Hondureños en Tijuana: ¡Sí se pudo!

Open Democracy

Por Danica Jorden  

¿Quién podía imaginarse que un grupo de personas pobres en chanclas y con 200 lempiras (8 dólares) en el bolsillo conseguirían un triunfo como éste?

El paso fronterizo en esta dirección es un lugar muy concurrido. Con suerte, se tardan horas en llegar a la cabecera de la larga cola de coches y autobuses.

Se avanza muy lentamente y los vehículos suelen mantener sus motores en marcha, con lo que el aire se hace irrespirable por los gases de escape. Un poste metálico anuncia "Estados Unidos" y en la base lleva grabado "Welcome" en inglés, japonés, tailandés, alemán y otros idiomas. Decenas de millones de personas cruzan esta frontera cada año desde Tijuana, México, hasta San Diego, Estados Unidos.

Casi 3.000 hondureños llegados a pie y en autostop desde su país natal a través de Guatemala y México se encuentran ahora atrapados en el lado mexicano de la frontera de Estados Unidos. Concretamente en la ciudad de Tijuana, a la espera de que sus solicitudes de asilo se procesen y se admitan. Algunos cuentan con familiares o amigos en algún punto del recorrido, otros simplemente sabían que tenían que irse.

El grupo, conocido como la Caravana, comenzó su marcha de 4.400 km en San Pedro Sula el 12 de octubre. Un 30% son menores, hay muchas mujeres con bebés y niños de corta edad, niños y adolescentes no acompañados, jóvenes y adultos LGBTQI e incluso personas mayores y personas con discapacidades. Huyendo de la región más homicida del mundo, se han acogido a la seguridad que da ir en grupo para realizar el viaje hacia el norte.

En Tijuana, ciudad costera de 1.3 millones de habitantes que se alza junto a los recién instalados rollos de alambre de cuchillas y pilones de acero que hacia el oeste se adentran un poco en el mar desde la playa y tierra adentro en el desierto hacia el este, la Caravana no destaca por su número de integrantes.

Incluso si se le uniera otra caravana hermana de 2.000 personas, juntas no sumarían más de los que suelen acudir aquí a eventos deportivos o conciertos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en cambio, arresta o detiene cada año a más de 500.000 personas por "entrar ilegalmente" en el país.

Pero desde el momento mismo de su inicio espontáneo en una estación de autobuses en San Pedro Sula, cerrada por ser de noche, con las madres cuidando a sus bebés en la acera, la Caravana captó la atención y se convirtió en auténtica obsesión del líder de la nación más rica y poderosa del mundo.

Primero, el presidente Trump intentó provocar miedo y odio ante una "invasión" de inmigrantes en el contexto de las elecciones de mitad de mandato, dedicando millones de dólares y miles de soldados a "asegurar la frontera" del lado de Estados Unidos.

Pero sus esfuerzos por ganar votos para el Partido Republicano en su deriva derechista y mantener el control de la cámara legislativa fracasaron, ya que los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes y los votantes eligieron a un número sin precedentes de mujeres para cargos públicos en todo el país. Percatándose tal vez de la llegada de una nueva marea tras las elecciones, Trump apenas mencionó la Caravana en sus prolijas contribuciones matutinas en Twitter, su medio de comunicación preferido.

El actual gobierno estadounidense también ha fracasado, al menos por ahora, en su intento de cambiar las leyes que rigen la admisión y el procesamiento de las solicitudes de asilo.

El 9 de noviembre, la Casa Blanca emitió una declaración en la que se especificaba que se prohibiría solicitar asilo a cualquier persona que llegase a un paso fronterizo de Estados Unidos, a pesar de que es claramente imposible que los caravanistas puedan reunirse en los puestos de frontera y quedarse un mes a la espera de respuesta a sus solicitudes.

Un juez federal dictaminó que la prohibición estaba fuera del alcance de la autoridad del presidente y dictó una orden anulando temporalmente lo dispuesto en la declaración.

Curiosamente, los 5.600 efectivos militares de refuerzo que Trump mandó a la frontera no se fueron hacia Tijuana, que era el lugar hacia donde se dirigía la Caravana. Estas fuerzas, fuertemente armadas, se han estacionado en McAllen, Texas, y se han dedicado a desenrollar e instalar alambres de cuchillas a lo largo de la frontera, a 2.449 km de distancia de Tijuana. El presidente solicitó 59 millones de dólares adicionales para el control de fronteras el lunes 19 de noviembre.

