hecho en los planteamientos que formulan diversos partidos de Izquierda. El PS, MIR, MAPU e Izquierda Cristiana, por ejemplo, en pronunciamientos públicos emitidos en días recientes apuntan -en líneas esenciales- en una misma dirección. Sostienen, por ejemplo, que la oposición reaccionaria ha conseguido cerrar uno a uno los “resquicios legales” que daban verosimilitud a la “vía chilena” hacia el socialismo. Añaden que hay una convergencia entre los sectores opositores destinada a provocar -en forma más o menos rápida- una crisis definitiva. Para el secretario general socialista, Carlos Altamirano, por ejemplo, el Partido Nacional busca el golpe inmediato, mientras el Demócrata Cristiano prepara condiciones para agosto o septiembre.
Otra cuestión abordada de manera muy parecida por los partidos de Izquierda es lo que se refiere a la manera de encarar el peligro de una guerra civil. Expresan coincidencia en cuanto a que ese riesgo -corolario de una lucha de clases llevada a sus últimas consecuencias-, no será conjurado sino a través de la movilización revolucionaria de las masas, ganando -por así decirlo- la guerra antes que ella se desate, o por último en el curso del enfrentamiento. Finalmente, esos partidos de Izquierda coinciden en que el método correcto es desarrollar el poder revolucionario (o poder popular) a través de organizaciones como los Comandos Comunales de Trabajadores, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc.
Para el Partido Comunista “el peligro es tan evidente y próximo que no admite actitudes contemplativas ni indiferentes” ( El Siglo , 10-VI-73).
El arma institucional
PF ha venido analizando en sucesivas ediciones el empleo a fondo que hace la burguesía de los instrumentos estatales que controla: Parlamento, Tribunales de Justicia y Contraloría. El primero destituyó a tres ministros y algunos intendentes en los últimos días, aprobando además dos reformas constitucionales que impiden al programa de la Unidad Popular avanzar en el terreno industrial y agrario. Los Tribunales desconocieron toda autoridad del gobierno para meter en cintura los desbordes de las radios de oposición y, de paso, declararon reo y están sometiendo a proceso a otro ministro. La Contraloría, por su parte, continuó emitiendo dictámenes para obligar a devolver industrias requisadas.
Dentro de este cuadro parece un hecho que la Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa (“iniciar la construcción del socialismo”) si sigue apegada a las normas del “Estado de derecho” de la burguesía.
El asunto de quién rompe primero la legalidad actual -si el gobierno o la oposición- aparece ahora como un sofisticado problema ético que la propia acción opositora, desde sus bastiones en la institucionalidad, se ha encargado de enervar. El quid de la cuestión es más bien una relación de fuerzas que un problema jurídico. Tener “la razón constitucional” -a estas alturas- no allegará a ninguno de los bandos más recursos humanos y materiales que los que ya disponen. No se está librando una disputa legal en procura del veredicto de un tribunal imparcial. Se está desarrollando una lucha de clases que tiene como fin el dominio de una clase por otra, la subordinación de una a otra clase, el reemplazo de una dictadura por otra. Ese es ni más ni menos el asunto en juego. Ni la burguesía, ni el proletariado, van a detener su lucha -aquélla por recuperar el gobierno y éste por conquistar el poder- por un “quítame allá estas pajas” más o menos legal.
Parece también ilusorio que simples argumentos jurídicos y constitucionales -que sirven sólo para malabarismos en la superestructura- vayan a inclinar el conjunto de las fuerzas armadas hacia uno u otro campo. Es un hecho que ellas, factor determinante en el problema, tendrán que entrar en la correlación de fuerzas que establece la lucha de clases. En ese terreno la línea divisoria no pasa por los Tribunales, la Contraloría o los debates parlamentarios, sino por la mayor o menor capacidad dirigente, la coherencia ideológica, firmeza de propósitos y homogeneidad de mando que muestren las clases en pugna. El núcleo más importante de las fuerzas armadas, seguramente, será arrastrado hacia el polo social y político más enérgico y activo, operando en el seno de ellas las mismas contradicciones de clase que tienen lugar en el resto de la sociedad.
