El Libertador
Se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe y para las instancias internacionales de justicia y derechos humanos sólo quedará cerrado cuando se cumpla la totalidad de lo que prescribe la sentencia, y eso implica enjuiciar a los funcionarios responsables de la muerte de los privados de libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado de Honduras por la muerte de 107 privados de libertad durante un enorme incendio que consumió el Centro Penal de San Pedro Sula
La Corte pide se investigue y se deduzca responsabilidades a los funcionarios que fungían en ese tiempo, y el 17 de mayo de 2004 cuando ocurrió el siniestro, el Secretario de Seguridad era Òscar Álvarez y el presidente del país Ricardo Maduro.
Ayer, nueve años después de aquel trágico hecho, el Estado de Honduras pidió perdón a las víctimas y a sus familiares, tal como demanda la sentencia, a los que también el Estado deberá indemnizar de manera monetaria, según montos establecidos en el mismo juicio.
Pero eso no basta y no es todo. Se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe y para las instancias internacionales de justicia y derechos humanos sólo quedará cerrado cuando se cumpla la totalidad de lo que prescribe la sentencia, y eso implica enjuiciar a los funcionarios responsables de la muerte de los privados de libertad.
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