Por Riccy Ponce
El 2020 terminó, pero deja el país convertido en un caos en materia de corrupción, de derechos humanos y, sobre todo, un país enlutado debido a la pandemia del coronavirus y los fenómenos naturales como lo fueron las tormentas tropicales Eta y Iota que terminaron por agudizar la crisis que ya existía en el país y sobre todo estos acontecimientos vinieron a desnudar más la corrupción y la dictadura en la que Honduras se encuentra sumergida.
Con la llegada del Covid-19 al país el régimen suspendió las garantías constitucionales para evitar la propagación del virus a nivel nacional, sin tomar las medidas necesarias para que la población se mantuviera en sus casas con comida y salud, ya que la mayoría vive del trabajo diario, y eso dio paso a las violaciones a los derechos humanos y para callar las demandas de la población el régimen recurrió como es su costumbre a la represión.
Para la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, el 2020 ha sido un año trágico en la mayoría de todos los temas, pero sobre todo en materia de derechos humanos.
“El 2020 ha sido un año trágico casi en la mayoría de los temas, en tema ambiental, en el tema que desde principio de año nos agarró como es la pandemia del Covid-19, luego el problema de la Eta e Iota, pero sobre todo en materia de derechos humanos, todo esto tiene que ver con camuflaje de graves violaciones a los derechos colectivos ciudadanos”.
Oliva señaló que Honduras ante la pandemia se preparó para dar respuesta militar y no a la respuesta sanitaria que se requería, ante la magnitud de la pandemia por la que Honduras y el mundo enfrentaban.
“Desde marzo cuando se suspenden las garantías ciudadanas, era clarísimo que las respuestas a un problema mundial y que por lo tanto Honduras no iba a ser la excepción, pero en el país se prepararon para dar respuesta militar a un problema de salud pública, allí se marcó lo que se vendría desarrollando durante todo el año, porque era habilitar y darles carnet, licencia a las Fuerzas Armadas para violar los derechos humanos de las distintas formas que ellos quisieran”.
“Eso nos colocó en un escenario muy diferente a lo que estábamos habitualmente acostumbrados, porque en medio de eso se aprueba en el Congreso Nacional una ley donde se asigna presupuesto a las Fuerzas Armadas para que se conviertan en agroindustriales, o sea que desplacen al campesino y a la campesina que son los que por historia y por tradición han manejado el cultivo han manejado”, añadió.
La defensora de derechos humanos expresó que esos elementos a nosotros nos ponen en alerta porque estábamos clarísimas que había una envestida al ciudadano y ciudadana común y corriente, que iba a reclamar la determinación de encerrarnos por el tema del Covid-19, sin ninguna medida preventiva para cubrir las necesidades básicas de la población, y al no tener eso la gente por mucho que se impusiera un decreto de suspensión de garantías tenía que salir en masa a pedir comida, a demandar alimentos, a demandar salud y en aquel momento era hasta demandar un vaso con agua, porque en ese momento que se suspenden las garantías por lo del Covi-19, había una tremenda iliquidez sobre el preciado líquido que era el agua”.
Asimismo, agregó que “eso nos hace pensar que estábamos ante una estrategia que se da a lo exterior, que se vende como una medida preventiva la suspensión de las garantías para evitar el contagio y así preservar la vida, pero a lo interno lo que teníamos era una violación constante de derechos humanos, por el clamor, el grito y el hambre”.
La coordinadora del COFADEH señaló que, en el contexto de reclamación de alimentos, lo primero que resurgió fueron las desapariciones forzadas a nivel nacional.
“Lo primero que nos sacudió la vida es de nuevo la implementación y la reactivación de escuadrones de la muerte para las desapariciones forzadas; la figura de desaparición forzada no solo se estaba generando en Tegucigalpa si no que era donde se lucían los retenes militares para que la gente no circulara, y esos desaparecidos y desaparecidas se dan en el marco del control de la plaza pública de las fuerzas militares o sea en medio de la militarización a nivel nacional.
“Estamos de nuevo en la práctica de desaparición forzada, la que nosotros habíamos luchado y que creíamos que estaba superada, pero ha habido personas desaparecidas en Tegucigalpa, Santa Bárbara, San Pedro Sula y en todas partes del país. Y miramos también casi como que se estaba utilizando un mismo patrón y dirección, pero aparte de eso nuestro monitoreo nos estaba reflejando los asesinatos de personas a nivel nacional, y por eventos de la Policía Militar del Orden Público se dieron en Olancho, en el norte, en todas partes”, sostuvo.
