Por Gustavo Zelaya
Bien sabemos que en el ejercicio del periodismo, en especial cuando se espera que sean formadores de opinión pública, se requiere no sólo una sólida preparación técnica y académica, además, se necesita cultura general en muchos miembros de ese gremio, en donde hay grandes dosis de ignorancia y de arrogancia. Pero, sobre todo, precisan de un fuerte conocimiento teórico sobre principios éticos y una práctica efectiva, honesta, que permita asumir como propio algún sistema moral que los haga más responsables y veraces en su trabajo. En todo esto no hay ninguna novedad.
Por otro lado, para nadie es desconocido que en su gran parte los medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita están organizadas y funcionan en pos de una ganancia. Es decir, portan en su esencia un marcado sentido mercantil, necesitan inversión y contratos para enfrentar sus gastos de funcionamiento sea en planillas como en adquisición de tecnología; la participación de esos medios en las relaciones establecidas en el “mercado libre” no es muy diferente a cualquier otra mercancía. Alguien pone precios sin importar la calidad del producto. Las prácticas mercantiles aparecen también en el campo de las comunicaciones y en la circulación de las ideas. Tal situación ha dado paso a unas prácticas en donde se resaltan los elementos aparentes y menos importantes de la actividad social. Al menos esto es lo que ocurre en la prensa que se genera desde los medios de comunicación propiedad de sectores ligados al poder económico y político de Honduras: no desarrollan propuestas que funden opiniones bien cimentadas y se interesan más por la imagen, por lo superficial, evitando con plena consciencia y de acuerdo al interés del propietario del medio, tocar la raíz y la causa del atraso, de la inseguridad y del hambre. Sólo promueven las apariencias, lo superficial, y ahí se quedan.
Además, el acto brutal del golpe de Estado del 28 de junio modificó mucho más una serie de términos que han sido de uso común en el periodismo. Me refiero a las categorías de veracidad, compromiso social y objetividad informativa. Si bien antes de ese hecho corrupto se efectuaban tratos dudosos en ese gremio, la corrupción, el alquiler de la pluma, la actitud servil con el poder se volvió más descarada. Y ello se nota no sólo entre los profesionales del periodismo, también entre otros sujetos que les dicen “analistas independientes”, “orientadores de opinión”, que han hecho que la imparcialidad y la objetividad sean términos usados a conveniencia, cargados de relatividad y que sirven también como simple máscara para actuaciones cínicas.
Sin embargo, el mayor acto de corrupción practicado en la historia nacional como fue ese golpe de Estado, también puso al descubierto la contraparte, las excepciones, mostró que hay muchos y muchas comunicadoras y periodistas fuertemente comprometidos con la justicia y la información veraz. Por ese compromiso se mantienen al margen del flujo de dinero que se reparte desde el poder político y económico y tratan de mantener alguna independencia respecto a los intereses privados y oligárquicos para ubicarse cerca de las fuerzas democráticas que buscan generar ambientes más solidarios para todos los habitantes de nuestra Honduras.
Ahora se ha estado discutiendo sobre la necesidad de legislar para regular y, de ser posible, democratizar el acceso al espectro electromagnético. En ese intento han salido voces exclamando que es un ensayo gobiernista para limitar la libre expresión del pensamiento. Curiosamente los que protestan son los mismos que promovieron la censura golpista y el cierre de medios de comunicación que no se plegaron al golpe. Es probable que la Ley de Comunicaciones que se apruebe en el congreso sea manipulada y después revisada para modificarla y adecuarla a los intereses de los monopolios mediáticos; son tan poderosos que abiertamente instigaron la violencia de la ruptura constitucional. Esa mediatización de la ley es una posibilidad que está a la vuelta de la esquina.
Pero la coyuntura que se abre con esa nueva medida debe ser aprovechada para profundizar el debate sobre la soberanía que debe existir en las licencias otorgadas en las telecomunicaciones.
