Por Gustavo Zelaya
Juan Orlando Hernández se mueve a sus anchas dentro de la estructura del gobierno de Pepe Lobo y parece que edifica un proceso electoral a su gusto, a la carta, ha quitado magistrados, interviene en la fiscalía, pide cuentas a los funcionarios del ejecutivo en el reality show del Congrezoo, sus fieles incursionan en la venta de medicinas adulteradas en precio y en componentes, ponen en peligro la salud del pueblo, pone en venta regiones del país, de cualquier forma que sea quiere satisfacer intereses personales y de los empresarios golpistas que lo respaldan; todo eso puede hacerlo pero en el fondo nada cambia. Aunque parezca que existan diferencias entre los grupos de poder que apoyan a Mauricio Villeda con los que respaldan a Juan Orlando: banqueros, maquiladores, empresarios térmicos, agroindustriales, vendedores de medicinas y armas, el crimen organizado y sus derivaciones, dueños de medios de comunicación, no hacen más que mostrar sus aparentes conflictos respecto a la tajada del pastel que les toca. Si acaso se enfrentan es por las formas de negociar y mandar.
No está en discusión la justeza del sistema social ni la esencia asesina del neoliberalismo. Sólo tienen pequeñas disputas sobre cómo seguir sangrando al pueblo hondureño y quien se ubica a la cabeza de la explotación de toda la nación. Esa oligarquía entreguista está perfeccionando las condiciones y los mecanismos para sostener la organización corrupta del poder político que hace posible la injusticia, la exclusión y la venta al mejor postor de la riqueza social y natural.
Con la permanencia en el gobierno de cualquier representante del partido conservador, se mantendrá el sistema neoliberal y todo el proceso depredador de las riquezas nacionales, se profundizará la entrega del país, seguirán los paquetazos y las prácticas de corrupción pública y privada. Y la verdadera ley fundamental que dirige los actos de la tradición política tendrá fundamentos muchos más sólidos que nunca. Es decir, la impunidad continuará firme y perfeccionándose en cada momento.
Toda esa serie de intervenciones en entidades del Estado y el nombramiento de comisiones desde el congrezoo y el ejecutivo sólo sirve para seguir afinando las condiciones y los mecanismos que sostienen la estructura económica y política que da paso a la desigualdad y al marginamiento. En ese intento se ha desplegado una campaña electoral agresiva, vulgar, que pone en peligro la vida de los simpatizantes y miembros de LibRe, en donde se repite y se insiste en aspectos muy simples como ser el llamado a votar por el bien que se enfrenta al mal, en identificar al partido Libertad y Refundación como de izquierda radical, como responsable del atraso, el terror y la violencia. Y se adereza todo con elementos religiosos al afirmar que la verdadera opción del pueblo ni siquiera cree en Dios, mientras que el partido gobernante si es un partido cristiano. En eso no hay nada novedoso si comparamos esas tácticas manipuladoras con las practicadas por el fascismo alemán o italiano. Se trata de mentir hasta convertir la verdad en una falsa ilusión y la mentira en realidad objetiva.
El 9 de junio en la ciudad de Gracias el candidato nacionalista sostuvo que los hondureños deben decidir entre “votar por el pasado desastroso o por el fututo prometedor”. Aquí tienen una pequeña muestra de ese “pasado desastroso” construido por diversos gobiernos cachurecos:
Tiburcio Carías Andino, gobernó desde 1932 a 1949. Este sujeto a quien sus aduladores llamaron el “hombre más bello de Honduras”, tuvo los siguientes “méritos”: su administración se mantuvo gracias al apoyo de las compañías bananeras y al gobierno estadounidense; por 16 años mantuvo violentamente reprimida a la oposición política y liquidó todo intento de organizar huelgas y paros laborales por la conquista de derechos en las compañías fruteras y mineras. Uno de sus más reconocidos aportes tecnológicos y humanitarios consistió en dotar a los militares de fusiles semiautomáticos M-1 y de modernizar la fuerza aérea. Todo con el afán de mantener la paz de los cementerios.
Juan Manuel Gálvez: heredero de Carías, se mantuvo en el poder desde 1949 a 1954. Formado a la sombra del “hombre más bello de Honduras” y fiel abogado de las compañías bananeras. Esa relación con sus patrones gringos posibilitó que se extendieran las concesiones, los privilegios hacia el enclave bananero. En ese gobierno se reprimió cruelmente la represión al naciente movimiento sindical y se colaboró con gran entusiasmo en el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Gálvez anticipó lo que luego sería una práctica normal en otros gobiernos hondureños al prestar el territorio nacional como base de intervención militar contra Guatemala.
Con otros gobiernos cachurecos o afines a las “ideas” de Juan Orlando Hernández se profundizó la corrupción y el robo descarado de los fondos públicos; se volvió algo normal la exhibición cínica del asalto al tesoro nacional. Me refiero a Oswaldo López Arellano que se mantuvo e influyo en el poder político y económico desde 1963 hasta 1976. Es el momento en donde se consolida la fortuna de Miguel Facusse, Emin Barjum y Salvador Lamas con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones; es cuando el gobernante se deja sobornar por una compañía bananera, aceptó 8 millones de dólares a cambio de reducir el impuesto al banano. Uno de los involucrados directos en el delito, el entonces ministro de economía Abraham Bennaton Ramos, ahora es un personaje muy cercano al partido nacional, directivo del COHEP y es considerado como un distinguido representante de la clase empresarial golpista. López Arellano fue ejecutor de dos golpes de estado, participe de otro y de otras actividades dolosas que causan vergüenza en la historia de Honduras. Esas son algunas hazañas que le hicieron merecedor de muchas condecoraciones militares y por ello puede ser nombrado como el Maestro de los golpistas nacionales. A su sombra se formaron sujetos como Rafael Leonardo Callejas Y Mario Rivera López, el papá del diputado de los chocoyos.
Rafael Leonardo Callejas; este individuo gobernó desde 1990 a 1994. Hacedor por excelencia de los llamados paquetazos. En su mandato presidencial se estableció la Ley de Ordenamiento Económico dictaminada por los organismos internacionales de financiamiento. La ley agrícola que impulsó favoreció a los terratenientes y a empresarios de la agroindustria, perjudicando al movimiento campesino y a los cooperativistas del campo; privatizó el mantenimiento de las carreteras, entregó equipos y maquinarias del Estado a personas de su entorno político. Se efectuaron devaluaciones monetarias, venta de pasaportes, contrabando de personas conocido como el chinazo. Al dejar el poder fue acusado de once casos de abuso de poder y los tribunales rápidamente le entregaron las respectivas cartas de libertad. Este sujeto impuso una “norma ética”, la regla fundamental de los políticos que nos han gobernado, al afirmar: “A mí no me han comprobado nada”; no se trataba de demostrar su inocencia en los casos de corrupción sino que otros le comprobaran su posible culpa.
Uno de sus logros más publicitados, verdadera conquista para alguien tan carismático fue el hecho de que el departamento de migración norteamericana lo expulsó del aeropuerto de Miami y le canceló la visa de turista, acusándolo del delito de Corrupción Oficial Pública, a pesar que el sistema judicial hondureño lo absolviera y lo declarara inocente. Es muy probable que sea el único presidente en la historia de Honduras en esa situación. Expulsado, acusado por corrupto y sin visa, pero inocente según los jueces nacionales. Es uno de sus más elevados méritos.
Ricardo Maduro. Es de los casos más raros en la política nacional ya que siendo de nacionalidad panameña, en complicidad con el presidente del congreso nacional Rafael Pineda Ponce, para más señas liberal, se le permitió gobernar el país del 2002 al 2006.
