Radio Progreso
Varias organizaciones campesinas y defensoras de los Derechos Humanos desarrollaron hoy un plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa.
El matrimonio entre gobierno, empresarios y terratenientes, es el responsable de la muerte del líder campesino y defensor de los bienes comunes, Félix Vásquez, quien fue asesinado por sujetos armados en su casa de habitación en la aldea El Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz.
Así lo denunció en Radio Progreso, el Coordinador General del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, Milpah, Felipe Benítez, quien además aseguró que hace unos meses Félix Vásquez denunció ante las autoridades correspondientes que era víctima de amenazas a muerte junto a su familia.
Plantón por justicia
Varias organizaciones campesinas y defensoras de los Derechos Humanos desarrollaron hoy un plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa demandando justicia y un cese a la persecución y criminalización.
“Es una barbarie la que se está viviendo en el campo. Cada día estamos en una impunidad en este país. Nos hemos cansado de denunciar a esta institucionalidad que no responde a los derechos humanos de los defensores de la tierra y los territorios”, dijo en Radio Progreso Wendy Cruz de Vía Campesina.
Señaló que Félix Vásquez es un reconocido líder indígena, incansable luchador de los Derechos Humanos de los indígenas de este país. “Es un patrón que están marcando porque lo fueron a matar a la casa así como asesinaron a Berta Cáceres. Es triste porque sus hijos y sus nietos quedan desamparados”, lamentó Cruz.
El asesinato de Félix Vásquez se registró a las 9:00 de la noche del pasado sábado, cuando cuatro hombres vestidos de pantalón moteado, pasamontaña, burros y camisa negra, ingresaron a la casa de quien era el Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, en La Paz y Coordinador del Consejo Indígena Lenca en Defensa de los Territorios.
“Estamos exigiendo que se castigue a los verdaderos culpables que mandaron a asesinar a Félix Vásquez, no puede ser que sigamos solamente denunciando y que la institucionalidad no responda a los defensores de la tierra y los territorios”, dijo Wendy Cruz.
Según la organización internacional Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas, por el simple hecho de oponerse a las represas, las minas o la tala del bosque, y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo.
Alto a la criminalización
Desde el 16 de diciembre hay otros dos indígenas de La Paz privados de su libertad. “El Ministerio Público debe parar esta criminalización. Son acusaciones infundadas. El único delito por lo que están presos es por el delito de desplazamiento forzado que fue creado para una finalidad de aplicárselo a personas que participan de delitos de crimen organizado”, dijo en Radio Progreso el abogado Eddy Tábora, defensor de los Derechos Humanos.
Manifestó que una de las principales demandas al Ministerio Público es que proceda de manera responsable con las investigaciones correspondientes pero que también que ponga un alto a la criminalización.
“También estamos exigiendo que el Poder Judicial en La Paz pueda señalar la audiencia de revisión de medidas para que los compañeros que están privados de libertad, por medio de esa audiencia, puedan salir en libertad”, manifestó Tábora.
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