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Por Sara Lovera
Las participación reconocida, normada y transparente de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina debe mantenerse y propiciarse, porque han sido constructoras y coadyuvantes de la política social y los derechos, especialmente de las mujeres, así como de las libertades y la democracia.
Así lo afirmó el pasado primero de octubre Diana Delgadillo, al destacar que en la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebró en México, con el subtítulo desarrollo inclusivo, no se mencionaron los derechos humanos.
En el espacio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde debatieron representantes de 28 países de la región, Delgadillo recordó a los ministros y ministras, que preside la Secretaría de Desarrollo Social de México, que hay un proceso de exclusión de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.
Que se están vulnerando los derechos de las mujeres y crece la violencia de género. Que urge rescatar los principios de los estados democráticos, el estado laico y la capacidad redistributiva del ingreso. Afirmó que están en peligro los sistemas de salud integrales para garantizar los derechos sexuales, obstétricos y de libre opción, que están inscritos en el consenso de Montevideo. Planteó además la urgente necesidad de que se rediseñen las políticas sociales de la región sin exclusiones, con medidas reales, donde todos los sectores de la sociedad sean beneficiados y que se active el fondo para la consecución de la agenda 2030, que entre otras cosas incluye la visión de género, el trabajo decente, los derechos sexuales y reproductivos, la disminución de la violencia y la pobreza.
Esta reunión busca darle una nueva relevancia a la política de bienestar con programas integrales que conviertan a las personas en sujetos de derecho, participativos, integrales y progresivos, con alcance a 23 millones de hogares, y su documento de demandas pidió que se revise el modelo de desarrollo, siempre y cuando no se deje de crecer en la economía.
También señaló que el rediseño de las políticas sociales debe encaminarse a cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, con perspectiva de género, y a garantizar los derechos progresivos y multifactoriales, para llegar a todas y todos. Casi al final de la inauguración, donde hablaron una docena de ministros y ministras, señaló que los Estados deben asumir que solo habrá avances siempre y cuando trabajen juntos gobierno y sociedad, con un enfoque de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, para abatir los nudos de desigualdad planteados en el documento a debatir preparado por la CEPAL, para esta reunión.
Informó que las organizaciones firmantes del pronunciamiento que hace la sociedad civil a esta tercera reunión están interesadas en que los gobiernos recojan con profundidad la recomendación para establecer una política de cuidados como un derecho, así como las acciones afirmativas y la protección social integral.
Igualmente habló del trabajo, donde las mujeres siguen viviendo una brecha profunda, de hasta 24 por ciento respecto de los salarios de los hombres; y de abordar la política social desde un enfoque de género y generacional.
Las organizaciones que prepararon el pronunciamiento también destacan como elemento central el problema del derecho a la tierra y la voluntad de los pueblos. Denuncian -cosa que nadie trató en la inauguración oficial- la existencia de grandes compañías trasnacionales que construyen en minería colosales empresas que están atentando contra ese derecho de los pueblos a su territorio, al agua y a sus productos naturales.
En las observaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil, se reconocen como obstáculos la corrupción, el feminicidio y las acciones contra la libertad de expresión, concretadas en el asesinato de periodistas.
Afirmó Delgadillo que entre los puntos graves que han generado mayor desigualdad y pobreza está la pérdida de diálogo y corresponsabilidad entre gobiernos y personas, sociedades civiles, reconocimiento a los derechos de transparencia, en los programas concentrados en las dirigencias de los Estados.
Planteó, finalmente, que es relevante la propuesta del diálogo entre Estados y no hay que excluir el crecimiento del desarrollo, por lo que advirtió que las organizaciones que hicieron el pronunciamiento estarán vigilantes, harán las evaluaciones y seguimientos necesarios de los compromisos y los estados en el cumplimiento de lo firmado en la agenda 20/30, que se propuso reducir la pobreza en programas de inclusión social.
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