Continuador, puntual, fiel seguidor de las políticas de ajuste estructural y de la privatización de los servicios públicos. En su afán de abrir el mercado del dólar para sus negocios y sus amigos, en un discurso afirmó que “habrá dólares para Todos”. Por cierto una de sus empresas se llamaba Supermercado “Todos”. Impuso duras medidas de seguridad reformando el código penal para perseguir el crimen organizado y a las maras. Se endurecieron las penas sin poder reducir los delitos. Para ello encargó una tarea al actual candidato a diputado Oscar Álvarez Guerrero y lo puso al frente del ministerio de seguridad pública. En tal sentido se persiguió a todo joven que estuviera tatuado y se le acusaba de pandillero. Con ello creció la población carcelaria y se inauguró la macabra práctica de convertir los presidios en gigantescas parrillas y someter con brasas y llamas a los reos. Por ejemplo, en abril de 2003 un incendio en la Granja Penal El Porvenir, en La Ceiba, donde 70 reos son víctimas de los disparos o de las llamas. Situación todavía sigue sin esclarecer. El 23 de diciembre de 2004, en San Pedro Sula supuestos mareros asaltan un bus del transporte urbano y asesinan a 28 personas.
El gobierno de Maduro se encargó de devaluar la moneda, liberalizar precios, reducir gastos de gobierno y reprimir o corromper al movimiento sindical. Uno de los resultados de los ajustes estructurales se manifestó en que el 70% de los hondureños quedaran afectados por la pobreza y alrededor del 30 o 33% se encontraba desempleada o subempleada. Según datos oficiales que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas en su Encuesta de Hogares de mayo de 2001 el porcentaje de hogares pobres era de 64.5%, mientras que la Encuesta de Hogares de mayo de 2004 la cifra aumentó a 66.7%. Del total de la población, para esa fecha, el 71.1% son pobres. Se incrementaron los casos de SIDA en la población femenina, sobre todo entre 20 y 39 años. La tasa de mortalidad materna continuaba siendo alta (155 por 100 mil). Los hogares con jefatura femenina representaban ya un tercio del total de hogares en el país y un 50% de los hogares urbanos, lo cual incidía en una mayor feminización de la pobreza.
La consigna electoral de Maduro “Mi compromiso contigo” no fue más que una simple exclamación. Mientras que su paquetazo, la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social, agravó la situación económica de la clase media, de los micros y pequeños empresarios, de algunos inversionistas locales, puso a todos esos grupos en desventaja frente al capital trasnacional. No se redujeron los privilegios fiscales de los mineros ni de los negocios de comidas rápidas, más bien se esmeró en perjudicar a la mayoría de la población aumentando los impuestos a licores, materiales de construcción, refrescos, desinfectantes, cigarrillos, alimentos para animales. Aumentó el precio del agua, la energía eléctrica, de pasaportes, licencias de conducir, registro de obras culturales. Y una de las preferencias de las políticas económicas de Ricardo Maduro fue potenciar la actividad de las maquilas y hacer efectivo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Porfirio Lobo Sosa, el gobierno sucesor del golpe de estado y del que fue uno de los actores principales Juan Orlando Hernández. De 2009 a la fecha. Y esto es mucho más reciente. Ya no sólo es el “pasado desastroso” de Juan Orlando, el pasado de Carías o de López Arellano, es el presente macabro del gobierno Lobo-Hernández y sus secuaces. Es el presente desde el cual no se podrá llegar al “futuro prometedor” de los cachurecos. Lo siguiente ha ocurrido y está ocurriendo bajo ese gobierno que se considera humanista y de unidad nacional, en el gobierno del partido político que Juan Orlando reivindica como cristiano. Los datos provienen de la única fuente confiable que existe en el país, y aunque no sean completos ni perfectos, es lo mejor que tenemos a mano.
Según el IUDPAS (Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad), el año 2012, registró un total de 10,441 muertes por causa externa ocurridas a nivel nacional, registrándose un incremento de un 6.2% en relación al año anterior (9,799), de los cuales 7,172 son homicidios. El análisis comparativo del 2011 y 2012, señala que la causa de muerte de mayor incremento es la indeterminada con 352 casos más que el 2011 lo que representa un aumento de 48.2%, esto debido a las muertes ocurridas en la granja penal de Comayagua donde perdieron la vida 360 personas reportadas por la Dirección de Medicina Forense. La tasa nacional de homicidios es de 85.5 por cada 100,000 habitantes.
Se registran 598 homicidios mensuales y 20 víctimas diarias. El 53.6% de los homicidios ocurrió en los departamentos de Atlántida, Cortés y Francisco Morazán. El 83.4% de los homicidios (5,980) se produjeron con arma de fuego. Esa modalidad criminal refleja la participación de sicarios en el 23.5%. 6,566 víctimas son del sexo masculino que representan el 91.6 % del total, lo que refleja que ésta población sigue siendo la más afectada y de mayor riesgo en el país; 606 son del sexo femenino (8.4%) con un aumento de 94 muertes en relación al año anterior. Al analizar el grupo más vulnerable se evidencia que son las edades comprendidas entre los 15 y 44 años con 5,354 hombres y 447 mujeres que representa un 80.9% (5,801) de los casos. Un total 940 niñas, niños y jóvenes (108 niñas y 832 niños y jóvenes) perdieron la vida en el presente año, 13.1% de las víctimas.
La georeferenciación de las muertes homicidas en Honduras, refleja que 8 de los 18 departamentos del país presentan tasas mayores a la tasa nacional del 2012 que es de 85.5 homicidios pccmh: Atlántida, Cortés, Copán, Ocotepeque, Yoro, Olancho, Comayagua y Colón, en el año 2011 fueron 7 los departamentos con tasas superiores a 86.5 y en este año se suma Comayagua a los departamentos con mayor violencia homicida en el país. La mayor incidencia de casos lo presentan los que tienen mayor concentración poblacional y desarrollo económico como: San Pedro Sula (1,290), El Distrito Central (1,035); La Ceiba (309), Choloma (239), El Progreso (217), Juticalpa (182) y Villanueva (172) entre otros.
La Dirección General de Medicina Forense en el 2012 registró, 18,502 requerimientos fiscales para evaluaciones médico legales de esos casos 3,088 mujeres (16.7%) fueron evaluadas por síndrome de mujer agredida; 2,920 víctimas (15.8%) sufrieron abuso sexual, 1,055 niños(as) (5.7%) fueron evaluados por presentar síndrome del menor maltratado.
De enero a diciembre del 2012 la violencia contra las mujeres dejó un saldo de 400 víctimas. El grupo de edad más afectado con el 63.8% (255) se encuentra entre los 15 y 39 años.
Durante los primeros seis meses del año 2012, se registra en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, una incidencia de delitos de
alto impacto social en el país, de 2,761 hechos en total; En el plano comparativo de éstos mismos delitos se registran en el Ministerio Público 1,997, es decir el 72.3%. De acuerdo al bien jurídico afectado, se clasifican en delitos contra la propiedad que suman 1,567; delitos contra la libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas en total 106.
Lo anterior sólo son algunas cifras que a muchos pueden aburrir o no interesar, pero que se han provocado con las políticas de los diferentes gobiernos de la oligarquía y que han hecho que en miles de hogares se esté padeciendo penurias, dolor, sufrimiento por la pérdida de familiares y por el hambre que azota sus estómagos. Y en ninguno de esos incidentes hay responsabilidad del partido Libertad y Refundación. Ese “pasado desastroso” que menciona Juan Orlando Hernández es responsabilidad exclusiva y absoluta del partido conservador y de sus alas liberal y nacionalista. La situación de injusticias y violencia que padecemos desde hace más de 100 años no tiene nada que ver con personajes que realmente sean cristianos, pero si están directamente ligados al “partido cristiano” del neo fascismo de Juan Orlando Hernández, esos “cristianos” que nunca han servido a “la gente humilde y luchadora de este país”. Revertir esa situación y edificar condiciones de existencia más justa y equitativas serán objetivos del próximo gobierno encabezado por Xiomara Castro. No hay otra opción. Y que esto no suene como consigna electoral o como una aspiración individual. Es una necesidad histórica que tendrá que satisfacerse en un largo proceso que va iniciar en enero de 2014.
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