Radio Progreso
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras, conocida como Ley Merkley, es promovida por senadores demócratas y busca la suspensión de cierta ayuda estadounidense al país, hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia.
El martes, el senador Jeff Merkley, de Oregon, presentó el proyecto de ley que buscaría aislar a Hernández, quien en los últimos años se ha apoyado fuertemente en su respaldo dentro del gobierno de Estados Unidos cuando enfrenta oposición interna y es acusado de tener conexiones con narcotraficantes por parte de fiscales estadounidenses.
Este proyecto de ley deja en claro que abordar la migración desde Honduras será imposible si Estados Unidos continúa apoyando al presidente, Juan Orlando Hernández, y las fuerzas de seguridad.
José Artiga de la Fundación SHARE de Estados Unidos dijo en Radio Progreso que dicha ley demuestra que la nueva administración de Casa Blanca está condenando la corrupción y las violaciones a derechos humanos que ahora es la principal causa de la expulsión de miles de hondureño y hondureñas. Cree que es momento que el gobierno de JOH rinda cuenta por sus acciones.
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras hace énfasis en la violencia y los abusos perpetrados desde el golpe de Estado respaldado por los militares el año 2009, como resultado de la colusión generalizada entre funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales.
El abogado Joaquín Mejía, experto en Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, manifestó en Radio Progreso que la propuesta de Ley es un golpe político a la administración de Juan Orlando Hernández y un grito de que en Estados Unidos se cansaron de sus abusos como dictador, y que sus días podrían estar contados.
Mejía dijo que en los siguientes meses podrían venir el congelamiento de bienes a JOH, sus funcionarios y familia, cancelación de visas y paralización de la ayuda que llega al país.
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