Por Javier Suazo
El Congreso de la República aprobó el reglamento al juicio político en Honduras, argumentando que es una recomendación de la Comisión de la Verdad. Por medio de esta figura o instrumento, se podrá destituir a un presidente democráticamente electo por el voto mayoritario del pueblo, tal como sucedió en la República del Paraguay. Tres causales son importantes: a) negligencia, incapacidad e incompetencia para ejercer el cargo; b) corrupción y ejercer actividades ilegales; c) lesiones al interés nacional o del Estado.
El proceso de Juicio Político recae en una comisión de nueve miembros nombrada por el Congrego de la República. En el caso que el enjuiciado sea el presidente de la República, éste solo será destituido si tres cuartas partes de los diputados del Congreso Nacional votan por ello. Se cree, erróneamente, que según la proyección de la votación de candidatos a diputados del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), los partidos tradicionales con ayuda de los votos de los diputados de la UD, PINU y DC, u otros partidos, pueden alcanzar e incluso superar el número de votos requeridos.
Esta figura política tiene varias debilidades. En primer lugar, los miembros del Congreso de la República se constituyeron en jueces, usurpando funciones de otro poder del Estado. En segundo lugar, los miembros del Congreso de la República ignoraron a organizaciones de sociedad civil, que son una expresión legítima del poder del pueblo soberano. En tercer lugar, el juicio político en el caso de la presidencia de la República, tiene dedicatoria: Xiomara Castro de Zelaya o Salvador Nasrralla, que según las encuestas tienen posibilidades de ganar la elección en noviembre próximo.
Pero, hay sin embargo, otro argumento muy poderoso del porque del juicio político en este último año del gobierno del humanismo cristiano. Este es: el desastre y la calamidad económica que dejará el gobierno al nuevo inquilino, que lo orillará a la ejecución de un programa de ajuste económico más drástico con la venia y condicionalidad de los Organismos Financieros Internacionales y la banca privada. Se trata de la vigencia de una política económica contraria a la que vienen promoviendo estos candidatos, en especial Xiomara Castro, con la Constituyente y la Refundación. Es más, desde ya, en el lenguaje del FMI, se habla de rescate financiero al estilo de Grecia.
En esos términos, al nuevo gobierno le tocará lidiar con un paciente muy enfermo, donde existe un único tratamiento: Más ajuste, o sea más paquetazos. Si el candidato electo presidente se sale de esta agenda, será declarado incapaz y potencial para ser enjuiciado; por el contrario, si profundiza el ajuste, será declarado también incapaz ya que el grado de insatisfacción de la población será mayor por el aumento del desempleo, inflación, devaluación, desequilibrio externo e incluso endeudamiento. En ambos casos, los costos son mayores que los beneficios, pero seguir con los paquetazos tendrá la venia del FMI, aunque el candidato o la candidata tome distancia de un planteamiento alternativo de política económica (léase: cero corrupción o socialismo democrático) al neoliberalismo monetarista vigente después del golpe de Estado en Honduras.
Es poco probable que tanto el partido LibRe como el PAC se salgan de la ruta trazada, es decir abandonar antes de tiempo el discurso político de refundación por un lado, y lucha frontal a la corrupción por el otro. No obstante, necesitan urgentemente avanzar en una propuesta de gobierno más detallada que enfrente los fuertes desequilibrios monetarios y financieros con el concurso de todos (urge un pacto social), audite el sobreendeudamiento de la economía hondureña, devuelva al pueblo su patrimonio (ahorro nacional), devuelva a SEFIN el manejo del presupuesto y castigue a los corruptos. Pero además abra espacios de desarrollo para el país y su gente, potenciando intervenciones y proyectos de empleo masivo, producción de alimentos y más apoyo a las pequeñas y microempresas, en especial a la pequeña economía familiar campesina liderada mayormente por mujeres.
Tegucigalpa, DC, 22 de marzo de 2013
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