jueves, 14 de enero de 2021

Articularse, reto del movimiento ambientalista para 2021

Radio Progreso


Organizaciones del departamento de Colón en defensa de los ambientalistas de Guapinol.

A pesar del confinamiento que paralizó al mundo durante el 2020, Honduras siguió siendo un país extremadamente peligroso para defender el territorio y los derechos humanos. Para el ambientalista Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), fue un año difícil porque se acentuaron las políticas de represión de parte del gobierno hacia el movimiento ambiental, además, el contexto de la pandemia fue aprovechado para favorecer al menos con dos leyes o instrumentos legales a las empresas mineras.

Por ejemplo, en el PCM 030-2020, se le dio privilegio a las empresas para que puedan hacer sus trámites vía electrónica, y que no tuvieran contratiempos para hacer los mismos de manera presencial. Al cierre del año, el Congreso Nacional aprobó una nueva disposición que reduce el pago de impuestos a las empresas mineras. Además de toda la represión a la ciudadanía que lucha y defiende los bienes comunes de la naturaleza. Eso demuestra que no hemos avanzado en la protección del ambiente y en la defensa de los derechos humanos en el país.

Lara expresa que el 2020 fue extremadamente difícil. En el occidente las comunidades de Azacualpa, La Unión en Copán, y las comunidades indígenas de los departamentos de La Paz, Intibucá y Santa Bárbara no pararon de luchar contra la industria extractiva. En el norte, las comunidades del sector Guapinol, fueron duramente perseguidas por la justicia que se parcializa a favor de los empresarios. El sur no dejó de ser peligroso para defender el territorio, la industria extractiva y de monocultivos persiguió a los defensores y defensoras, recuerda el ambientalista.

“Se busca mandar un mensaje al movimiento ambientalista, a los defensores de derechos humanos, que mejor se retiren de las luchas, porque al final los van a criminalizar. Pero no lo están logrando porque la gente está decidida a ir a la cárcel e incluso a ofrendar su vida por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza”, apunta.

2021 no será diferente

Ramiro Lara está convencido que el año 2021 no será nada diferente porque el contexto de la pandemia todavía tiene restricciones de movilidad y seguimos con probabilidades que se vuelva un confinamiento. Lo que es un factor que influye mucho en la defensa del territorio, porque la gente no tiene la libertad de movilizarse. Sin embargo, las empresas siguen trabajando.

El ambientalista cree que el contexto político electoral vuelve al 2021 en un año extremadamente peligroso, porque quiérase o no, la gente se distrae en las campañas políticas. Frente a toda esta realidad se esperaría que la gente defensora de derechos humanos y el ambiente se mantengan vigilantes de los temas importantes y que además los pueda colocar en la agenda de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.

Lara opina que la coyuntura política debe ser aprovechada para que las comunidades obliguen a que los candidatos y candidatas se comprometan en favor de la defensa del ambiente. “Lo que se recomendaría a las comunidades, es  que sienten a sus candidatos y candidatas a comprometerse en la protección de sus bienes comunes,  en la protección de los Derechos Humanos”.

 Escazú: la gran deuda de Honduras

El Acuerdo de Escazú es considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Honduras está dentro de los países que aprobaron el Acuerdo, pero, hace falta que el titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández, lo firme y envíe al Congreso Nacional para aprobar y ratificar.

Ramiro Lara opina que, aunque Honduras no lo haya ratificado no significa que el acuerdo no entra en vigencia y de alguna manera el gobierno está en la obligación de firmarlo en algún momento. Considera necesario que el movimiento social de a conocer estos instrumentos para que las comunidades se apropien y así argumenten a través de ese acuerdo ante las autoridades correspondientes.

El ambientalista finaliza diciendo que el gran reto para este nuevo año es el construir y fortalecer una alianza amplia con todos los sectores que defienden los bienes naturales para hacerle frente a la amenaza extractiva.

“Hace falta que demos ese paso para juntarnos, encontrar objetivos y estrategias comunes. Es deseable conformar una alianza e identifiquemos aquellos aspectos estratégicos, entre ellos el abordaje del marco legal relacionado con el ambiente para derogar las leyes que son nocivas para la población. De lo contrario, estaremos inmersos en una problemática de defensa de derechos y defensa del”, expresa.

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