Por desgracia para los inmigrantes y solicitantes de asilo, ese mismo día el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) concedió a sus agentes mayor discreción para denegar visados y acelerar la deportación de víctimas de delitos y violencia doméstica (que normalmente calificarían para la obtención de visados T y U respectivamente), víctimas de trata de personas, viudas/viudos, cónyuges e hijos menores de refugiados, y otros grupos especiales. Un gran número de los que integran la Caravana podrían caer en alguna de estas categorías.

El alcalde de derecha de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, se ha posicionado llamativamente en contra de la Caravana llamándola "tsunami de vagos y marihuanos", lo que le valió el respeto de Donald Trump cuando ambos se retwittearon y malinterpretaron durante el fin de semana.

Gastélum también ha sido el inspirador de una protesta en Tijuana, pequeña pero vocal, contra la presencia en la ciudad de los hondureños que ha merecido mucha atención por parte de los medios de comunicación.

Por lo demás, la empatía con la Caravana es importante. Tijuana ha sido desde siempre sede de varias organizaciones caritativas de apoyo a migrantes y deportados, como Border Angels y la red católica de Casas del Migrante. Pero la pobreza está ahí siempre y las organizaciones solo pueden ayudar hasta cierto punto.

Pueblo Sin Fronteras, el grupo que ha organizado caravanas anteriormente en América Central, compartió un mensaje de Nicole Ramos anunciando cinco matrimonios LGBTQ entre participantes de la Caravana en Tijuana, oficiados por pastores de la Iglesia Universalista Unitaria.

"Hoy el mundo ha visto que no se puede detener el amor, ni por parte de los gobiernos, ni de la homofobia o la transfobia, ni del crimen organizado, ni por supuesto tampoco con muros o fronteras", escribió Ramos.

En estos momentos, los miembros de la Caravana están subsistiendo a base de frijoles y Cheezits, durmiendo en la playa en tiendas de campaña donadas y en cobertizos de fabricación propia. ¿Quién podía imaginarse que un grupo de personas pobres en chanclas y con 200 lempiras (8 dólares) en el bolsillo conseguirían un triunfo como éste?

Han conseguido atraer reconocimiento internacional a la difícil situación de su país y de su gente, se han organizado y se encuentran a las puertas de su objetivo. A su llegada a Tijuana, algunos jóvenes integrantes de la Caravana treparon por la valla fronteriza y gritaron: "¡Sí se pudo!"

FMI ¿Vamos bien, pero estamos mal?

Alainet

Por Javier Suazo 

Foto: el heraldo.hn

La Misión del FMI concluyó la visita a Honduras, con un pronóstico halagador para las autoridades de gobierno, según Esteban Vesperoni, jefe de Misión. La estabilidad económica se mantiene, y se espera un crecimiento sólido de 3.5% para 2018, inflación menor de 5%, déficit en cuenta corriente de 3.2%/PIB y mayor estabilidad en las finanzas públicas. 

Prácticamente seguimos con el mismo libreto iniciado en 2013, que privilegia objetivos de corto plazo por sobre los objetivos de desarrollo, en el entendido que mayor crecimiento no es sinónimo de desarrollo, más aùn si se sitúa por debajo de un rango de 5% a 6% anual y no se sostiene.

No interesa que sectores crecen, muchos menos el aumento del desempleo y la pobreza. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la tasa de desempleo abierto se situó arriba del 7.4%/PEA en 2017 y la tasa de pobreza observó una resistencia a la baja al afectar 64.3% de la población. No obstante, la última encuesta del INE (2018), dice “milagrosamente” que la tasa de desempleo abierto bajó a 5.7%/PEA y la pobreza abarca sólo al 61.9% de la población. Estas cifras recién publicadas contradicen el testimonio de los migrantes en cuanto a que se van del país por la falta de oportunidades de trabajo y violencia.

El FMI se reunió con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), exigiendo sus dirigentes eliminación de trámites burocráticos e impuestos para invertir y generar puestos de trabajo; empleos mayormente espurios y de mala calidad insuficientes para garantizar la reproducción de los medios materiales de vida del trabajador, otra de las causas de la pobreza, violencia, drogas y migración.

El gobierno de la República, con apoyo del sector privado y dirigentes de Centrales Obreras denominados “tarifados”, suscribieron un pacto que dará vida a una Política Nacional de Empleos (PNE) Dignos y Productivos sustentada en cuatro ejes: Un entorno propicio para creación y desarrollo de empresas, lo que implica reducir trámites en más de un 400% e impuestos, incluyendo los impuestos municipales; b) Mayor competitividad del país, para avanzar posiciones en el Índice de Competitividad, principalmente en lo que respecta a la sofisticación de mercados e innovación.

Honduras ya cuenta con una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad (ENIC), pero que duerme el sueño de los justos en la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y Secretaria de Finanzas (SEFIN); 3) Desarrollo de Capital Humano, un sueño largamente acariciado en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que implica en Honduras, según el COHEP y maquiladores, la refundación del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), incorporando al sector privado en la administración y gestión técnica, administrativa y financiera. Finalmente, la generación de empleos, idealmente no espurios y sostenibles, o sea más allá del pago del salario por hora que literalmente no ajusta.

El presidente Juan Hernández con ministros, empresarios 

y dirigentes obreros. Foto el heraldo.hn

La Misión del FMI también escuchó de medidas de rescate de las empresas públicas (ENEE y HONDUTEL principalmente), y las acciones para la privatización del Puerto de San Lorenzo en el departamento de Valle. La partición de la ENEE en tres empresas (trasmisión, generación, distribución) es una de las soluciones propuestas, integradas a una empresa conjunta de mayor tamaño, en su mayor parte de capital privado (nacional y externo).

En el caso de la ENEE, el cuestionamiento viene por la gran cantidad de recursos (préstamos) que se ha contratado para cubrir deudas y el déficit financiero que no se ha logrado reducir, incluso utilizando 200 millones de lempiras de la tasa de seguridad (Tasón) que sirve para fortalecer el presupuesto de Seguridad y combatir la delincuencia. Se sabe que la mora de la ENEE con las empresas generadoras de energía, supera los 34,000 millones de lempiras más intereses (un déficit acumulado superior a los 51,000 millones de lempiras). También, se ha decretado un ajuste draconiano a las tarifas (trancazo) que afecta mayormente a la clase media con ajuste de entre 15% y ·25% en el monto de la factura.

EL tema de la ENEE puede alargar el periodo de firma de un nuevo convenio con el FMI, ya que el gobierno (como supervisor) y las empresas no han cumplido con las metas establecidas, especialmente lo referido a la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas y fortalecimiento de la infraestructura (inversiones) en el tiempo previsto. Hay una percepción en organización de sociedad civil que todo lo que se hecho en la ENEE es para acelerar el proceso de privatización de las generadoras eléctricas en su poder, igual que la ineficiencia en la reducción de las pérdidas es compensada con mayores ajustes en las tarifas cada tres meses con subsidios marginales y temporales para población de bajo consumo localizada en zonas marginales.

Al FMI le preocupa además el aumento del endeudamiento. Datos de SEFIN muestran que la deuda pública interna se disparó de 47,9 miles de millones de lempiras en 2012 a 97,7 mil de millones de lempiras en 2017, un aumento de 103.9% con tendencia a aumentar más en 2018 y 2019, entre un 18% y 19% del PIB. Ello presiona para aumento del servicio de la deuda interna, al cual el gobierno tiene que hacer frente.

Se espera que Honduras, tal como sucedió en el pasado, acelere la depreciación del tipo de cambio para evitar -según el FMI- perdidas de competitividad con sus principales socios regionales y extrarregionales, de cara a la firma de un nuevo convenio. El mecanismo de subasta de divisas se ha ido flexibilizando para permitir mayor retención de divisas por los agentes privados. Si se compara con enero de 2013, el tipo de cambio nominal para compra (precio promedio del dólar) se ha depreciado en un 20.9% a noviembre de 2018. Esta aceleración se comerá el ajuste de salarios de un 5% máximo que se negocia para 2019 con el sector obrero, pero también afectará el ingreso de los empleados públicos e informales, ya que muchas de las medicinas que necesitan se volverán prohibitivas ya que no hay en los hospitales públicos. Los industriales, mypmes y dirigentes obreros no contaminados, han venido pidiendo que se vuelva al mecanismo de subasta de divisas y el Banco Central de Honduras (BCH) ejerza el control, no los exportadores o banqueros.

Aunque ya empezó, la privatización del sector salud y educación es una asignatura pendiente para el FMI y el mismo gobierno. El Comisionismo Burocrático creado para tales propósitos todavía no ha cumplido su función, pero el FMI pedirá acelerar este proceso, con los efectos negativos en los bolsillos de la población que ello conlleva. Igual exigirá combate frontal a la corrupción, en tanto está en riesgo el pago del dinero prestado por sus socios en el tiempo previsto; sin descuidar la reducción de la masa salarial a menos de 8%/PIB en 2018, valores manejables tal como lo establece la política (camisa de fuerza) macro fiscal de mediano plazo.

