Defensores en Línea
Por Sandra Rodríguez
En la delegación policial de Trujillo, permaneran privadas de libertad las lideresas garífunas y defensoras del territorio Jennifer Mejía Solórzano (37) y Marianela Mejía Solórzano (31), acusadas por el supuesto delito de usurpación, daños y perjuicios.
Anoche la Policía Nacional capturó a las hermanas Mejía Solórzano integrantes de la organización garífuna Cristales y Río Negro, en Trujillo, departamento de Colón, donde son reconocidas por su labor de defensoría. Jennifer además es docente y precandidata a diputada por el partido de oposición Libertad y Refundación (LibRe).
A las defensoras se les privó de libertad porque había dos órdenes de captura pendientes, según informó la policía. Entonces –explicó la abogada defensora Kimberly Andino- por el expediente #23-2020 donde son acusadas por los supuestos delitos de usurpación, daños y amenazas se les dictó prisión preventiva. El próximo domingo 7 de marzo a las 9:00 a.m. será la audiencia inicial, pese a que el juez tuvo conocimiento de suficiente arraigo y constancia que ellas son defensoras de los territorios.
Mientras que el caso # 020-2021, el juez consideró las medidas sustitutivas a la prisión en favor de Jennifer Mejía Solórzano, por los supuestos delitos de Usurpación, Robo con violencia o intimidación en perjuicio de Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Herrera Rivas.
A Jennifer se le permitió las medidas en este caso, y la audiencia será el mismo domingo a la 1:00 p.m. El juez consideró que la defensora no presenta peligro de fuga, pero está privada de libertad junto a Marianela, por decisión de él mismo, evidenciando que esta es una detención arbitraria, afirmó la lideresa sindical Esly Banegas.
La decisión de dejarlar en las celdas policiales de Trujillo, se tomó en horas de la tarde de este miércoles 4 de marzo, afirmó a Defensores en Línea, Esly Benegas. Antes se había ordenado enviarlas al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro.
En marzo del año pasado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.
En Honduras no se ha controlado el contagio por la pandemia, al contrario, los casos muestran aumento, y los centros penitenciarios sin focos de contagio. “…existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró Bachelet.
Agregó que, en muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles.
En el caso de las defensoras garífunas, irían a la cárcel de Olanchito, porque es una prisión de las más vacías, dijo la abogada Andino. En ese mismo lugar están encarcelados siete presos políticos defensores de los bienes comunes del río Guapinol y río San Pedro jurisdicción de Tocoa.
Jennifer y Marianela están afectadas por todo lo que les ha sucedido desde anoche cuando la policía las capturó entre los municipios de Santa Fe y Trujillo. Después fueron llevadas al juzgado de Tocoa y esta mañana las retornaron a Trujillo, donde fueron exhibidas ante los Tribunales. Mientras un grupo de pobladores, familiares y compañeros mantuvieron todo el día un platón exigiendo justicia para ellas y que no las enviaran a Olanchito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario