Con preocupación el Comité de Familiares de Detenidos en Honduras (COFADEH), ha recibido información de la grave situación de riesgo que enfrenta el defensor de derechos humanos Marlon Enrique Calles Domínguez de 29 años, que ejerce su labor de defensoría en el departamento de La Paz, defendiendo los bienes de la naturaleza, en especial bosque y agua.
En las últimas dos semanas, las amenazas reiteradas desde febrero 2018 se han materializado.
El 6 de noviembre de 2019, en horas de la noche su carro fue abierto por desconocidos e información sensible fue sustraída incluyendo un expediente que contenía información que sustentaba la ilegalidad de un proyecto de Agua, y su celular que contenía información sobre la tala del bosque de pino en la zona de reserva de El Jilguero. Información que había obtenido ese mismo día durante la inspección de la zona productora de agua y habitad de más de 400 especies de aves.
Ante la magnitud del daño ambiental, Calles había invitado a la población a manifestarse y defender sus bienes naturales que estaban siendo talados desde septiembre de 2018. Esa misma tarde le habían cerrado el paso por la carretera, cuando documentó que 8 rastras estaban sacando la madera de la zona de amortiguamiento.
El 17 de noviembre de 2019, a las 7.00 a.m., Marlon Calles descubrió que el vidrio de su carro, en la ventana del pasajero había sido quebrado y una tapa pesada para alcantarillas estaba sobre el asiento con un mensaje impreso en el que se leía, “tas muerto”.
La Policía y la DPI llegaron a petición de Marlon, para tomar las primeras declaraciones e inspeccionar la escena. Pero no le dieron copia de la misma porque según manifestaron no había sistema.
El 22 de febrero de 2018, el COFADEH interpuso denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por la detención ilegal de la que fue víctima Marlon Calles Domínguez, por agentes de la Policía Nacional.
El 3 de agosto de 2018, el COFADEH interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a fin de hacer del conocimiento de esta Fiscalía que el señor Calles, estaba siendo víctima de nuevas amenazas por su ejercicio de defensa de los bienes comunes de la Naturaleza, que era sujeto de persecución por un carro color rojo tipo pickup doble cabina, sin placas y vidrios polarizados, quienes le daban seguimiento con el fin de intimidarlo.
El 28 de agosto de 2018 Cofadeh interpuso una tercera denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a fin de ampliar las denuncias anteriores sobre amenazas a su integridad.
El 22 de enero de 2019, Marlon Calles interpuso denuncia en la Fiscalía Regional de Marcala, que fue recepcionada bajo el número F-04-2019, por amenazas recibidas el día 20 de enero de 2019, a su teléfono fijo; en esta ocasión una voz masculina desconocida le dijo “es una advertencia, deja de tocar el tema de la deforestación”.
El 21 de enero recibió una segunda llamada nuevamente una voz masculina desconocida le dijo “Ya tenemos la dirección de tu madre así que cállate”, ese mismo día en horas de la tarde recibió un mensaje de texto en su celular con la advertencia siguiente “ya deja de denunciar y subir fotos de la tala de madera. Nos estas afectando el negocio y hay gente enojada, te estamos avisando con tiempo”.
El 22 de enero recibió una nueva llamada al teléfono fijo, le dijeron “no pongas denuncia, te estamos siguiendo los pasos y solo es una advertencia de lo que viene”.
Las amenazas coinciden con una moción presentada por Marlon que también es regidor Municipal, en sesión del pleno de la Corporación Municipal de Marcala, a fin de solicitar a la Fiscalía del Ambiente, al Ministerio Público y al IFC, la investigación sobre la deforestación de la reserva de El Jilguero. Moción que fue aprobada por unanimidad de votos y transmitida a las instituciones pertinentes. Se presume que la Fiscalía Especial del Ambiente inició una investigación que comenzó con una inspección del área 23 de enero de 2019.
Frente a ello, el Estado hondureño, lejos de cumplir con su obligación de garantizar la protección a quienes defienden derechos humanos, dilata medidas o implementa medidas inefectivas.
Consideramos que en el contexto del país que desde hace años se encuentra sumido en una profunda crisis de violencia generalizada que se manifiesta en cifras escandalosas de asesinatos, feminicidios, personas desaparecidas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, corrupción e impunidad, como consecuencia de la aplicación de políticas dictatoriales que han propiciado el auge del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública y de la institucionalidad, e implementación de la economía extractiva. Ante este panorama, la labor de quienes defienden derechos humanos y de quienes a través del ejercicio de denuncia y documentación de violaciones a derechos es fundamental para revertir la situación y abonar a la necesaria transformación del país.
El COFADEH exige que se reconozca públicamente la labor de Marlon Calles, que se cumpla con la obligación de garantizar su protección efectiva, atendiendo las necesidades específicas del caso. Cumpla con las recomendaciones y obligaciones en materia de derechos humanos del SIDH y de la ONU. Y de manera efectiva e inmediata con la debida diligencia a fin de esclarecer los motivos y circunstancias del atentado en contra la vida de Marlon Calles e identificar y sancionar a las personas que resulten responsables.
COFADEH
De los Hechos y de los Hechores, Ni Olvido Ni Perdón
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