El secretario adjunto de la Oficina de Estados Unidos de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, William Brownfield, ha hecho público el proyecto de reestructuración de la Policía Nacional de Honduras, prácticamente bajo la dirección, apoyo y control de Estados Unidos.
De acuerdo a lo explicado por este alto funcionario norteamericano, el proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras podría durar entre 5 y 10 años, dado el alto grado de penetración de elementos criminales, o por corrupción o por falta de competencia existente en la entidad.
Al pasar la vista sobre la forma en que se ha estructurado ese proyecto de depuración a largo plazo y de reestructuración de la policía hondureña, para lo cual el gobierno de Estados Unidos ha destinado hace poco 36 millones de dólares, queda claro el objetivo esencial, que es el combate al narcotráfico.
Asimismo, queda en evidencia el distanciamiento de este proyecto en lo relacionado con la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo responsable, el director general Juan Carlos (alias El Tigre) Bonilla, es objeto de una investigación sobre acusaciones de “comportamiento negativo”, a cargo de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la Subsecretaría de Estado de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental.
Eso indica, al parecer, la congelación de 10 u 11 millones de dólares del presupuesto de 36 millones de dólares aprobados por el congreso estadounidense, mientras concluye la investigación de la cúpula policial. “No vamos a trabajar con el director general –ha dicho Brownfield--, no tenemos relación con él, no ofrecemos ni un dólar, ni un centavo, y también hemos de eliminar el nivel inmediatamente abajo, los 20 oficiales o funcionarios que trabajan directamente con él”.
Esto significa, en términos reales, la decapitación de la entidad policial hondureña, en un proceso de depuración de arriba hacia abajo, en el que, según se explica, no se descuidan las tareas de reclutamiento, recapacitación, entrenamiento de toda la institución, que, como queda dicho, tardará muchos años.
La cuestión es que la policía nacional hondureña, con sus 15 a 16 mil miembros, queda sometida a un régimen en el que intervienen el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el campo de antipandillas, el Departamento Antidrogas (DEA) en lo relacionado con antinarcóticos y la nueva Fuerza de Tarea para Delitos Mayores, que trabaja con toda la policía de Estados Unidos.
También, explica Brownfield, hay una unidad dentro de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, conocida como Policía de Fronteras, que trabaja con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de Aduana y Protección Fronteriza.
Así, en síntesis, el estado del manejo policial en nuestro país, en el que, al decir del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, es la menos mala de las opciones, pues la otras son con la utilización de las Fuerzas Armadas, o, en su defecto, la defensa propia o Ley de la Selva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario