Momento en que equipo interpone Habeas Corpus
La defensa legal de los siete defensores del río Guapinol ha presentado un tercer recurso de Habeas Corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la detención ilegal y las omisiones del Instituto Nacional Penitenciario para el traslado inmediato de los ambientalistas.
“El motivo de este recurso es para que se exija al Instituto Nacional Penitenciario el cumplimiento de dos resoluciones judiciales, una emitida por la jueza Lisseth Vallecillo y otra por Marleny Tercero”, se indica en el recurso presentado por la defensa de los siete ambientalistas, a quienes las autoridades penitenciarias enviaron arbitrariamente a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
El primero de septiembre, al finalizar la audiencia inicial contra los siete defensores, Lisseth Vallecillo, jueza de jurisdicción nacional, resolvió que los acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares, fuesen privados de libertad en la granja penal de Olanchito, departamento de Yoro; doce días después, la jueza de ejecución, Marleny Tercero, ordenó al Instituto Penitenciario cumplir con el traslado.
“Le estamos diciendo al Poder Judicial que ellos tienen la facultad, incluso, de ordenar la inmediata libertad de los compañeros, puesto que el Instituto Penitenciario ha desobedecido dos órdenes judiciales de los jueces que conocen la causa”, explicó la abogada Kenia Oliva, integrante del equipo de defensa.
El escrito de exhibición personal pide a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se nombre un juez ejecutor “atendiendo la urgencia del caso y darle el trámite prioritario e inmediato”, conforme a la Constitución de la República.
Remitiéndose a los hechos violentos en la cárcel La Tolva, en los que un privado de libertad fue asesinado, la abogada Kenia Oliva señala que los defensores del Río Guapinol no solo se encuentran en inseguridad física, sino que, también en inseguridad jurídica, porque el Instituto Penitenciario “no toma en cuenta lo que dice el Poder Judicial y no valora lo que ordena un juez de jurisdicción nacional”.
Por su parte, el abogado Edy Tábora indica que tanto Rosa Gudiel y German McNiel, directora y sub director del Instituto Nacional Penitenciario, están cometiendo los delitos de desobediencia y abuso de autoridad al no cumplir con las órdenes judiciales.
“Hay un objetivo político sobre estos defensores, el Instituto Nacional Penitenciario en sus resoluciones está invocando que las órdenes de traslado vienen del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en la cual le dan facultades extraordinarias para el traslado, sin motivaciones de los privados de libertad”, denunció el abogado Eddy Tábora, del equipo defensor, quien apunta que, desde el 5 de septiembre, acudieron a la Fiscalía para que investigue y presente la acusación contra los funciones del Instituto Nacional Penitenciario.
Familiares siguen exigiendo traslado
Una representación de familiares y del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa se reunió con la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Gudiel, para exigirle que cumpla las dos órdenes judiciales que mandan el traslado de los siete defensores del río Guapinol a la granja penal de Olanchito.
Durante la reunión, la que se realizó en la cárcel La Tolva, la directora del Instituto Penitenciario aseguró a los familiares que está revisado el expediente de los defensores del río Guapinol, pero que la decisión del traslado deberá tomarse junto a otras personas, dijo Juana Zúniga, integrante del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Toca.
Juana Zúniga cuenta que el objetivo de la reunión también era poder visitar a sus familiares, sin embargo, por los hechos violentos y la muerte de un privado de libertad en La Tolva, solo alcanzaron verles a través de las cámaras de seguridad.
“Los miramos a través de una cámara, lastimosamente no era ese el plan, los identificamos, ellos están ahí; puede observar a mi compañero, estaba sentado en una mesa viendo televisión, y sentí que hay mucha preocupación, pudimos ver también a Porfirio Sorto con el mismo semblante de mi esposo, pensativos”, describe Juana Zúniga.
De acuerdo a lo indicado por la defensa legal de los siete defensores del río Guapinol, y establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en un término de 24 horas deberá nombrar un juez ejecutor del recurso de Habeas Corpus, para que constate la integridad física, psíquica y jurídica de los ambientalistas.
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