La vía del golpe
La envoltura jurídica del conflicto social sólo tiene ahora cierto grado de significación para la burguesía. No hay duda que al sector más esclarecido de ella -como lo hemos venido sosteniendo en PF- le seduce la idea de una “vía chilena hacia el golpe”. Se trata -como hemos dicho varias veces- de llevar al gobierno del presidente Allende al desplome. Producir su “muerte natural” para que incluso la intervención de las fuerzas armadas, necesariamente inconstitucional e insólita en los últimos cuarenta años, aparezca como un remedio necesario y transitorio para una situación de caos.
En ese sentido la burguesía quiere usar a las fuerzas armadas como un gendarme de sus intereses. Pero tratando de evitar que el verdadero control político se escape de sus manos. En los cálculos de la burguesía, seguramente, es un factor inquietante pensar que sus públicos llamados a la intervención de las fuerzas armadas se traduzca en un largo periodo de dictadura militar. La “vía chilena al golpe”, por lo tanto, tiene que operar con los agentes políticos, judiciales y administrativos de la burguesía encaramados sobre las espaldas de las fuerzas armadas. El papel de éstas se limitaría al de agente represivo del pueblo y del movimiento obrero por cuenta de los burgueses y del imperialismo. Es muy difícil, claro está, que el conjunto de las fuerzas armadas acceda a jugar ese rol.
Otra faceta de esta “vía chilena” hacia la restauración plena del capitalismo -hasta ahora levemente tocado en el país-, es amarrar de pies y manos al gobierno de la Unidad Popular, “perdonándole” la vida hasta 1976, y aprovechando el inevitable deterioro económico de una situación ambigua como la actual para tratar de dividir a la clase trabajadora. Es la línea básica seguida por la Democracia Cristiana, desde el “estatuto de garantías constitucionales” de 1970, hasta las reformas de la Constitución introducidas por sus senadores en los aspectos que atañen a la propiedad industrial y agraria. Todo ello secundado por el impulso organizado a la “oposición desde la base”, que es el plan más siniestro urdido por la burguesía y el imperialismo para tratar de dividir al movimiento obrero.
El fracaso de una línea
No obstante, el gobierno no puede aceptar quedar aprisionado en la jaula de acero que le fabrica un sector de la burguesía agitando el caramelo de una “tregua” hasta 1976. Ello significaría el quiebre de la Unidad Popular y por lo tanto, un debilitamiento mayor del gobierno, dejándolo a merced de su enemigo. Por otra parte, ya pasó la coyuntura de un eventual entendimiento con un sector de la burguesía, concretamente con aquel representado políticamente por la Democracia Cristiana.
La tesis que dentro de la UP propugnaba ese entendimiento ha perdido toda vigencia y se ha demostrado, en los hechos, el fracaso del socialismo reformista. El PC parece venir de regreso de esa línea equivocada, lo cual es un síntoma muy alentador para la necesaria unidad del movimiento obrero. Pero la aplicación de la política aprobada por la UP en Lo Curro, debilitó en forma considerable el proceso y es uno de los factores que más pesan hoy, a la hora de medir las fuerzas ante “el peligro evidente y próximo”.
Un balance de la situación del área de propiedad social, hecho por el actual vicepresidente de la Corporación de Fomento, Pedro Vuskovic, señala: “Resta mucho por hacer para culminar los planteamientos programáticos del gobierno sobre esta materia. Las áreas de propiedad mixta distan aún de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida. Si sólo se considera la industria manufacturera, de un total de 36.220 empresas existentes, 165 pertenecen a las áreas social y mixta y otras 120 están requisadas o intervenidas. El conjunto de la producción de estas empresas del área social y las que están requisadas o intervenidas representan aproximadamente un 22 por ciento del producto industrial y un porcentaje todavía menor de la ocupación en el sector industrial (19 por ciento). De las 93 empresas industriales que el gobierno ha reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las áreas social y mixta, en la actualidad sólo ocho pertenecen a ella, mientras que 48 están requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y control privado” (Ultima Hora , 7-VI-73). El análisis de Vuskovic agrega que en determinadas ramas industriales, como cuero y calzado por ejemplo, las áreas social y mixta “siguen siendo inexistentes”. Son estas razones, anota con exactitud, “las que hacen difícil el desarrollo planificado de la economía”.