Los dirigentes de los partidos de oposición deben seguir de cerca las negociaciones con el FMI, ya que el circo político puede ser un distractor para nuevos trancazos y privatizaciones de servicios públicos en contra del pueblo-pueblo y un baño de bálsamo para JOH y gobierno.

Continúa la criminalización por la defensa de la tierra en Playa Blanca

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

Cuatro integrantes de la Asociación Para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), continuaron hoy un proceso en el que se les criminaliza por la defensa de la playa y las tierras en la comunidad de Playa Blanca, una de las diez comunidades de la Península de Zacate Grande.

Las defensoras son Oneida Gonzalez, Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, quienes deben comparecer al Juzgado de Amapala, municipio de Valle.

Se les acusa por los supuestos delitos de usurpación, daños a la propiedad privada y amenazas contra empleados del terrateniente Jorge Luis Cassis, informó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), parte de sus integrantes acompañan la audiencia.

A las y el imputado se les señala por la defensa de un terreno por el cual, en el 2015, se procesó a Abel Pérez, Santos Hernández y Tomás García, a los primeros dos se les condenó a cinco años y un mes de prisión, actualmente el proceso está en Casación, informó la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que lleva parte de la representación jurídica.

Lo que cambia en este nuevo caso, es que las supuestas amenazas son contra los empleados de Cassis, mientras que a Abel y Santos el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, los condenó directamente por amenazas contra el terrateniente, explicó un integrante de la REDEHSUR.

Oneida Gonzalez, Veneranda Cruz, Yesica Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, tienen estas acusaciones desde abril del 2018, y fueron presentados hasta hace unas semanas por la Red de Abogados de la zona sur de Honduras, quedando con medidas sustitutivas a la prisión de no salir del país, no acercarse al predio en disputa, no tener contacto con el terrateniente ni empleados e ir a firmar cada 15 días al juzgado de Amapala.

Entre estas medidas, los y las defensoras destacan que, el predio al cual tienen prohibido el acceso, es un paso obligado para llegar a sus comunidades en Playa Blanca y Puerto Sierra, y es un lugar de carga y descarga no solo para los pobladores, sino para el comercio.

Por otra parte, ir hasta la Isla del Tigre, representa un coste económico difícil de sostener, por esta razón Abel y Santos estuvieron 101 días en prisión entre mayo y agosto del 2016, ya que, al no poder cumplir siempre esta medida fueron acusados de desobediencia.

La idea de recuperar el plantel de unas 50 varas cuadradas tiene un objetivo comunitario, en 2015 se limpió y adecuó el solar para parqueo y atender a las visitas en la Semana Santa, acción que realizaba un grupo campesino organizado que su vez son miembros de ADEPZA, y que se formó en noviembre del 2014.

Se llamó a una persona por vivienda, eran 34 familias, y ahora, según denunció la REDEHSUR y ADEPZA, vuelven a criminalizar tras la ampliación de requerimiento por daños a Abel Pérez, integrante de ambas organizaciones, Santos Hernández y su compañera de hogar María Concepción Martínez.

La defensora Nidia Castillo, de la Red de Abogados, explicó a defensoresenlinea.com que la audiencia seguirá mañana miércoles 21 de noviembre, con una inspección en el predio.

La criminalización por la defensa de la tierra, ha deteriorado la salud de los criminalzados, don Tomás ha decaído mucho, aunque no fue condecorado estuvo sometido dos años al proceso judicial, y está noche doña Veneranda de 64 años, está en un hospital público ante la presión de la audiencia denunció ADEPZA.

El plantel ya había sido solicitado por los habitantes de Playa Blanca y Puerto Sierra al Instituto Nacional Agrario (INA), pero cuando se derogó el decreto 18-2008 se canceló la solicitud, ya estaban a punto de obtener el predio con la documentación que solo esperaba la firma de los representantes del Instituto de la Propiedad (IP), en Nacaome, detalló un defensor y poblador.

Supuestamente Cassis se lo compró a Carmen Malespin, quien irrespetó el decreto de la Constitución de la República que dice que 50 metro de tierra a la playa es de carácter nacional, y ellos (los terratenientes) se adueñan hasta de la playa, incluso hay un muro que recorre todo el caserío de Puerto Sierra hasta una propiedad de otro terrateniente entre la comunidad de El Zope y Playa Blanca, detalló el aldeano.

