Hurgando en la Basura
Las alarmas están encendidas en el gobierno hondureño, luego de la presentación de la Ley Sobre Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras, que promueve ante el Senado de Estados Unidos, la suspensión de ayudas en materia de seguridad a favor de la administración de Juan Orlando Hernández.
La propuesta es impulsada por senadores demócratas, quienes exponen en sus argumentos que Juan Orlando Hernández ha participado en actividades criminales y ha usado a la institucionalidad del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas. Además, acusa al Gobierno de propiciar la corrupción y la violación a derechos humanos.
Esta situación motivó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, a desarrollar una reunión de emergencia en el Poder Legislativo, en la que emitieron líneas generales en torno a su actuación en el combate a la corrupción y narcotráfico.
Al finalizar la reunión comparecieron ante medios de comunicación, varios funcionarios mostraron nervios y preocupación ante los acontecimientos que se desprenden de Estados Unidos, además recurrieron a valoraciones poco sustentables para defender la gestión de Juan Orlando Hernández.
En un ejercicio por revelar las mentiras o verdades de funcionarios públicos involucrados en las acusaciones, Radio Progreso analizó el discurso del presidente Juan Orlando Hernández y del diputado nacionalista David Chávez, quienes recalcan que las acusaciones contra el Gobierno no tienen fundamento y se sostienen en chismes y difamaciones.
JOH: «Los Cachiros quieren venganza contra el Presidente, contra la institucionalidad que destruyó su imperio. Ellos encontraron una solución: la venganza, a través de la utilización de testigos falsos».
FALSO
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El documento presentado en el Senado norteamericano no solo cita los testimonios de la organización criminal “Los Cachiros”, sino a otros narcotraficantes confesos, quienes afirmaron que Hernández recibió sobornos del crimen organizado.
En tal sentido, la iniciativa de Ley se ampara en la postura de los fiscales en la condena de Antonio Hernández, hermano del Presidente, donde aseguraron que el presidente recibió cerca de 1.5 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas para financiar su campaña política en noviembre de 2013.
Además, tomaron como referencia la exposición de los fiscales en el juicio contra el narcotraficante Geovany Daniel Fuentes, quien denunció que Hernández recibió por lo menos 25 mil dólares en sobornos para proteger operaciones de narcotráfico en el país.
Finalmente se ampararon en la acusación del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quien comentó que Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
David Chávez: “Estos criminales no tienen pruebas contundentes, han mentido porque han sido perseguidos por la justicia hondureña. No podemos vivir de chismes.
FALSO
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Las acusaciones expuestas en la Ley no son fundamentadas en chismes, como lo aseguró el diputado nacionalista David Chávez, todo lo contrario, los senadores enfatizaron que el Gobierno de Estados Unidos tiene pruebas contundentes que sostienen la participación de Hernández en el crimen organizado.
Asimismo, la Fiscalía norteamericana tiene en sus manos pruebas que complementan el testimonio del narcotraficante Geovanny Daniel Fuentes, quien manifestó que Hernández aceptó dinero del narcotráfico a cambio de proteger sus operaciones.
La Fiscalía también presentó un documento con pruebas sobre la colaboración de Hernández en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La diputada de oposición Doris Gutiérrez manifestó que en el Gobierno hay preocupación, por eso cree que recurrieron al montaje: “es evidente que quieren defender lo indefendible, ellos tienen problema con la justicia norteamericana y deberán rendir cuentas cuando dejen el poder”.
Gutiérrez consideró que la ciudadanía y fuerzas de oposición deben unirse para seguir reclamando justicia en torno a las acusaciones criminales que se desprenden de Estados Unidos no solo contra Juan Orlando Hernández, sino contra varios funcionarios del Estado.
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