La franqueza de Vuskovic provocó un insólito ataque personal del diario Puro Chile y una declaración de solidaridad con el afectado de la comisión política del Partido Socialista, partido al que pertenece.
Necesidad de romper el cascarón institucional
Es evidente que la clase obrera ha avanzado poco sobre los auténticos centros de poder (el área social sólo representa el 22 por ciento del producto industrial y el 19 por ciento de la ocupación del sector). A la vez es cierto que los agentes políticos de la burguesía, apoyados en la institucionalidad y en la propaganda y en organizaciones abiertas y legales, han caminado un largo trecho hacia su meta.
Pero también es un hecho que a pesar de las debilidades mostradas por la Unidad Popular, la conciencia revolucionaria de las masas ha crecido en apreciable medida. La actitud de la clase trabajadora en el paro de octubre de 1972, luego su rechazo al llamado ‘’proyecto Millas” y el casi 44 por ciento volcado a la Izquierda en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, son indicios claros.
Lo mismo puede decirse del ánimo que lleva a sectores de vanguardia a realizar los “prodigios de organización proletaria” que se traducen en los Comandos Comunales, los Cordones Industriales, el abastecimiento directo, las JAP, etc. No hay que equivocarse: es la propia masa la que busca crear un poder revolucionario que sustituya al poder burgués. Por eso la actitud de repliegue, atinando sólo a tratar de disuadir a la burguesía para que no acuda al recurso extremo de la guerra civil, no corresponde exactamente al estado de ánimo de las masas.
Algunos partidos de la Izquierda han interpretado correctamente la situación, exigiendo al gobierno que adopte medidas enérgicas y ejemplarizadoras. El propio secretario general de la CUT, Manuel Dinamarca, reprochó en un mitin realizado en la Plaza de la Constitución la blandura que llevó a levantar la clausura de una radioemisora golpista.
Lenin observaba que “el entusiasmo revolucionario de la clase avanzada puede mucho cuando la situación objetiva exige de todo el pueblo la adopción de medidas extremas... Lo importante es comprender que en tiempos de revolución, la situación objetiva cambia tan rápida y bruscamente como corre la vida en general”. En el caso chileno todo se aproxima a esa apreciación leninista.
La fuerza del pueblo no utilizada -y que se desgasta en la medida que los problemas sin solución y la propaganda enemiga van erosionándola- es todavía muy grande. Pero cada vez se aproxima el instante del “demasiado tarde”, cuando ya no hay caso de revertir la situación en favor de los trabajadores.
“La historia enseña -dijo Fidel Castro el pasado 1° de mayo- que cuando los pueblos están decididos a defender sus derechos, cuando los pueblos siguen un camino firmemente, no hay poderío ni hay fuerza que sea capaz de apartarlos de ese camino”. La Revolución Cubana no tiene por qué ser una excepción que el pueblo chileno no pueda igualar y aún superar. Pero, sin vuelta de hoja, se ha llegado a una situación que plantea medidas extremas. En este caso, romper el cascarón de la institucionalidad burguesa es una cuestión de vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar formas relativamente pacíficas de transición al socialismo.
Los “brotes” de socialismo que han despuntado en los Comandos Comunales y Consejos Campesinos deben ser activamente estimulados para que crezca el poder revolucionario. Ganar a los soldados para la causa de la clase trabajadora, dándoles participación en los órganos de poder popular, es una tarea de singular prioridad. Comenzar a ejercer formas de dictadura popular es la única posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario de las masas. Asegurar en la base la unidad de todos los sectores que quieren el socialismo, aboliendo las prácticas sectarias, es un requisito indispensable en esta tarea. Poner bajo dirección y control obrero a toda la producción y distribución, consolidando el predominio absoluto del área social, es el único modo de planificar y distribuir en resguardo del interés popular.
Dirección de clase
Poner bajo dirección proletaria la organización social del trabajo, requiere un cierto grado de violencia. Pero ésta será menor, en nuestro caso, en la medida que se logre crear desde ya un poder revolucionario suficientemente fuerte y eficaz.
