Marpa
La mesa principal integrada por Juana Esquivel, Bertha Oliva y Lucas Valderas
Con tristeza, con lágrimas, pero con la esperanza de encontrar justicia a nivel internacional, se llevó a cabo el pasado viernes 15 de noviembre, la Jornada Informativa en Conmemoración del caso Tumbador en esta ciudad, al cumplirse 9 años de la masacre perpetrada contra 5 campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney, afiliada al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) del municipio de Trujillo, departamento de Colón.
El evento que consistió en una conferencia de prensa, la exhibición de una galería de fotos conmemorativas y la proyección del documental el Tumbador: Una prisión Verde de Impunidad, fue convocado por Abogados Sin Fronteras-Canadá, la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organizaciones peticionarias del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
infografia el tumbadorA la jornada asistieron campesinos y campesinas de la comunidad Guadalupe Carney, representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina), Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, las viudas de los campesinos asesinados y sobrevivientes de la masacre.
El 15 de noviembre de 2010, en medio de un gran desplazamiento militar y policial en la finca de palma africana conocida como “El Tumbador”, jurisdicción de Trujillo, Colón, guardias de la empresa Orión, que brindaban servicios de seguridad a la Empresa Dinant, (que reclamaba la posesión de la finca), emboscaron y mataron a disparos a los campesinos que se preparaban para trabajar la tierra.
Los campesinos asesinados fueron identificados como Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Sauceda Pastrana.
La Directora de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), Juana Esquivel dijo que la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Aguán (UNVIBA) constituida en 2014 por el Ministerio Público (MP), no ha dado respuestas ante las demandas del esclarecimiento de los hechos.
“No hay respuesta a esa exigencia de justicia de las organizaciones campesinas, de las familias, de las organizaciones sociales que constantemente hemos estado denunciando la impunidad en que se encuentran más de 140 asesinatos vinculados al conflicto agrario aquí en el Bajo Aguán”, sostuvo Esquivel.
Hay denuncias públicas de los familiares de las víctimas, en las que sostienen que la última vez que fueron a acercarse a esa oficina (UNVIBA) para exigir justicia, fueron desalojados. “Entonces es una farsa que esta unidad especial esté investigando las muertes de campesinos en el Aguán porque no se tienen resultados de los avances de las diligencias investigativas, principalmente de aquellos casos que involucran directamente a las empresas, como en el caso de Tumbador, que es Corporación Dinant”, denunció la directora de la FSAR.
Durante su intervención, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó que el comité, como representante legal de las víctimas, ha realizado durante éstos 9 años, una labor de acompañamiento y demanda de justicia.
“Queremos impregnar este desafío de solidaridad que hemos abrazado éstas 3 organizaciones que estamos aquí representadas junto a la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras-Canadá (ASFC), para trabajar sobre todo, con la energía posible para rescatar la memoria”, dijo Oliva.
Nosotras estamos conscientes que a la memoria le han apostado los perpetradores a borrarla, porque la memoria es el arma de los pueblos, es el alma de las familias.
Debemos honrar no sólo la memoria de los campesinos que ya no están aquí y que lucharon por un pedazo de tierra, sino por las viudas y los sobrevivientes de la masacre ocurrida hace 9 años.
“Haciendo este acto público, lo que hacemos es despertar la esperanza, para seguir trabajando. Es así que hace un año (2018) presentamos el caso El Tumbador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los primeros hechos y los primeros hallazgos que obtuvimos”, anunció Oliva.
Oliva indicó que nosotras trabajamos siempre de frente con las familias, con los casos, desafiando todo lo que es el terrorismo de estado y desafiando todo lo que significa la perversidad humana.
“Queremos sentar un caso donde rompa los paradigmas de la impunidad en Honduras, esa es nuestra tarea; porque es también la fase de reconstruir la memoria y de levantar el autoestima de las víctimas y de los familiares de las víctimas”, señaló la coordinadora general del COFADEH.
Parte de la asistencia a la Jornada Informativa sobre el Caso El TumbadorBertha Oliva puntualizó que la masacre de Tumbador no sólo fue un ataque criminal contra 5 campesinos, sino una agresión perpetrada contra todo un pueblo.
Mientras, tanto el abogado Lucas Valderas, representante y coordinador de Abogados Sin Fronteras- Canadá (ASFC) en Honduras, dijo a www.defensoresenlinea.com que la ASFC, tiene un alto compromiso en mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de personas de situación de vulnerabilidad. Este objetivo lo cumplimos a través de nuestros socios, como es el caso de COFADEH, a quien apoyamos de manera directa en la representación de estas personas.
“Es así como, a partir del año 2015 que, ASFC colabora con COFADEH a través de abogados voluntarios expertos en el litigio interamericano e internacional en derechos humanos para impulsar casos paradigmáticos, como es el caso El Tumbador”, afirmó Valderas.
ASFC, ha seguido a lo largo de estos años la situación de derechos humanos en el norte del país, conoce de los ataques y asesinatos de los que han sido víctimas las y los campesinos y en el que están vinculados algunos agentes de seguridad privada..
“Frente a este contexto de vulneración de derechos humanos y de impunidad, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras (ASF) han sumado esfuerzos para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la masacre de 5 campesinos en la finca El Tumbador”, señaló.
Esta petición nace a raíz de los pocos resultados en las investigaciones, en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como la poca diligencia en asegurar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, una adecuada reparación, sostuvo Valderas.
ASFC sostiene que “las organizaciones peticionarias, queremos demostrar que el Estado de Honduras es responsable en el marco de sus obligaciones internacionales en derechos humanos, de la violación del derecho a la vida de las víctimas: Teodoro Acosta, Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Ciriaco de Jesús Muñoz Aguilar y José Luis Sauceda”.
Asimismo se pretende demostrar ante el sistema interamericano que el estado de Honduras es responsable del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las víctimas en virtud de la represión violenta de la manifestación pacífica de los campesinos causando la muerte de cinco personas, la falta de investigación por intento de asesinato de Francisco Celedonio Ramírez Licona, Pedro Deras Olivera, Marvin Jerónimo Méndez Leiva, Abraham Martínez Ventura, víctimas de heridas de gravedad por armas de fuego y la detención y los tratos crueles cometidos contra Apolinaria Urrea Sagastume, Lilian Elizabeth Urrea Sagastume, Jesús Regalado y María Arcadia Ramos Santos.
De igual manera las organizaciones peticionarias plantearán que se violaron derechos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, derecho al honor, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, derechos a la propiedad privada y el desarrollo social, derecho a la Igualdad ante la ley, derecho a la protección de la familia y a los derechos de los niños y derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas.
En representación de las viudas, habló para www.defensoresenlinea.com Marta Julia López, esposa de Ciriaco de Jesús Muñóz, quien expresó que “con el apoyo de ustedes y de Dios, esperamos que podamos lograr justicia”.
Marta Julia señaló que a lo largo de estos 9 años, ha pasado lo que calificó como “tiempos crueles junto a sus 4 hijos”, pero que ellos han crecido y que junto a las otras viudas han podido fortalecerse para salir adelante.
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