Por Sobeyda Lovo
La mañana del lunes 28 de diciembre y frente a las oficinas del Ministerio Publico (MP), se realizó un platón solidario, con representantes de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) de La Paz, La Vía Campesina y miembros de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) con el propósito de expresar las muestras de pesar y dolor ante el cruel asesinato del líder campesino defensor del territorio y el medio ambiente, Félix Vásquez.
En un comunicado distribuido a la prensa, las organizaciones que conforman la Coalición contra la Impunidad (CCI), responsabilizaron categóricamente al estado de Honduras, por la muerte violenta de la líder lenca, ya que consideraron que Vásquez desarrollaba un trabajo político y comunitario en la región de La Paz.
La CCI señaló que la labor ejercida por el dirigente estuvo encaminada a que las que comunidades indígenas y campesinas, gozaran plenamente de sus derechos humanos y territoriales.
El crimen contra Vásquez fue perpetrado el 27 de diciembre en horas de la noche, por cuatro sujetos desconocidos que ingresaron a su casa, ubicada en la comunidad de El Ocotal, Santiago de Puringla, departamento de La Paz.
Los victimarios iban con sus rostros cubiertos con gorros pasamontañas, vestidos con pantalones moteados, camisas y zapatos negros, y portando armas de fuego y machetes, quienes dispararon al líder indígena causándole la muerte al instante
Cabe mencionar que desde el año 2017, Félix Vázquez interpuso acciones de denuncia ante instancias nacionales por persecución política debido a su labor en defensa del territorio y el medio ambiente, aunque las mismas no tuvieron respuestas ni un seguimiento oportuno para salvaguardar la vida del reconocido dirigente y defensor de los recursos naturales.
Uno de los representantes de la UTC- La Paz, Felipe Benítez, expresó que el asesinato se produjo en el contexto de lucha para la protección del territorio y los bienes comunes, y que esta lucha es histórica, pero que en la actualidad una alianza entre terratenientes, empresarios y políticos se ha ensañado en contra de los líderes indígenas y campesinos que buscan el bien común y la protección del territorio y los recursos naturales de las comunidades.
Por otra parte, Wendy Cruz, de la Vía Campesina, manifestó que existen más de 7 mil casos procesales a nivel nacional, en contra de los campesinos que defienden el territorio y los bienes comunes, 8 campesinos judicializados del caso Guapinol, 4 integrantes de la comunidad garífuna desaparecidos y 2 defensores del grupo campesino Nueva Esperanza, que permanecen privados de libertad (José Santos Vigíl y Víctor Vásquez).
Los campesinos, las campesinas, los defensores del territorio y de los bienes comunes, exigen al estado de Honduras, reconocer la labor de defensoría y la protección de todos y todas las personas que realizan una lucha por conservar el medio ambiente natural de los territorios.
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