Estrategia
Por Jimena Montoya *
¿Qué herramientas de comunicación tienen los sectores populares hoy en sus manos?
Entre junio y noviembre de 2020 el Grupo de Trabajo de Comunicación de las Jornadas Utopías o Distopías: Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital se reunió sostenidamente cada 15 días. A partir de las preguntas ¿Qué sucede? ¿Qué queremos que suceda?, un colectivo heterogéneo conformado por periodistas, trabajadores, referentes de medios y organizaciones comunitarias, profesionales, docentes universitarios y centros de estudio de Uruguay, Argentina, Brasil, Panamá y Chile, se adentraron en debates respecto del impacto de la digitalización en el ámbito de la Comunicación.
Abrieron varios interrogantes, asomaron algunas respuestas y plantearon líneas para considerar. A continuación, una breve síntesis del proceso.
Como punto de partida, se estableció un piso común: el ejercicio de la comunicación con un sentido político, como herramienta estratégica para apuntalar procesos organizativos, luchas populares y construcciones simbólicas; y el entendimiento de que es allí donde se juega nada más y nada menos que las construcciones simbólicas que le dan sentido a lo que pasa y son disparadoras para pensar en otros mundos posibles.
A la luz del devenir histórico nos vemos atravesando una nueva revolución tecnológica que, profundizada por la pandemia, impacta en todos los aspectos de nuestras vidas como una nueva fase de perfeccionamiento de los modos de acumular. También nos encontramos en medio de una disputa entre grupos de capitales fagocitándose entre sí para lograr mejores condiciones para ello, en una tendencia concentradora, que parece no tener fin.
En el uso y abuso de las plataformas digitales para instalar nuevas formas de consumo (que abarcan el entretenimiento y la comunicación, pero también desbordan hacia la comercialización, las finanzas, entre otros usos masivos), los usuarios son el producto. La información y los datos que de esos usos se extraen, acrecientan las posibilidades de extraer valor, pero también formas de ejercer control.
Mientras el sistema resuelve sus crisis revolucionando las maneras de conocer para producir más, una nueva masa de desempleados con saberes obsoletos ingresa al mundo de los excluidos, el trabajo se complejiza, se privatizan los saberes y se limitan cada vez más los accesos. Nada de esto sería posible sin un sistema de control y disciplinamiento.
Entre 2019 y 2020 asistimos a varios estallidos sociales (Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos) como un modo de desborde y resistencia a esta realidad y también experimentamos ascensos neoconservadores como el Golpe de Estado en Bolivia, o la instalación de gobiernos de derecha en Brasil y en Uruguay.
En el análisis de ese contexto es que aparece la pregunta por las herramientas de comunicación que tienen los sectores populares hoy en sus manos y la manera en que afrontan las transformaciones vertiginosas de esta era. ¿Cómo afecta a los medios existentes este proceso de digitalización, qué sucede respecto de las infraestructuras la producción de contenidos y su circulación?
De la convicción respecto de los postulados de la Comunicación Popular surgió la siguiente afirmación: “tenemos que insistir en ser capaces de producir contenidos con calidad desde los sectores populares y para los sectores populares”.
El desafío es, a través del fortalecimiento del trabajo en red y de la ampliación de la cobertura temática, acceder a un público más amplio, para salir de las llamadas burbujas de conversación, donde las propias agendas no alcanzan más allá del grupo que habla y piensa parecido.
¿Pero dónde se produce gran parte de los mensajes y los contenidos que se consumen hoy?
A modo de ejemplo: Facebook (empresa que hoy es dueña también de Instagram y Whats App) tiene más habitantes que cualquier país (2.603 millones de usuarios activos en el mundo en abril de este año). Gran parte de los sentidos y las imágenes construidas sobre el mundo circulan por esta vía.
Urge entonces pensar el acceso y la intervención de los sectores populares en esos espacios y la manera de apropiarse de estas herramientas, si el objetivo es incidir. Es fundamental en este sentido el análisis de los contenidos que allí circulan y la promoción de la participación de los más amplios segmentos sociales no solamente en el consumo sino también en su producción.
La radio y TV locales pueden amplificarse mediante el uso de plataformas digitales (podcast, streaming, etc). Lo importante es lograr canales de expresión e información de fuentes cercanas y confiables para los sectores populares. Un instrumento valioso para esa comunicación desde lo local es la Televisión Digital Abierta.
“Quienes participamos de espacios comunicacionales –dice el documento elaborado en el seno del Gurpo de Trabajo- debemos articular iniciativas que permitan hacer crecer en número nuestra presencia en ese ámbito aprendiendo a movilizarnos en el espacio digital”.
Colonialismo de las Infraestructuras y los contenidos
La infraestructura de telecomunicaciones es fundamental a la hora de definir factores que van desde la igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación, hasta el nivel de desarrollo de iniciativas innovadoras y emprendedoras en las áreas de las políticas públicas y la participación ciudadana.
La región tiene un 67% de la población conectada a internet. La mayoría de los países registran una penetración superior al 60% en áreas urbanas. Pero, la penetración del servicio no es equivalente a la calidad de conexión. Las empresas operadoras de telecomunicación, cuando venden servicios de internet domiciliaria o internet móvil, no están obligadas a especificar nivel de calidad del servicio. En este contexto, la ineficiencia de origen que registra el régimen regulatorio ha profundizado la crisis que generó la pandemia.
Tal como lo afirma Rosa Miriam de Elizalde, América Latina y el Caribe opera en un espacio digital que está colonizado. En 2018 la Cepal indicaba que “el 80 por ciento de la información electrónica de la región pasa por algún nodo administrado directa o indirectamente por Estados Unidos, fundamentalmente por el llamado “NAP de las Américas” en Miami y se calcula que entre un 70 y un 80 por ciento de los datos que intercambian internamente los países latinoamericanos y caribeños, también van a ciudades estadounidenses, donde se ubican la mayor parte de los servidores raíces que conforman el código maestro de la Internet”.
En términos generales puede decirse que la región aún carece de infraestructura y desarrollos tecnológicos propios capaces de garantizar intercambios soberanos. La situación es similar si se habla de contenidos: El número de personas que son usuarios de la Red en la región asciende a casi 440 millones, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 2019. La región es “líder en presencia de internautas en las redes sociales” , pero “la más atrasada en la producción de contenidos locales” . Corresponde la pregunta entonces no sólo por el acceso y el consumo (qué, cómo y cuándo) sino por la producción.
Aún no hay, a nivel regional un canal propio de fibra óptica – afirma De Elizalde- ni una «estrategia sistémica o marco jurídico homogéneo» que permita minimizar el control estadounidense en la región, asegurar que el tráfico de la red se intercambie entre países vecinos, fomentar el uso de tecnologías que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones, preservar los recursos humanos en la región y/o suprimir obstáculos a la comercialización de los instrumentos, contenidos y servicios digitales producidos en América Latina y el Caribe.
El condicionamiento que hay para las democracias depende de estas cuestiones. Si el territorio digital es la plataforma de tránsito global de datos de la vida cotidiana de los pueblos: ¿Cómo van a ser las plataformas? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Como es la representatividad en el gobierno de las plataformas del pueblo, los estados y las empresas? ¿A quién delegamos la construcción y circulación de imágenes que median nuestra mirada de la realidad.
Algunas consideraciones propositivas
A sabiendas de que la disputa es con el mercado, desde el Grupo de Trabajo de Comunicación se plantea la necesidad de actuar ante estos problemas desde diferentes ámbitos de incidencia: la organización ciudadana y comunitaria, el estado y los ámbitos multilaterales.
El Estado debe garantizar el acceso a internet como un Derecho Humano. Sin su mediación, se hace imposible redistribuir los recursos públicos con el fin de apuntalar el desarrollo de un concierto mediático plural y diverso. Urge avanzar en legislaciones que garanticen accesos, resguarden derechos y promuevan la producción local de contenidos.
Las políticas públicas orientadas a la regulación de los servicios son determinantes a la hora de asegurar la universalidad y la interconexión de las redes. Las leyes deben limitar no sólo la concentración de medios (en manos foráneas o nacionales) sino apoyar activamente la diversidad en la propiedad y los contenidos y fomentar la Comunicación Popular.
De igual manera, es necesaria la inversión en tecnología y educación, para garantizar que infraestructuras, herramientas y conocimiento, estén al servicio de la producción para el bien común y la formación de usuarios activos y críticos.
En ese camino es importante la participación articulada entre estado y comunidad. Pensar modelos mixtos, basados en alianzas público-comunitarias para la construcción de redes, la garantía de los accesos y la gestión y que las políticas públicas apoyen y refuercen los proyectos comunitarios de internet. También debatir la propiedad y el manejo del transporte de la red y ampliar las redes satelitales estatales.
La integración regional, tanto a nivel de estados, como de pueblos, es un aspecto estratégico para el logro de los objetivos mencionados. Tanto para la producción como para la difusión y el acceso a contenidos es necesario lograr estándares tecnológicos comunes y también agendas compartidas.
En los ámbitos multilaterales es necesario fortalecer la participación ciudadana y establecer formas democráticas de gobernanza y de regulación de internet.
Hacia el final de estos procesos de reflexión –que deben profundizarse- aparece nuevamente el lugar desde donde se partió: No debe pensarse en ninguna de las dimensiones planteadas de manera aislada de un proyecto político, social y económico.
*Licenciada en Comunicación Social. Integra el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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