Por Sandra Rodríguez
El año 2020 mantuvo en distanciamiento social y emergencia a los integrantes de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos, pero no cesó la persecución, estigma y ataques contra sus vidas, por lo que el trabajo de acompañamiento denuncia y documentación continua ante la emergencia sanitaria derivabada por el Covid-19.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) permanece atento a las acciones que realizan la Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso (Red-Oriente), Defensores Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH), Red de Defensores/as de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira) y la Red de Defensores/as de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHILPaz).
Desde marzo de 2020 cuando inició el toque de queda mediante decreto Ejecutivo PCM 021-2020, y con ello la militarización total del país, el COFADEH mantiene un monitoreo permanente sobre la situación de violación a derechos humanos durante la incontrolable pandemia, para lo que el trabajo de las redes ha sido importante, ya sea de manera virtual y con algunos grupos se pudo realizar reuniones presenciales finales de año, donde se analizó el contexto local especialmente pasadas las tormentas Eta e Iota, que afectó a más de cuatro millones de habitantes en noviembre.
El trabajo que se ha venido haciendo en los años anteriores es lo que ha permitido que las redes se mantengan activas y puedan entender la dimensión del problema que enfrentamos en el mundo, y Honduras no es la excepción, afirmó Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH.
Oficialmente, en 10 meses el Coronavirus que surgió en China, afectó a más de 131,009 personas y fallecieron 3,320, entre ellos el compañero de la Red de El Paraíso, Agustín Díaz. Pero esta cifra puede ser irreal, ya que muchas personas se contagiaron sin tener acceso a atención médica, pruebas rápidas o tratamiento médico oportuno, como lo relató la REDEHSUR, logrando superar el virus con medicinas naturales.
Oliva añadió que, al no estar preparadas para hacerle frente al Coronavirus, obligó al COFADEH a repensar el trabajo y también repensar en Hondura. Nación que ha sido nuevamente saqueada por el régimen de Juan Orlando Hernández, aprovechándose de la emergencia sanitaria y haciendo que el pueblo pregunte ¿Dónde está el dinero? Más de 100 mil millones de lempiras supuestamente destinados para hacerle frente al Covid-19 y el dengue, desde hace un año.
“El trabajo ha valido la pena, agregó la defensora- hay miembros que han sufrido embates, hostilidad, persecución y detenciones ilegales y arbitrarias. [También] hay beneficiarios con casos que hemos presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, víctimas de estigma, judicialización, persecución y amenazas a muerte”.
Como COFADEH no podemos obviar que hemos enfrentado situaciones difíciles, los ataques que se han dado no puedo calificarlos como incidentes –agregó la defensora- y eso no deja de tener algún nivel de preocupación.
He llegado a la conclusión que quienes defendemos derechos, los defensores y defensoras de derechos humanos sabemos perfectamente que estamos trabajando ante un sistema de injusticia y eso es lo que nos ha hecho más fuerte porque somos capaces de reconocer que el tema de impartición de justicia no es a medias: es o no es.
Y la redes en diferentes partes del país se han apropiado de los derechos y no ha sido en vano nuestra labor, declaró Berta Oliva, al referirse más de un centenar de defensores y defensoras que el COFADEH ha formado en materia de derechos humanos.
Al finalizar el año 2020 se dio la detención de defensores de derechos humanos como Hermín López (liberado) y Víctor Vásquez (privado de libertad); además cuatro desconocidos asesinaron líder indígena y dirigente campesin Félix Vásquez, secretario general del Unión de Trabajadores del Campo- La Paz (UTC- La Paz), todos estos hechos se registraron en el departamento de La Paz, al centro-occidente del país, dónde está presente la Redhil-Paz.
Berta Oliva: Las personas que conocen sus derechos humanos, cuando son atropellados no se sujetan a la obediencia debida de los violadores, eso es muy importante porque dejan plasmadas sus ideas y ella no quiere a ningún defensor miembro de las redes que se preparen mentalmente para ofrendar la vida.
“COFADEH no quiere más mártires, suficientes con los que tenemos desde nuestro inicio (en la década de 1980) en la lucha por la verdad y la justicia. Lo que sí queremos es una Honduras libre, con derecho y apropiación de los mismos”.
Nuevo pacto social
Berta Oliva espera que en un futuro no muy lejano “podamos luchar colectivamente para que reclamemos un nuevo pacto social que propicie muchos avances y gesta leyes que sean acobijadas por él mismo”.
Se refiere a un nuevo pacto social, porque el actual es de conocimiento público que lo han violado y acomodado de tal forma que, los que exigen y conocen sus derechos humanos temen que se obtenga el mismo resultado que responde a un sistema diseñado para fortalecer la impunidad y no solo en materia de derechos humanos cuando es atacada una persona o una comunidad, sino para darle rienda suelta al tema de la corrupción que trae implícita la violación de los derechos humanos.
“Porque un país que tiene como metodología y por principio cometer actos de corrupción desde el Estado, somete a la población y su gente a la violación de los derechos humanos y con esa misma fuerza cuando exigimos un ¡no más impunidad! Debemos exigir ¡basta a la corrupción estatal! Y luego la injusticia que en esa misma se puede ver”, analizó la coordinadora del COFADEH, mientras estaba en el Hogar Contra el Olvido, centro de Memoria del Comité, ubicado en Santa Ana, Francisco Morazán.
Agregó que, me parece interesante cuando miro y siento que la gente se pregunta y nosotros lo sentimos, vivimos y documentamos ¿Cómo es posible que, a un defensor social, defensores del ambiente, defensores del territorio, defensores de la casa común y ciudadanos que reclaman derechos cívicos como es la educación y salud, estén condenados a la voluntad política y no a las decisiones de justicia con independencia?
Entonces decimos que no hemos avanzado mucho porque tenemos defensores de la casa común privados de liberad y perseguidos, lamentó Oliva.
Pero también tenemos a Rommel Baldemar Herrera Portillo, docente de 24 años, preso político, en cuyo caso es clarísimo que él no inspiró la acción (quema de llantas frente a la Embajada Americana en Tegucigalpa) si la tipifican como delito, sino que es parte de la lucha de calle, exigiendo derechos y garantías.
“Solo quien no ha salido a las calles a exigir derechos va a creer que uno anda colocando rosas blancas, los que andamos en la calle, los que venimos de las calles y los que nos forjamos en la calle, sabemos que la calle es un espacio de exigencia colectiva y fuerte demanda social”, reaccionó Berta Oliva, sobreviviente de la Doctrina de Seguridad Nacional, implementada en la década de 1980 por el Estado y el gobierno de los Estado Unidos.
Añadió, y cualquier acto que hagamos para demostrar nuestro repudio al actual orden de cosas debe ser válido y no judicializado, criminalizado y sometimiento a cárcel de tortura permanente o detenciones crueles degradantes e inhumanas. Vemos como el Sistema de Justicia se colude con los que tienen el poder y control del Estado para someter y obligar a la gente a callarse.
Pinta en un muro exigiendo libertad para Rommel Pinta en un muro exigiendo libertad para Rommel
“No hagamos pacto para callar, el que calla se convierte en cómplice y lo mejor que podemos heredarle a nuestra patria a sus hijos e hijas es que hablemos siempre con la verdad, que no nos aprovechemos de los momentos para llevar caudal o intereses personales; sino que digamos la verdad tal cual y que exijamos el cumplimiento de la misma, porque es un derecho universal establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es un sustento que nos hace mantenernos con vida, amor, insistencia, resistencia y permanencia”.
Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, según la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.
Berta Oliva, concluyó haciendo un llamado a las redes de defensores y defensoras de derechos humanos, a las juventudes y todos aquellos que, aunque anden con bastón, ese instrumento les indique que “nos mantiene caminando por que tenemos derecho a exigir, demandar y pedir que se aplique justicia, que el tema de los derechos humanos no sea comercializado sino implementado. Porque todos y todas tenemos derechos; Es ahí, un día quizá, cuando se pueda iniciar procesos de implementación que logremos los cambios y sólo van a ser posibles con verdad y justicia”.
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