Está meridianamente claro que persistir en la dirección que desea la burguesía, o sea ciñéndose al esquema institucional creado por ella, conduce directamente al desastre.
Determinados sectores de Izquierda agitan con fuerza el inminente peligro de una guerra civil. Pero no complementan esa actividad con desplazamientos que podrían debilitar ahora al enemigo, antes que entre en acción. Antes bien, se crea una imagen en que toda acción de las masas organizadas para crear poder revolucionario aparece como una provocación a la guerra civil. La debilidad que trae aparejada esa campaña debe ser contrarrestada para evitar que se convierta en un arma de doble filo.
Los sectores opositores, cuya agresividad se ve estimulada por la propaganda burguesa, han llegado a un nivel de enardecimiento en que cualquier salida, incluso la guerra civil, les parece buena con tal de derrocar al gobierno de la UP. De modo que a esos sectores la campaña contra la guerra civil no les hará mella. En cambio los sectores populares, aliados del proletariado en un proyecto revolucionario, pueden ser confundidos por esa campaña si no se le da un contenido de clase bien preciso, tendiente a organizar a las masas en nuevos términos. Nos referimos a la necesidad de organizarse en el marco que exige la nueva realidad: para librar un combate por el poder.
La situación actual no puede, ni con mucho, calificarse de “normal”. O sea, no bastan las organizaciones habituales. Hoy son necesarios organismos como los Comandos Comunales, donde el proletariado pueda ganar la conducción de todos los trabajadores y de todos los explotados. Nuestro pueblo puede ejercer con sabiduría y firmeza una dictadura de clase que oriente el proceso de construcción socialista. La clase trabajadora chilena ha demostrado un nivel de madurez muy alto. Su disciplina le ha permitido afrontar -y sigue haciéndolo- problemas graves que siguen creciendo porque no se aplican medidas extremas como las que reclama la clase obrera. Todo ello hace que tenga perfecto derecho a tomar directamente en sus manos los órganos del poder del Estado, apoyando su fuerza en el poder revolucionario de sus organizaciones.
Editorial de PF 186
Hay que dar una buena respuesta al Congreso
Un Congreso Pleno, que no lo fue tanto ya que de él se retiraron todos los parlamentarios de Izquierda, aprobó hace una semana una reforma constitucional que prácticamente desbarató todas las conquistas que en el proceso agrario habían ganado los campesinos. Fue otra de las “gracias” montadas por la oposición, que tiene mayoría en las dos ramas del Parlamento, para seguir en su obstrucción al gobierno y en su afán de frenar la evolución económica y social que se ha intensificado en el país desde el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970.
Ya a este Congreso no le han bastado las acusaciones a ministros e intendentes, ni tampoco las verdaderas agresiones de que ha hecho víctima a la clase trabajadora al negarse a legislar sobre el delito económico, para detener la especulación y el mercado negro desatado contra ella, y al obstaculizar el despacho de un justo reajuste de sus ingresos. Ahora, ha remarcado más aún su carácter de clase y se ha volcado totalmente en la defensa de los intereses de los latifundistas, perjudicando todo cuanto habían adquirido los campesinos a través de la aceleración que el gobierno popular había impreso a una reforma agraria retardada por la administración anterior.
Esta actitud refleja la desatada disposición de impedir por todos los medios a su alcance los cambios que exigen los trabajadores. Nada detiene a la mayoría opositora, ni siquiera la propia Constitución, que en el asunto de las acusaciones ministeriales ha violado repetidamente. Esa prepotencia aparece avalada además por otra que paralelamente ha surgido de los Tribunales de Justicia, coludidos abiertamente con la oposición.
Una acción de este tipo está pidiendo a gritos una respuesta consecuente. Para darla, el gobierno dispone del amplio respaldo de la clase trabajadora que ha sabido crearse órganos de poder que, como los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, las JAP y sus organizaciones de base, ven en el Congreso el freno insolente de todas sus conquistas y el obstáculo para el camino al socialismo. Es de allí de donde surge la petición de que se marche, sin compromisos, hacia un régimen donde el pueblo diga e imponga su palabra, una real dictadura popular que coloque el tapabocas que se merece esta corporación que lesiona sus intereses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario