Cesar Obando Flores es corresponsal de Radio Progreso y Diario Colón.
Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Fiscalía Especial de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia investigar las amenazas, hostigamiento y persecución contra Cesar Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso y Diario Colón.
En la denuncia, se hace referencia que Cesar Obando Flores, como corresponsal de Radio Progreso y periodista de Diario Colón, ha dado cobertura a los conflictos que afectan a la comunidad de Guapinol, que rechaza las actividades de la empresa “Inversiones Los Pinares”, la cual es titular de una concesión minera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, ahora conocida como Carlos Escaleras.
El pasado 1 de noviembre, cuatro hombres quienes portaban armas y se conducían en un vehículo color negro, llegaron hasta el apartamento de Cesar Obando y le dijeron que “dejara de meterme con la empresa Inversiones Los Pinares, que si me quería meter con los revoltosos de Guapinol que esa era mi bronca; que ya conocían dónde vivo y también dónde vive mi familia y que si les denunciaba, ellos se iban a enterar”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Radio Progreso, el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), solicitaron a la Fiscalía investigar la persecución a Cesar Obando Flores por parte de dos hombres desconocidos, uno ellos con su rostro cubierto, en las cercanías de su vivienda el pasado 14 de noviembre, en la ciudad de Tocoa, Colón.
“Esperamos que se ponga más énfasis en el caso de Cesar Obando, recordando que él es beneficiario de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el abogado Mario Rojas de C-LIBRE, al salir de la Fiscalía.
El corresponsal de Radio Progreso y Diario Colón manifestó a la Fiscalía que las amenazas e incidentes en su contra le han hecho “sentir temor porque en cualquier momento, si no hay una efectiva intervención estatal, se pueda materializar mediante un atentado contra mi vida o cualquier miembro de mi familia”.
De acuerdo a Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), alrededor de 15 periodistas y comunicadores sociales, a nivel nacional, han sido desplazados de sus comunidades y otros están en el exilio por recibir amenazas y hostigamiento al ejercer su labor de comunicación y denuncia.
“Lamentablemente son en los territorios donde están los mega proyectos, donde hay empresas mineras que están violentando los derechos humanos, donde hay hidroeléctricas”, comenta Dina Meza, al ser consultada sobre las zonas de las que han sido desplazados los periodistas y comunicadores.
Meza reitera que en el caso del comunicador social Cesar Obando Flores, las amenazas en su contra se han registrado en un contexto de cobertura al caso de las comunidades que defienden el Río Guapinol y todas las violaciones en el sector del Aguán.
Dina Meza denunció que el corresponsal de Radio Progreso ha informado que las medidas seguridad, aprobadas por el Mecanismo de Protección, no han sido efectivas: “llegaron a consenso de patrullajes policiales en su casa y en su trabajo, y un enlace policial que no está funcionando”, y aseguró que como integrante del Consejo de Protección se conocerá el caso de Cesar Obando Flores.
Según las alertas emitidas por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), durante el 2019 un total de cinco periodistas han sido asesinados: Leonardo Gabriel Hernández, Santiago «Santi» Carbajal, Edgar Joel Aguilar, Kerin Francisco Cerna y Buenaventura Calderón.
Mientras que se han emitido 115 alertas, de las cuales 54 están relacionadas con agresiones policiales a periodistas en cobertura de manifestaciones; además de intentos de secuestro, querellas y campañas de desprestigio en redes sociales.
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