El 15 de octubre se presentó en el Congreso Nacional de Honduras una moción exhortando al poder ejecutivo, a que, por medio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, promueva la moción para convertirse en proyecto de ley. Esta contiene varias clausulas, entre ellas una disposición que intenta criminalizar a aquellos que “promueven” la migración. El amplio marco de aplicación del texto es causa de preocupación en un contexto en el que se criminaliza a a las personas defensoras de derechos humanos que proporcionan ayuda humanitaria a las personas migrantes. Dicha moción fue aprobada y se nombró a una comisión legislativa que acudirá al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, quien, de avalarla podría convertirse en un proyecto de ley.
El texto, presentado por el diputado por el Partido Nacional, David Chávez, establece en el párrafo 5 que se perseguirá penalmente a “Quienes pongan en riesgo la vida y libertad de las personas promoviendo la migración ilegal masiva, (….) sin importar si recibieron dinero a cambio” y prevé la posibilidad de extradición para estas personas. Esta narrativa deja espacio a la interpretación de que las personas defensoras de derechos humanos, que suministran su ayuda incondicionalmente a las personas migrantes, podrían ser traficantes de personas por proporcionar este apoyo y defender el derecho de las personas en tránsito.
Asimismo la moción busca extender la militarización de las calles e incrementar el numero de cárceles de máxima seguridad. En julio de 2017, el Comité de Derechos Humanos advirtió contra la militarización de las fuerzas del orden y exhortó a Honduras a fortalecer la Policía Nacional en vista de que puedan incorporar funciones de aplicación de la ley de las fuerzas armadas. Las organizaciones de la sociedad civil en la región han documentado por mucho tiempo la manera en que, en los países latinoamericanos, el despliegue de fuerzas militares para atender asuntos civiles causa un aumento en los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, además, la militarización provoca que las rutas se diversifiquen y se vuelvan más clandestinas, lo que provoca que sean más peligrosas y las personas estén más expuestas a violaciones a sus derechos.
La moción también busca establecer una doble condena para las personas extraditadas, sugiriendo que una vez cumplan su condena se trasladen automáticamente de nuevo para enfrentar sus procesos penales en Honduras.
Esta moción se presenta en el contexto actual de crisis migratoria en centro y norte América, en donde los y las defensoras son constantemente objecto de difamación y criminalización. En este sentido, las acusaciones más comunes incluyen el tráfico y la trata de personas, así como la colaboración con grupos criminales. En México, Honduras y Estados Unidos este discurso difamatorio se ha llevado a cabo por autoridades de alto perfil, alimentando la estigmatización y dificultando la labor esencial de ayuda humanitaria, rescate en el desierto, educación en derechos humanos y organización comunitaria que realizan los defensores y defensoras.
Front Line Defenders ha documentado de manera extensa los riesgos a los que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan llevando a cabo su esencial trabajo defendiendo el derecho a solicitar asilo, establecido en el articulo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellos, detenciones y arrestos, deportaciones, detenciones y juicios, difamación y amenazas y vigilancia, intimidación y agresiones físicas y verbales.
Front Line Defenders muestra su profunda preocupación dicha moción, la que, en caso de convertirse en ley, podría ser potencialmente usada para criminalizar el trabajo de defensores y defensoras de los derechos de los migrantes. Asimismo, Front Line Defenders insta a las autoridades estatales a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que dicha moción cuenta con la consulta y diálogo con distintos actores de la sociedad civil antes de convertirse en proyecto de ley.
Finalmente, Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de Honduras a que se abstengan de llevar a cabo acciones y declaraciones que estigmaticen y expongan a mayor riesgo a las personas defensoras de migrantes y que, por el el contrario, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de defensa de derechos humanos de manera libre y segura.
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