El Comité pro Liberación de los Presos Políticos de Honduras, una vez condena la situación de indefensión en la que se encuentran las personas privadas de libertad por razones políticas y las prácticas abusivas del Ministerio Público que ha perdido la objetividad y carece de independencia para defender a la sociedad.
En diversas ocasiones, desde hace 20 meses vinimos denunciando el uso de figuras penales vagas y ambiguas, que no cumplen con los requisitos exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos, para criminalizar a los oponentes políticos, que expresan y manifiestan sus opiniones críticas contra quien asumió el poder por medio de las armas.
La prolongada permanencia en prisión preventiva de Gustavo Adolfo Cáceres, un ciudadano con discapacidad neuronal, y en base a normas que criminalizan en forma arbitraria el ejercicio político, solo confirma las prácticas parcializadas del Ministerio Público y del Poder Judicial al Poder Ejecutivo que es presidido por un narco dictador.
De igual forma, preocupa el empeoramiento del estado de salud de Rommel Baldemar Herrera Portillo en condiciones de reclusión desde el 1 de junio de 2019. Desde entonces permaneció arbitrariamente detenido en una la cárcel militarizada de alta seguridad hasta el 18 de octubre, que fue traslado a un hospital psiquiátrico, para que continúe cumpliendo la prisión preventiva. Estas prácticas tienen el objetivo de generar un efecto amedrentador amplio en la población opositora..
Este Comité exige que ambos presos políticos enfrenten un juicio justo en libertad, teniendo en cuenta el tipo de delitos contrarios a los estándares internacionales que se les imputa y las condiciones de falta de debido proceso
También condenamos la práctica abusiva del Ministerio Público, presidido por Oscar Fernando Chinchilla, de decomisar bienes a los presos políticos, y que posteriormente no ingresa al expediente judicial como pieza de convicción; pero que se niega a devolver a sus propietarios, violentado el derecho a la propiedad privada. Edwin Espinal ha solicitado en tres ocasiones la devolución de su Motocicleta decomisada el 19 de enero de 2018, sin éxito. El Fiscal de Operaciones Especiales, Juan Carlos Elvir, se niega a devolverla, sin causa justificada
Finalmente denunciamos que una vez más familiares y defensores de derechos humanos que integran este comité son objeto de una campaña de desprestigio, desde el 17 de octubre de 2019. Vinculándolos a carteles del narcotráfico
La criminalización, la difamación y la descalificación a la oposición política debe finalizar, quienes criminalizan no tiene legitimidad, son cómplices de la narco dictadura.
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