La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), culminará el próximo mes de diciembre de 2019, el convenio firmado entre OEA y gobierno para su permanencia en el país. Sin embargo, “su continuidad se encuentra en grave riesgo por actores nacionales e internaciones que, quieren evitar que la justicia llegue a las altas esferas políticas involucradas en grandes actos de corrupción”, dijo Joaquín Mejía, especialista en derecho humanos e internacional.
“En estos cuatro años de presencia ha logrado algunos avances importantes, pero se ha enfrentado a sabotajes cada vez que se presentan casos de corrupción, donde están involucradas distintas facciones de la élite política hondureña. Los resultados obtenidos hubieran sido imposibles de lograr con el Ministerio Publico (MP). Son estos mismos sectores los que hoy, están interesados en que el convenio de la MACCIH, no sea renovado”, indicó el experto.
A renglón seguido, el doctor Mejía, manifestó que, el mismo proceso que llevó la clase corrupta de Guatemala, en deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en Honduras, se podría lograr, pero en un tiempo más corto, porque la MACCIH, ha estado luchando contra dos frentes, uno interno y otro externo: el primero, está encabezado por el presidente del régimen hondureño Juan Orlando Hernández; y el segundo por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien también ha movido los hilos para que la justicia no toque a altos funcionarios.
En esa misma línea, la ex diputada Fátima Mena, asesora del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, en tono preocupado manifestó que, si en los próximos dos meses y medio (noviembre y diciembre de 2019 y la primera quincena de enero del 2020) Juan Orlando Hernández decide no ampliar el Convenio de la MACCIH, el tema de la impunidad se incrementará en niveles desmedidos.
“Antes de la llegada de este órgano de combate a la corrupción, el MP no había presentado un tan solo requerimiento fiscal contra algún funcionario público de nivel medio y mucho menos de alto nivel. Por lo tanto, si no se renueva el convenio, la Fiscalía regresará a su estado original”, manifestó.
Logros y tropiezos de la MACCIH
Con la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC‐MP), la MACCIH, comenzó en el 2016 a desarrollar el trabajo con altas expectativas, en gran parte debido a la labor de la CICIG, cuyas investigaciones dieron lugar a graves cargos que condujeron a la renuncia y enjuiciamiento en 2015, del presidente en funciones Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y muchos otros funcionarios de Guatemala.
De acuerdo a la abogada Fátima Mena, la MACCIH logró avanzar en los casos de alto perfil que había elegido, incluyendo las sentencias de dos ex viceministros, un magistrado del Consejo de la Judicatura y otros nueve casos más. Logró, además, que se realizaran las acusaciones contra diputados y el caso contra la ex Primera Dama Rosa Elena de Lobo. Estos casos, y el caso denominado “Pandora” que involucra a varios funcionarios y diputados de gobiernos pasados y del presente. “Lastimosamente por cada caso de corrupción, en el Congreso Nacional, se aprobaron decretos y reformas a la Ley, para blindar a los funcionarios corruptos”, manifestó.
“Esto significa que las élites políticas han estado obstaculizando el trabajo de la MACCIH a través de múltiples movidas. Los diputados en su mayoría descaradamente, aprobaron lo que se denomina “Ley de Impunidad”, una reforma a la ley presupuestaria que impide que la Misión investigue al Congreso y posterga cualquier acción investigativa o procesal por mal manejo de fondos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas termine una investigación que posiblemente tarde hasta tres años en llevarse a cabo”, indicó.
Así mismo, dijo que, para dar mayor blindaje a la impunidad el 16 de octubre del 2019, el Congreso Nacional aprobó la “inmunidad parlamentaria”. Los únicos partidos que votaron en contra fue Libertad y Refundación (Libre)y el Partido Innovación y Unidad (PINU), y del Partido Liberal, sólo el diputado Darío Banegas. De acuerdo con Fátima Mena esta inmunidad parlamentaria permitirá que los diputados vinculados al “Caso Pandora” y otros actos de corrupción, queden libres de cualquier responsabilidad penal.
El nuevo literal de la Ley del Congreso dicta que, “La función legislativa es inviolable e innegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constitución de la República siendo al pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y las consecuencias de la infracción”.
Orígenes de la MACCIH
Para que la MACCIH llegará al país, sus orígenes se remontan al 2015 cuando el presidente Juan Orlando Hernández, se encontraba bajo la presión desarrollada en las calles de las principales ciudades de Honduras, por parte del Movimiento Indignado, debido al robo de más 7 mil millones de lempiras (300 millones de dólares) del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
En ese tiempo se exigía la instalación de una entidad como la CICIG, cuyo mandato tenía la obligación de combatir la impunidad en todos los niveles y reforzar el estado de derecho.
Sin embargo, Juan Orlando Hernández, para bajar la presión social, inició conversaciones con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y después de meses de negociación, accedieron a firmar en abril del 2016 el convenio que crea la MACCIH. El propósito general de la misión era “colaborar activamente con las instituciones del país y con la sociedad civil en desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y fiscalización del poder”.
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