Marpa
Jesús Regalado. Apolinaria Urrea. Lilian Urrea Sagastume y María Arcadia Ramos
Varias mujeres que sufrieron torturas, vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la comunidad Guadalupe Carney, cargan con las huellas del dolor producido, pero abrigan la esperanza de alcanzar justicia en el sistema interamericano.
Se trata de mujeres campesinas que también fueron víctimas de la masacre perpetrada por guardias de seguridad en la finca El Tumbador que dejó 5 campesinos asesinados, en un hecho sangriento ocurrido el 15 de noviembre de 2010.
Actualmente reciben acompañamiento y atención psicológica de personal especializado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Militares y Guardias en el Bajo Aguán
Tanto el COFADEH, como Abogados Sin Fronteras/Canadá y la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), organizaciones peticionarias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentaron el caso “Tumbador” en 2018.
La petición surge a raíz de los pocos resultados en las investigaciones, en la identificación y juzgamiento de los responsables, así como la poca diligencia en asegurar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, una adecuada reparación.
Las organizaciones peticionarias demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado de Honduras es responsable del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las víctimas, en virtud de la represión violenta de la manifestación pacífica de los campesinos causando la muerte de cinco personas.
Asimismo, atestiguarán sobre la falta de investigación por intento de asesinato de Francisco Celedonio Ramírez Licona, Pedro Deras Olivera, Marvin Jerónimo Méndez Leiva, Abraham Martínez Ventura, víctimas de heridas de gravedad por armas de fuego y la detención y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra Apolinaria Urrea Sagastume, Lilian Elizabeth Urrea Sagastume, Jesús Regalado y María Arcadia Ramos Santos.
Apolinaria Urrea dijo a www.defensoresenlinea.com que la vida no ha sido fácil, ha habido temor y vemos que no ha habido respuestas de lo que pasó. Ha sido muy duro para nosotras porque vivimos un momento en el que creímos que perdíamos la vida, pero gracias a Dios, él nos protegió y aquí estamos.
“Pero sí esperamos que haya una respuesta buena para todos los que estuvimos a punto de morir y también para las mujeres que quedaron viudas con sus niños”, demandó Urrea.
Por su parte María Arcadia Ramos expresó que su vida no ha cambiado después de los hechos del 15 de noviembre de 2010. “Me siento mal, me pongo a pensar y digo: Esto hacia dónde nos va a llevar, en qué nos podrá ayudar. Si la familia Facussé se quedará con la finca o será que no nos va a dar nada, será que nos van a ayudar o nos vamos a quedar sin ninguna ayuda. Siempre paso pensando lo que sufrimos”.
Ramos señaló que a lo largo de los años ha brindado testimonio de los hechos y que siente que el caso no avanza. “Y pienso, será que va a suceder algo, y siento que a veces flaqueo por la duda”.
Durante 9 años, María Arcadia ha tratado de olvidar lo que pasó, aunque afirma que, en momentos, las torturas, las amenazas de los guardias de seguridad, la pistola en su cabeza, vuelven a su mente.
“Seguimos adelante, pensando en nuestros trabajos y cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque no crea, yo tengo bastante complicación en cuanto a las tierras, debido a que estoy enfrentando un proceso judicial y me preocupa; porque a veces no tengo ni para comprar frijoles, ni una libra de azúcar”, explicó,.
El 15 de noviembre de 2010, María Arcadia, junto a las demás mujeres que la acompañaban, vieron cómo caían los campesinos heridos producto de las balas disparadas por los guardias de seguridad que se apostaron frente al portón de acceso y en otros puntos dentro de la finca.
“Vimos a Noño (Francisco) herido del rostro, oímos aquella gran balacera, nos escondimos, pero al ratito venían unos 15 carros 4X4 color crema, llenos de policías. Más atrás venían unos camiones, y unas volquetas llenas de militares y gente civil, y esos fueron los que nos rodearon a nosotras arriba, cuando nos hicieron la emboscada”, detalló.
Añadió que cuando ya había pasado la balacera, intentamos salir de donde estábamos, pero cuando nosotras queremos salir, ellos estaban quietos tirados en el suelo (policías, guardias de seguridad, civiles armados con camisetas blancas arremangadas).
“Cuando salimos a la calle vimos a todos que estaban ahí, yo sólo recuerdo que me pasé la mano por la cara, y dije: ¡Hoy sí terminamos, la vida se nos fue! Entonces vinieron todos y nos encañonaron, entonces dijo un hombre que supuestamente era el jefe de ellos: No, no las vayan a matar vamos a entrevistarlas”.
Nos agarraron y nos llevaron a entrevistarnos, nos preguntaron si éramos del grupo de la gente que andaba invadiendo tierras, y nosotras les dijimos que no, que éramos madres solteras y que íbamos a trabajar a la finca de Nájera para mantener a nuestros hijos, comentó María Arcadia.
Nos preguntaban si éramos familia de los campesinos, que si conocíamos al dirigente y que de dónde éramos nosotras. Entonces le preguntaron los mismo a las otras.
Me acuerdo que un peludo dijo: ¡Estas mujeres lo que merecen es violarlas, pero entonces les dijo el jefe, no, nadie ha venido a violar mujeres, traemos orden de matar, nosotros andamos matando, no andamos violando, eso sí lo dijo él, aseguró la mujer!
“Nos agarraban del pelo, nos tiraban al suelo, nos levantaban de vuelta, nos decían que nos sentáramos, que nos paráramos; nos trepaban a un carro, nos bajaban de vuelta. Nos ponían unos cuchillos acá bien afilados y nos ponían las pistolas acá, nos decían que abriéramos la boca y nos amenazaban que nos iban a disparar, y yo decía: ¡Con la primera que maten, ya nos fuimos todas!, narró a www.defensoresenlinea.com, María Arcadia Ramos.
Los interrogatorios, las torturas psicológicas y los tratos crueles contra las mujeres se extendieron por un espacio de 5 horas, dado que la masacre se ejecutó antes de las 7:00 de la mañana.
El 15 de noviembre de 2010, en medio de un gran desplazamiento militar y policial en la finca de palma africana conocida como “El Tumbador”, jurisdicción de Trujillo, Colón, guardias de la empresa Orión, que brindaban servicios de seguridad a la Empresa Dinant, (en posesión de la finca), emboscaron y mataron a disparos a 5 campesinos que se preparaban para trabajar la tierra.
Los campesinos asesinados fueron identificados como Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Sauceda Pastrana
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