Por Steve Ellner y Teri Mattson
La reciente condena de Tony Hernández en una corte federal de Nueva York por el tráfico de cocaína a una escala masiva, en un caso que implicó a su hermano el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, demuestra sin ninguna duda que Honduras es un narcoestado. La evidencia igualmente convincente de corrupción extendida, fraude electoral y represión despiadada confirma el estatus de Honduras de ser un Estado bellaco. Dada esta condición, una comparación con Venezuela es lógica ya que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha sido acusado de lo mismo. Sin embargo, Venezuela está pagando un precio infinitamente más alto en la forma de sanciones internacionales y otros esfuerzos de derrocar el gobierno. Aún si se acepta como ciertas las denuncias en contra del gobierno de Nicolás Maduro formuladas por la mayoría de sus críticos, Venezuela no llega a los niveles de Honduras en cuanto al comportamiento antiético y antidemocrático.
Este solamente es un ejemplo de las inconsistencias notorias de la política extranjera norteamericana que data del comienzo de la Guerra Fría. Mucho antes de la presidencia de Trump, Washington condenó a algunos gobiernos por violar las normas democráticas al mismo tiempo que abrazó a otros que fueron igualmente malos, o peores. Además, Washington amenazaba a algunos países con intervención militar, o de hecho la llevaba a cabo, por razones que podrían haber sido aplicadas a otros que recibieron asistencia militar sustancial de EEUU.
Bajo la presidencia de Trump, estas inconsistencias y la brecha entre la retórica y la práctica se han ensanchado. Considere las credenciales democráticas de los presidentes que Trump ha vigorosamente alabado, mientras que condena a Maduro por su comportamiento supuestamente antidemocrático: Rodrigo Duterte (las Filipinas), Jair Bolsonaro (Brasil), el príncipe Mohammad bin Salman (Arabia Saudita); y Andrzej Duda (Polonia). Los aliados europeos de los EE.UU. han condenado algunos de estos mismos gobiernos por su flagrante violación de normas democráticas.
Considere también que mientras Trump amenaza a Irán y Venezuela con invasión militar, y posiblemente con aniquilación, se compromete con terminar “las guerras interminables” en todo el Medio Oriente, el altamente riesgoso y prolongado enfrentamiento con Corea del Norte, y las relaciones antagonistas con Rusia. Por cierto, estas últimas posiciones quizás merecen nuestro apoyo, a diferencia de la retórica belicosa de los líderes del Partido Demócrata sobre estos mismos asuntos.
No hay contraste mejor que demuestre la naturaleza contradictoria e hipócrita de la política extranjera de Trump que el contraste entre Venezuela y Honduras. Las cuatro acusaciones principales que Washington lanza contra Maduro para justificar la imposición de sanciones son: el tráfico de drogas, la violación de normas democráticas, la violación de derechos humanos, y la corrupción extendida. Las cuatro pueden ser citadas para justificar medidas internacionales contra Honduras. Entonces, vamos a hacer una comparación. Para los efectos de este argumento, aceptamos la validez de las acusaciones contra Maduro formuladas por sus detractores, con la excepción de las de los fabricantes más fantasiosos de “fake news”.
Tráfico de Drogas
El presidente Juan Orlando Hernández fue acusado de recibir un millón de dólares como soborno de “El Chapo” mexicano en el juicio de Tony Hernández, quien fue declarado culpable de los cargos de “Conspiración para Importar Cocaína” y “Posesión de Ametralladoras y Aparatos Destructivos”. Sin embargo, solamente un día después de que el juicio había terminado, la Encargada de Negocios Colleen Hoey posó en una sesión de fotos con una sonrisa al lado del presidente. Pero hay otros elementos que contribuyen a la imagen de Honduras de ser un “narcoestado”. La hermana del presidente, la fallecida Hilda Hernández, también fue sujeta a una gran investigación por las autoridades norteamericanas sobre el tráfico de drogas y el lavado de dólares. Además, la evidencia contra el estado hondureño data de años atrás. El hijo del presidente anterior Fabio Lobo recibió una sentencia de 24 años de prisión norteamericana después de declararse culpable por haber “conspirado para importar cocaína a los EE.UU.”
Compare el expediente sólido contra Honduras con la evidencia contra Venezuela. En noviembre de 2015 dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores fueron arrestados en Haití en una operación de picadura llevada a cabo por la DEA norteamericana. Ambos recibieron una sentencia de 18 años en un tribunal en los EE.UU., aunque no fueron vinculados con un cartel y (en las palabras de sus abogados) “nunca tuvieron la intención ni la capacidad de entregar una gran cantidad de drogas”, como se alegó.
El otro cargo principal del tráfico de drogas que involucra al gobierno venezolano carece de evidencia verificada. Pocos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno norteamericano acusó a Diosdado Cabello, segundo en comando después de Maduro, de tráfico de drogas e impuso sanciones contra él. A diferencia del hijo de Lobo y el hermano de Hernández, ningún cargo judicial fue formulado contra Cabello, y tampoco le otorgaron el derecho de réplica
Las Normas Democráticas
Honduras también se compara desfavorablemente en el área del fraude electoral. En noviembre de 2017, había una demora de 36 horas en el escrutinio para la elección presidencial cuando el candidato centroizquierdista Salvador Nasralla estaba gozando de una ventaja decisiva. Cuando se reanudó el conteo de votos, Hernández alcanzó y superó a su rival. Nasralla notó que una rectificación de los resultados fraudulentos era poco probable dado el hecho que la corte suprema y el tribunal electoral estaban plenamente ubicados en el campo de Hernández. En contraste de muchos gobiernos en el hemisferio e inclusive la Organización de Estados Americanos, Washington inmediatamente reconoció a Hernández como presidente legítimo y pidió que Nasralla hiciera lo mismo.
En la última elección presidencial en Venezuela celebrada en mayo de 2018, 46 por ciento del electorado votó, a pesar del boicot de la mayoría de los partidos de la oposición. La objeción al proceso, articulada por esos partidos, centraba sobre el ventajismo del gobierno – como, por ejemplo, el tiempo asignado por el canal estatal Venezolana de Televisión a los candidatos de la oposición era menor que lo estipulado por el consejo electoral. Pero generalmente los líderes principales antichavistas no alegaron que los votos no estaban siendo correctamente contados o que el voto no era secreto. Como el Centro Carter aseveró en el pasado, el sistema de voto en Venezuela está entre los más avanzados en el mundo ya que el conteo de las papeletas electorales siempre iguala a los resultados electrónicos. Después de las elecciones de 2018, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva restringiendo la liquidación de bonos y activos del estado venezolano en los EEUU.
Derechos Humanos
El historial venezolano en materia de derechos humanos ha sido denunciado con pruebas creíbles. El gobierno ha encarcelado líderes de la oposición y las fuerzas de seguridad han chocado con manifestantes en 2014 y 2017 con un saldo de casi 200 muertos. Sin embargo, estos acontecimientos tienen que ser contextualizados. En ambas ocasiones, muchas zonas urbanas fueron paralizadas por cuatro meses mientras que los manifestantes construyeron centenares de barricadas, y emplearon armas de fuego resultando (en 2014) en la muerte de seis guardias nacionales y dos policías mientras que instalaciones militares y policiales fueron atacadas y en algunos casos ocupadas. El 4 de agosto de 2018, dos drones fueron empleados para asesinar a Maduro, quien en ese momento estaba dando una alocución a sus seguidores, acompañado por su esposa y miembros del alto comando de las Fuerzas Armadas. Se puede imaginar cuál hubiera sido la respuesta de otros gobiernos a este tipo de tácticas. En Honduras, las fuerzas de seguridad del presidente Hernández no son víctimas sino autores de la violencia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe en marzo que dijo: “La impunidad es extendida, incluyendo la violación de derechos humanos, como es demostrada por… el juicio de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violación de derechos humanos cometida en el contexto de las elecciones de 2017.”Corrupción Pocos niegan que la corrupción es extendida en ambas naciones. En el caso de Venezuela, el Presidente Maduro reconoció la posible veracidad de las denuncias formuladas por personas que habían participado en las altas esferas del estado en 2014 referente a la apropiación indebida de 20 mil millones de dólares como resultado del sistema de control de cambio. Sin embargo, Maduro no actuó para llevar a los culpables a juicio. Solamente a mediados de 2017 con el nombramiento de un nuevo fiscal general, empezó una campaña de cierta envergadura contra la corrupción. Sin embargo, en Venezuela no había nada equivalente al tipo de evidencia presentada en el juicio de Tony Hernández en la cual millones de dólares proveniente del tráfico de droga contribuyeron a la elección del presidente de Honduras.
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Se puede preguntar porque países como Venezuela están en la lista negra de Washington mientras que otros como Honduras, que son abiertamente represivos, reciben un trato favorable. Una explicación es que mientras Venezuela ha adoptado políticas antineoliberales, Honduras – desde el derrocamiento del presidente nacionalista Manuel Zelaya en 2009 con el apoyo de los EE.UU. – ha implementado fórmulas neoliberales. Eso incluye la privatización de la salud y el agua este año, que ha desencadenado protestas de calle que fueron duramente reprimidas. Una segunda explicación es que Washington tiene sus ojos puestos en el petróleo venezolano, una política que Trump ha justificado con la consigna “para el vencedor va el botín", y que actualmente está considerando para los yacimientos petroleros ocupados por los Kurdos en el noreste de Siria. Una tercera explicación tiene que ver con la relación acogedora de Venezuela en el plano económico, político y militar con Rusia y China. Lejos de ser mutuamente exclusivos, los tres argumentos contienen elementos importantes de verdad.
La comparación Honduras-Venezuela demuestra el grado en el cual el papel asumido por Washington de ser juez y policía a la vez está diseñado para promover sus propios intereses. Aunque el intervencionismo para favorecer los intereses norteamericanos ha sido un componente de la política norteamericana de larga data, está siendo aplicado ahora con esteroides.
Una reacción en contra de estas políticas se manifestó recientemente. En la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de octubre, 105 delegados votaron en favor de la solicitud de Venezuela de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos y muchos de ellos aplaudieron fuertemente cuando los resultados fueron anunciados. Los EE.UU. había hecho campaña en contra del nombramiento de Venezuela, pero como el voto era secreto, sus esfuerzos de usar bullying combinado con los ofrecimientos materiales no fueron empleados efectivamente.
Mientras tanto, las protestas en Tegucigalpa y otras ciudades están demandando la renuncia de Juan Orlando Hernández en reacción a la condena de su hermano. A pesar de todos los esfuerzos de la administración de Trump para sacar a Maduro de la presidencia, es muy posible que el gobierno de nuestro hombre en Tegucigalpa caerá primero.
* Steve Ellner es un editor asociado de la revista Latin American Perspectives . Es editor de Latin America’s Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings que recientemente fue publicado por Rowman and Littlefield. Ha publicado en la página de opinión del New York Times y Los Angeles Times .
** Teri Mattson, es una Coordinadora de la Campaña Latinoamericana de CODEPINK. Ha organizado numerosas delegaciones a Venezuela y Honduras incluyendo una en marzo de 2019 a Venezuela, donde permaneció por tres meses. Recientemente participó en una delegación de derechos humanos en Honduras por diez días.
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