Diario Tiempo
El propósito gubernamental de aplicarle el 12% del ISV (impuesto sobre ventas) a varios productos de consumo esencial es calificado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) como un nuevo “paquetazo” tributario para la clase media.
De una lista superior a los 300 productos que forman la canasta básica familiar, la mitad aparece exonerada del pago del ISV, entre ellos los vegetales producidos en el país. Sin embargo, gran parte de estos artículos –carnes, lácteos, vegetales— de la dieta diaria de los hondureños es importada.
La aplicación del ISV (12%) a los alimentos de primera necesidad importados tendría un efecto desastroso en la población, cuyo 60% de la niñez padece de desnutrición en diversos grados. Esto es así porque el país no produce ni siquiera el 50% de los alimentos básicos para satisfacer la demanda interna.
En nuestro país la producción de alimentos ha seguido un proceso de desarticulación, iniciado con los granos básicos, a partir de la segunda mitad del siglo XX y acelerado en la década del 70 con el desmantelamiento de la red nacional de almacenamiento y la disminución del Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola.
Las consecuencias de esa política neoliberal de privatización, gestionada con entusiasmo en la administración Callejas Romero (N, 1990-1994) y continuada por inercia en los gobiernos siguientes, llegó al clímax en 2012 en que hubo que importar casi todos los comestibles, incluyendo el maíz, los frijoles, el arroz, la papa, y las legumbres.
Ese proceso de sustitución del alimento nacional por el importado continúa, a pesar de los esfuerzos aislados para impulsar la micro y pequeña agricultura con el apoyo de países cooperantes, en que destaca la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), China-Taiwán, Japón, y últimamente Brasil.
Independientemente de los problemas que podrían surgir de la incompatibilidad de la aplicación de este impuesto con los convenios de libre comercio regionales, la cuestión principal radica en la incapacidad del sistema para impulsar la seguridad alimentaria con la producción local, por lo menos en el tamaño y la velocidad requerida.
Para hacer posible ese tránsito a la seguridad alimentaria es indispensable una política agropecuaria integral, que exige la organización del mercado, la habilitación financiera para los medianos, pequeños y micro empresarios, y el acceso competitivo a los insumos importados, a la energía y la transportación.
Todo esto con la adecuada asistencia técnica, el desarrollo sostenido del crédito rural en su diversas modalidades y la adopción de formas asociativas de producción eficaces y reguladas en conformidad con la economía de mercado.
En las condiciones actuales, la aplicación del ISV del 12% a los alimentos básicos importados conduce a un mayor sufrimiento de la población, principalmente de la clase media y los estratos bajos, o sea el 90% de los hondureños, sin perspectiva de mejoramiento económico y social.
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