Representantes de los Estados Unidos Jan Schakowsky (IL-09), Mark Pocan (WI-02), James P. McGovern (MA-02) y Jesus G. “Chuy” Garcia (IL-04) emitieron la siguiente declaración sobre el asesinato de un líder laboral de Honduras:
“Condenamos el asesinato injusto del sindicalista Hondureño, Jorge Alberto Acosta, este fin de semana. Acosta fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) en la Lima, Cortes, Honduras. Durante el año pasado, Acosta recibió amenazas crecientes en su contra y también en contra de otros miembros de SITRATERCO. En respuesta a la solicitud de los sindicatos y de la red anti-violencia del sindicato nacional, el gobierno autorizó una medida de protección para él, pero la protección nunca llegó. El asesinato de Acosta es una más en una ola brutal de asesinatos, amenazas, secuestros, golpizas, tortura y desapariciones forzadas de activistas del movimiento social y laboral en Honduras dirigido a mujeres Afro-indígenas, campesinos, maestros sindicalistas, activistas en la oposición política, periodistas e muchos otros.
“El movimiento laboral de Honduras está en más peligro ahora que nunca. Sin embargo, el gobierno de Honduras no brinde los sistemas de protección que obliga la ley, no investiga ni lleva ante la justicia quienes amenazan y asesinan activistas sindicales, y no aplica sus propios leyes laborales. Como ha sido documentado por el AFL-CIO y sindicatos Hondureños, el gobierno de Honduras no ha cumplido con sus obligaciones legales bajo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y América Central (CAFTA) para prevenir violencia anti-sindical y otros violaciones desenfrenados.
“El gobierno de Honduras tiene que investigar al fondo y llevar a juicio el asesinato de Jorge Alberto Acosta, incluyendo los autores intelectuales y materiales del crimen. Tiene que brindar la protección que la ley obliga a otros miembros del Comité Ejecutivo de SITRATERCO e investigar y enjuiciar todas las amenazas que han recibido. El gobierno debe proteger la seguridad, derechos y libertades de todos los sindicalistas. También hacemos un llamado al gobierno de los EEUU a mantener abierto el proceso de Monitoreo y Plan de Acción de CAFTA (MAP) y avanzar con la denuncia de Honduras, llevándolo al segundo etapa del proceso de solución de controversias. El Congreso debe considerar H.R. 1945, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, lo cual suspendería fondos a Honduras para operaciones de la policía y el ejército hasta que el gobierno de Honduras investigue alegaciones creíbles de violaciones extremas de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad.
“En vez de legitimar y apoyar el gobierno de Honduras, la administración de Trump debe denunciar públicamente estos asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. En vez de tratar los migrantes quienes huyen de este terror como invasores peligrosos, debemos recibirlos como asilados.”
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