La solidaridad y demanda de justicia para Gustavo Cáceres se presenta en cada audiencia.
Que la institución encargada de perseguir a los corruptos, narcotraficantes, delincuentes comunes y organizados se ensañe contra un joven con discapacidad mental, es el reflejo de que el Ministerio Público fue creado para atacar a los sectores más indefensos de la sociedad hondureña, denunció en Radio Progreso el abogado Omar Menjivar.
Menjivar es el abogado de Gustavo Cáceres, preso político de la crisis electoral de 2017, quien enfrenta un juicio oral y público por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado de Honduras, al portar supuesto material explosivo y marihuana.
El abogado explica que la acusación contra Gustavo no se basa en ningún delito, porque la ley regula el uso de fabricación, venta, exportación e importación de explosivos. No regula la portación de dos botellas de cervezas con gasolina en su interior. La ley tiene una trascendencia y una significación distinta a la que el Ministerio Público le está dando en el caso de Gustavo.
Menjivar señala que los policías o agentes de la seguridad del Estado, llegan a las audiencias a mentir o a ratificar las mentiras que escribieron en los informes, para justificar el trabajo que realizan, y la fiscalía, simplemente toma esos informes y los convierte en denuncia y requerimientos fiscales, sin tomarse el costo de indagar, analizar y comprobar si es cierto lo que la Policía dice.
En Honduras hace dos años se encarcelaron y judicializaron 22 personas que, aseguran únicamente haber ejercido su derecho a protestar, en contra de lo que consideran “fraude electoral”, que dejó de forma violenta a Juan Orlando Hernández en la silla presidencial.
De los 22 presos políticos, Gustavo es el único que guarda prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro. El resto ha salido bajo libertad condicionada enfrentando un proceso judicial que, podría colocarlos nuevamente tras las rejas. Y enfrentando un ambiente de hostigamiento y persecución por parte de elementos de la policía y el ejército.
El juicio contra Gustavo inició el 28 de octubre y continuará el 11 de noviembre del año en curso. Aquí se develo que él, es un joven de 25 años de edad, pero con una mentalidad de un niño de 6 años. La psicóloga de Medicina Forense, quien participa en este proceso, Esperanza Rodríguez Pineda, ha diagnosticado a un joven con una discapacidad intelectual que afecta sus funciones cognitivas. Un persona fácilmente manipulable.
Los hechos
La mañana del 21 de diciembre de 2017, las fuerzas de seguridad de Estado comenzaron a desalojar las tomas de carreteras en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. Nadie pudo entrar y salir de esta ciudad, en por lo menos cinco días. El gobierno de Juan Orlando tuvo que movilizar a más 600 militares para disparar bombas lacrimógenas y bala viva contra los manifestantes para limpiar las calles.
Gustavo salió muy temprano de su casa con rumbo al obelisco, donde esperó a sus compañeros Mario y Omar, y al camión de Agua Arroyo, para intentar pasar hacia San Pedro Sula. Gustavo es el sostén de su madre y abuela. La crisis post electoral lo estaba golpeando duramente. Por las protestas no podía ir a trabajar, y no tenía dinero para comprar comida. Su familia cuenta que él trabaja desde los 8 años vendiendo agua y halando bultos en el mercado, lugar donde lo apodan como “El mudo”.
Cuando los muchachos iban en el camión a la altura del puente La Democracia -desalojado y resguardado por militares-, unos elementos de la Policía Nacional los detuvo pidiendo sus documentos. Gustavo era el único sin identificación. Razón por la que lo subieron a una patrulla, golpeado, torturado y llevaron la posta policial.
Los abogados de Gustavo sostienen que él fue golpeado en la cabeza y la espalda con furia. Se le colocó una bolsa negra en la cabeza provocando asfixia. En esos días la Policía y el Ejército estaban siendo fuertemente cuestionados a nivel nacional e internacional por tratos crueles e inhumanos contra manifestantes. Por detenciones arbitrarias y por el asesinato de al menos 22 personas en las protestas, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras.
Unas dos horas después de estar en las bartolinas, lo llevaron junto a una mesa donde habían colocado dos botellas oscuras de cervezas y unas bolsistas con supuesta marihuana. A esa hora de la mañana, ya había sido detenido Jhony Salgado, otro preso político acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial. Ambos jóvenes no saben leer ni escribir pero fueron obligados a colocar sus nombres en la denuncia contra ellos.
Gustavo y Jhony fueron rápidamente presentados ante los medios de comunicación como criminales de alta peligrosidad. Organizaciones de derechos humanos se movilizaron para constatar que se trataba de dos víctimas más de la crisis post electoral, comenzando así el trabajo de exigencia para su liberación.
Pero esa mañana no acabó ahí. La policía tiene otra versión de los hechos. Una que pesa más en el actual sistema de justicia, y que, a casi dos años de la crisis post electoral mantiene a Gustavo preso en el centro penal de El Progreso.
Resulta que el agente de la policía de investigación Edwin Josué Wada Herrera asegura que, ese día recibieron una llamada anónima denunciando que, en un colegio del barrio San Miguel se elaboraban bombas molotov. La policía estaba indignada con el tema porque un día antes había fallecido el policía Maikin Ramírez, quien resultó herido de gravedad al recibir el impacto de una bomba molotov en su cabeza.
Sin especificar si fueron o no al supuesto colegio a investigar la elaboración las de bombas, el agente dice que vio caminando sospechosamente a un sujeto que portaba un sombrero y pañuelo rojo. Al requisarlo encontró las dos botellas de cervezas en la cintura del hombre y las bolsitas de marihuana. Por lo que fue detenido y puesto a la orden de la fiscalía.
Durante el juicio a los agentes Edwin Wada y Hernán Urbina se les interrogó sobre el lugar específico donde se detuvo a Gustavo. Los dos manifestaron que en la calle, sin lugar específico porque no lo había. Situación que genera desconfianza porque esa zona hay un supermercado, auto banco, pizzería, colegio, escuela, clínica privada y una diversidad de locales comerciales. Incluso, las instalaciones del Ministerio Público se ubican en este barrio.
¿Cómo es posible que en el informe policial no salga detallado el lugar donde supuestamente detuvieron a Gustavo?, dijo en Radio Progreso, cuestionando el papel de la policía, la abogada defensora Priscila Alvarado.
En el juicio uno de los jueces que integra el Tribunal de sentencia manifestó que no había claridad en la fecha del reporte policial. Parece que es reporte del año 2011 y no 2017. Situación que genera más dudas e indignación en la ciudadanía que ha acompañado el proceso de criminalización contra personas detenidas por razones políticas durante la crisis.
El psicólogo Cristian Murillo, representante del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, Caprodi dice que, Gustavo es el primer preso discapacitado con fines políticos en el país, por lo tanto, es condenable que el Ministerio Público en base a pruebas falsas sostenga una acusación para culpabilizar a la víctima más indefensa de los más indefensos. “Estamos documentando este caso para presentar ante organismos internacionales de derechos humanos, no importando cual sea el fallo en el juicio”, dijo Murillo.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras demanda la liberación inmediata de Gustavo porque su proceso ha estado plagado de irregularidades. Los jueces le han negado la posibilidad de defenderse en libertad. Lo han tratado como un delincuente de alta peligrosidad cuando es un joven con discapacidad mental, denuncia el Comité.
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