Momento en que Gustavo y su familia escucharon la sentencia del Tribuna.
En los juzgados de El Progreso, Yoro se dictó sentencia absolutoria a favor de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala. Un joven de 26 años, quién estaba en prisión desde diciembre de 2017 en el centro penal progreseño.
Gustavo Adolfo fue detenido en el puente La Democracia mientras trabajaba en un camión repartidor de agua embotellada, luego que la policía desalojara a manifestantes que protestaban contra el fraude electoral, qué dejó en la presidencia a Juan Orlando Hernández. Gustavo se dirigía junto a sus compañeros a vender agua a la ciudad de San Pedro Sula.
“Los miembros de este Tribunal de Sentencia, apreciando la prueba evacuada en el desarrollo del juicio oral y público, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, concluye que: no ha podido acreditarse que el material decomisado al señor Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, era material explosivo, de guerra o material de combate. En vista que no existe prueba científica que sustente la acusación del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia lo absuelve del delito de portación ilegal de explosivos o material de guerra, de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la salud pública”, dijo la jueza al momento de dar la sentencia.
Nefasto papel del Ministerio Público
Omar Menjívar abogado defensor dijo que, el caso de Gustavo Cáceres representa la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio Público y el uso abusivo que hacen del Derecho Penal. Además, cómo la institución se presta para ser peón e impulsor de una política de represión definida por el poder Ejecutivo.
“El Ministerio Público debe ser una entidad independiente, esa es la única garantía que tiene la ciudadanía que esa institución va a cumplir su papel tal como lo manda la Constitución; defender los intereses de la sociedad. Pero, si el Ministerio Público decide ser un ejecutor de la política de persecución hacia la oposición implementada de parte del Ejecutivo, tenemos una institución que, en vez de hacerle bien a la sociedad, le está haciendo un terrible daño”, concluye Menjívar.
El abogado agregó que, Gustavo Cáceres pasó dos años privado de libertad injustamente, se debe sentar un precedente para que esos delitos no se repitan.
“En el país no tenemos la cultura de reclamar la restitución de nuestros derechos. El Ministerio Público constantemente incurre en esos abusos, realiza acusaciones por hechos que no constituyen delitos, investigaciones viciadas e inducidas. Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar la restitución de sus derechos de manera eficaz, tienen el derecho de ser indemnizadas, pero en el país no existe esa cultura,” señaló.
Organizaciones que acompañaron a Gustavo en los dos años que permaneció en prisión.
Ansiada libertad
Lourdes Ayala, hermana de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, dijo en declaraciones con Radio Progreso, que era un día de felicidad por su libertad, sin embargo, lamenta que tuvo que pasar dos años para que la justicia hondureña comprobara la inocencia de su hermano.
“Es una injusticia la que hicieron con mi hermano, él no es delincuente, es un joven, que ha sido desde siempre el sustento de nuestra casa. Estamos felices porque le tendremos nuevamente en nuestro hogar”, dice Lourdes.
Karina Flores del Comité por Liberación de los Presos Políticos en Honduras, dice que, el Estado hondureño debe responder por los abusos cometidos contra Gustavo.
Además, señala que es necesario continuar con la lucha por la libertad de las personas perseguidas por el Estado. Porque aún continúan varios presos políticos que, aunque no guardan prisión, sus procesos judiciales continúan.
Recuerda que a los presos políticos de la crisis post electoral se suman los defensores y defensoras del ambiente del río Guapinol, quienes guardan prisión por defender los recursos naturales y oponerse a la construcción de una minera en Tocoa, Colón.
En El Progreso, Yoro continúa el proceso judicial contra Jhony Salgado, acusado injustamente de los delitos de portación ilegal de arma comercial y por uso indebido de indumentaria policial durante la crisis de las elecciones generales de 2017. Su juicio fue reprogramado para el 2020. Su familia y las organizaciones reclaman su libertad definitiva.
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