El control que tienen los grupos oligárquicos sobre las comunicaciones, televisión, medios impresos y radiofónicos, les ha hecho creer que son dueños de las frecuencias, que son propietarios absolutos de la comunicación, que son los medios autorizados para imponer y formar opinión, y que el resto de los mortales, los simples depositarios de sus análisis y de sus noticias, debemos ceñirnos a ese poder y aceptar como buena la desinformación con que nos manipulan y domestican. Ese monopolio ha hecho del periodismo y de las comunicaciones un negocio, una mercancía con la que se puede transar según sus caprichos y un poderoso instrumento para chantajear a los que detentan el poder político y obtener contratos, privilegios, acceso al presupuesto nacional y un escandaloso aumento de sus riquezas. Y en ese afán no distinguen fronteras ni leyes que puedan limitar su poderío. Todo puede ser atropellado.
Todo puede ser objeto de compra y venta hasta el grado de convertir los derechos a la libre expresión del pensamiento y de prensa en objetos comerciales, privados, controlados por los empresarios de la comunicación.
Es tan necesario lograr una democratización en el espectro radioelectrónico porque buena parte de los medios de comunicación masiva se han convertido en fomentadores de la incultura, la vulgaridad y la criminalidad. Sólo basta hacer una pequeña revisión de los contenidos y mensajes que divulgan para darnos cuenta cómo la conciencia popular ha sido penetrada con anuncios, programas y voces que incitan al consumismo, al gasto innecesario y a la violencia. Parece que el acceso real a la cultura depende de cerrar oídos y ojos a la radio y a la televisión. Ser cultos podría significar no acceder a esos medios. Y esto sólo es un aspecto de los efectos nocivos de ese monopolio, hay otros igual de graves como el hecho de acostumbrarnos a los hechos violentos y hacer creer que es algo natural la muerte, el robo, la impunidad, la corrupción, el despilfarro y las relaciones entre esos medios con los grandes negocios, con el chantaje y el lucro excesivo. Todos los actos violentos los muestran como algo normal.
Es de esperarse que los sicarios de la comunicación pongan en marcha todas más herramientas para desacreditar la ley que regula las comunicaciones y dirijan sus dardos venenosos contra los que han promovido esta discusión. Y es que están de por medio poderosos intereses, presentes y futuros negocios en donde se combinan banqueros, empresas farmacéuticas, jerarquías eclesiásticas, contratos con el Estado, en fin, una colusión de intereses vinculados directamente con los que financiaron, planificaron y ejecutaron el golpe de Estado.
Un dato final, que no es un pequeño grano de sal, para mostrar qué es lo que está en juego, qué tipo de intereses, de donde vienen la protesta y que empresas pueden sentirse afectadas. Según datos oficiales y dados a conocer por el Comité por la Libre Expresión las iglesias, entre evangélicas y católicas, tienen en su poder 38 frecuencias de radio en AM y 45 en FM; entre los dos grandes monopolios como ser Emisoras Unidas y Audio Video, controlan 53 frecuencias de AM y 31 en FM. Es bueno decir que en estas dos últimas empresas existen accionistas que participan en las juntas directivas de los dos negocios. Igual ocurre en la televisión. Es decir, las familias Andonie, Villeda, Ferrari, entre otros, son propietarios y accionistas de ambos consorcios radiales.
En el campo de los canales de televisión la iglesia católica tiene adjudicados 18 canales, VICATV opera 20 canales y tres empresas que funcionan bajo el mismo techo, que tienen los mismos dueños , como ser Telecadena, Canal 5 y Telesistema Hondureño tienen el control de 75 canales de televisión. Es decir, entre tres grandes conglomerados de la comunicación se manipulan 113 canales de televisión, de 136 que aparecen en los registros de C-Libre y que funcionan a nivel nacional. Todo esto permite entender la escala de molestia y de las rabietas que los empleados de estos medios han desprendido y siguen haciéndolo contra cualquier intento de democratizar el espectro radioelectrónico y estarán cualquier esfuerzo futuro por democratizar y lograr la soberanía nacional sobre las comunicaciones.
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