Agregó que la dictadura no cambia su actuación, ya que la reclamación social y la demanda ciudadana la callan con la represión social y militar, es decir, que militarmente dan respuesta y el hambre lo acallaron a través de la militarización.
Oliva es del criterio que en este cierre de año la gente ha ido perdiendo el interés, producto de la falta de respuesta estatal y que de paso el pueblo perdió la esperanza y que gradualmente se ha ido perdiendo la solidaridad en el país.
La reconocida defensora dijo a defensoresenlinea.com que el 2020 fue un año trágico en materia de derechos humanos en el país.
“En materia de derechos humanos debo decir que es trágico y no es cierto que han reducido estadísticamente las violaciones a los derechos humanos, lo que ha habido es una política de estado de ocultamiento de las violaciones a derechos humanos, que eso también es trágico porque la mayoría de la gente cree en los datos que se están dando a través de los medios corporativos, quienes juegan la función a fomentar también las prácticas de violaciones a los derechos humanos, ocultando las realidades, porque obedecen a una estrategia que es parte de la política de estado”.
Señaló que otra de las graves situaciones que enfrenta Honduras es que las instituciones que se han creado para la protección y prevención para los derechos humanos no lo son, y más bien son instituciones políticas partidarias de activistas, en este caso del Partido Nacional, que obedecen a la lógica de la dictadura y de su partido y no a la lógica de la problemática que se enfrenta actualmente en temas de derechos humanos.
“Tenemos el nombramiento fraudulento e ilegal de la nueva comisionada de derechos humanos”, agregó.
Al consultarle que es lo que le depara a Honduras en este 2021, Oliva expresó que “para nosotros ver el pasado es una obligación, para mirarnos como estamos en el presente, pero sobre todo para mirarnos a futuro, yo creo que el 2021 lo que nosotros esperamos es que la tragedia nacional en materia de derechos humanos cambie drásticamente, eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos, lo que queremos y eso es lo que exigimos y demandamos”.
“Pero consientes de la realidad, sabemos que el 2021 va ser más trágico que el actual, porque van a ver elecciones internas, luego vendrán las propuestas de las campañas políticas para las elecciones generales, y siempre en otros momentos en este periodo y en otros tiempos hay crisis y no digamos ahora que hay un descontrol absoluto y que no hay respeto ni interés de generar cambios”.
Oliva añadió que estoy casi convencida que ni promesas van hacer, ellos ya crearon el nivel de desencanto, el nivel de pobreza que hay en la población y van a jugar al hambre de la población.
Este 2020 cierra con desapariciones forzadas, con ejecuciones de líderes, de reconocidos defensores de tierra, territorio y ambiente, con encarcelamientos de defensores de derechos humanos, de defensores de tierra y territorio, con amenazas a liderazgos sociales a nivel nacional, y esa figura de la desaparición forzada debe preocuparnos a todos y a todas, ya que en el año cerramos con 17 desapariciones forzadas”, finalizó.
En un monitoreo constante por el COFADEH se comprobó que la suspensión de garantías constitucionales elevó de manera sorprendente las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos represores del estado que reprimieron al pueblo, que demandaba que se le suplieran las necesidades básicas, dejando a varias personas con golpes severos en distintos sectores del país.
En otros casos de graves violaciones a los derechos humanos fueron los asesinatos de ciudadanos a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional (PN) como es el caso de Marvin Alvarado asesinado por la PMOP en el mes de abril a tan solo un mes de haberse suspendido las garantías constitucionales; el caso de Rinel Argueta asesinado por la Policía Nacional y elementos COBRAS en San Esteban, Olancho, y también el caso del señor Rufino Portillo, de 74 años de edad, que fue detenido por elementos de la Policía Nacional y horas después fue entregado muerto a sus familiares, con signos de tortura, en una comunidad del departamento de Santa Bárbara.
Así como estos casos hay muchas personas a nivel nacional que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Cabe mencionar que este año 2020 cerró con alrededor de 17 personas desaparecidas, esto estando en vigencia la suspensión de garantías constitucionales, según Decreto Presidencial PCM 021-202, impuesto desde el 17 de marzo pasado.
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