viernes, 22 de noviembre de 2019

Anuncian requerimientos fiscales por aprobación del proyecto habitacional en La Tigra



Diputada Doris Gutiérrez.

La bancada del Partido Innovación Unidad (PINU), que ha conformado una comisión de seguimiento a la denuncias realizadas por las comunidades del Parque Nacional La Tigra, ha dado a conocer que la investigación sobre los permisos para la construcción del proyecto habitacional Bosque de Santa María está avanzada en un 75%.

De acuerdo a la diputada Doris Gutiérrez, quien se reunió con la directora de la Fiscalía del Ambiente, los resultados de la investigación estarían dejando requerimientos fiscales contra los funcionarios que otorgaron los permisos de construcción, puesto que se ha determinado que el proyecto Bosques de Santa María afecta los recursos hídricos y el área forestal del Parque Nacional La Tigra.

La diputada Doris Gutiérrez asegura que los resultados de la investigación sobre el proyecto Bosques de Santa María estarán listos para los primeros días de diciembre, por cuanto se espera que para esas fechas se presenten los requerimientos fiscales.

“Los requerimientos fiscales serían para aquellos funcionarios que dieron esos permisos sin seguir los procedimientos establecidos, si esos permisos afectan el área de amortiguamiento que es una zona protegida y el pulmón de la ciudad”, puntualizó Gutiérrez, al salir de la Fiscalía del Ambiente.

El proyecto habitacional Bosques de Santa María, con un valor de 1, 300 millones de Lempiras, pretender ser desarrollado por la el Grupo MSP (Midence – Soto – Pierrefeu)

Alcalde incumple cabildo

El nueve de noviembre se cumplió el plazo, que el propio alcalde Nasry “Tito” Asfura estableció para la aprobación del cabildo abierto solicitado por las comunidades que conforman el Parque Nacional La Tigra, y piden sean consultadas sobre el proyecto habitacional Bosques de Santa María y el co-manejo del área protegida, la que genera un 30% de agua al Distrito Central.

“Por los medios de comunicación nos dimos cuenta lo que el alcalde hizo con las comunidades en El Hatillo, pero a nivel de Corporación no se ha tomado esa decisión, ni siquiera se ha tocado el tema”, dijo a Radio Progreso el regidor liberal, Osman Aguilar.

Agrega que, al consultar sobre el cabildo abierto para las comunidades de La Tigra, “lo único que se nos ha dicho es que, la Fiscalía secuestró los expedientes de este proyecto habitacional y que se está esperando el informe del Ministerio Público”.

A criterio de la diputada y también ex regidora, Doris Gutiérrez, el cabildo abierto no está relacionado con el informe de la Fiscalía. “De tal manera que el argumento que está utilizando la Alcaldía para cancelar ese cabildo abierto no es válido, porque una investigación del Ministerio Público va orientada a acciones penales directas en los juzgados”.


Privatización del agua

A través de la empresa de capital ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, la alcaldía municipal del Distrito Central estaría privatizando el servicio de agua potable, han denunciado los integrantes de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.

Según los testimonios de vecinos de la colonia Canaán en Tegucigalpa, la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo ha comenzado a realizar trabajos para cambiar la toma de agua potable en el sector, situación que se dio a conocer en una asamblea sectorial organizada por la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra.

Bryan Acosta, integrante de la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de La Tigra, señala que dicho proceso estaría encaminado a la tercerización de los servicios de agua potable en todo el Distrito Central, opción que está siendo analizada por las alcaldías de Valle de Ángeles y Santa Lucía.

“Son concesiones que está haciendo la Municipalidad, ya el SANAA –Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados- manifestó que Hidalgo e Hidalgo está administrando el subsistema de El Picacho, este es el inicio de la privatización”, manifiesta Bryan Acosta.

Cabe resaltar que a la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo el gobierno de Juan Orlando Hernández le otorgó un contrato de concesionamiento de 121 millones de dólares, para la construcción del corredor logístico entre Goascorán, la Villa de San Antonio –Comayagua-, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

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