La comunidad se mantiene del cerco hacia el mar, sin embargo el terrateniente tiene documentos que se dice dueño de todo, agregó.

Por el momento se desconoce qué va a suceder con los nuevos criminalizados, los recriminados y se teme por la salud de los acusados. La REDEHSUR continúa con su labor de acompañamiento, documentación y denuncia, además se solidariza con su compañero miembro, Abel Pérez.

El avance del retroceso: Ganan con los prejuicios

Rebelión

Por Javier Tolcachier *

Es casi una de pistoleros en el (demasiado) Cercano Oeste del mundo. El capital ha entrado en una carrera rentista desbocada y no tolera el costo mínimo que garantice un remedo de paz social. La tecnificación y consiguiente eliminación de puestos de trabajo - en muchos casos alienantes – no ha traído liberación sino precarización y retroceso a una renovada servidumbre.

A su vez, millones de campesinos expulsados de la ruralidad ya no encuentran trabajo en los cinturones industriales de las grandes ciudades, sino simple y llana indigencia. Las fábricas prefieren robots, se retiran a otros mercados laborales mucho más “amigables” o simplemente fugan sus ganancias al Gargantúa de la especulación, que acaba tragándose la fantasía de un capitalismo otrora productivo.

En un desesperado intento de escapar de la miseria, masas de migrantes emprenden la travesía a otros lugares, encontrando vallas, muros, mares, ríos, policía de fronteras y todo tipo de obstáculos en el camino. En caso de llegar ilesos al ansiado paraíso, los espera la hiperexplotación, la discriminación y la dolorosa nostalgia del exilio, apenas mitigada por saber que su familia en tierra natal podría sobrevivir con las migajas obtenidas en suelo lejano.

Para el insensible capital, subsisten algunos problemas a resolver. Al ficticio, pero imponente valor agregado que ofrece la economía financiera, se opone un “costo agregado”, remanente del estado de cosas anterior. Costo con el que no está dispuesto a cargar.

Sin la transferencia necesaria de trabajadores jóvenes condenados a la desocupación, ¿cómo habrían de financiarse las jubilaciones de los mayores? Que para colmo de efemeistas son cada vez más... ¿Cómo habrían de pagarse sueldos a maestros y profesores de la educación pública, a profesionales de la salud, a servidores estatales? ¿Cómo, si en vez de solventarlo con impuestos proporcionales a sus ganancias, el capital se oculta en guaridas fiscales y pide a través de sus voceros “eliminar el déficit”? Es decir, la inversión social.

En su inmoralidad radical, el capital va más allá. El delito de evasión representa un doble negocio. Por un lado, exime de manera fraudulenta de responsabilidad impositiva. Por el otro, produce enormes agujeros en los presupuestos públicos, acudiendo luego en “ayuda”, para obtener fabulosas ganancias usurarias. El ladrón se vuelve rico prestándole a la víctima lo que primero le robó. Daño que en definitiva se traslada a la población sometida a este régimen infame.

Desde el punto de vista del capital, hay que achicar el Estado, pero no abolirlo. Sino ¿quién tomaría deuda y garantizaría luego este expolio tercerizado? A lo que hay que sumar la inefable atracción del consumo masivo, que ofrecido en cuotas, agrega interés usurario y nuevas alegrías al capital, reservando al pueblo puntuales malestares mensuales.

La plusvalía se extrae hoy de manera elíptica. A la desaparición de la relación directa entre amo y esclavo se corresponde un despojo refinado a través del crédito de consumo y los impuestos exigidos para pagar la deuda del Estado.

Guerra judicial y extrema derecha, gendarmes del capital

Al igual que en toda época histórica anterior, los pueblos no aceptan pasivamente la situación. Movidos por la evidente sinrazón capitalista salen a las calles a exigir derechos o, al menos, para impedir su eliminación. Las organizaciones populares y el descontento dieron así origen a gobiernos y líderes llamados a revertir la injusticia de un sistema para pocos.

Esto fue intolerable para el capital concentrado. Con ayuda de sus medios de difusión – propios o alquilados con publicidad – se habría de difamar y desacreditar a los rebeldes. La campaña publicitaria llevaba como nombre “corrupción” y el objetivo era extender sospechas sobre todo aquel que no comulgara con la injusticia agravada.

Esta maquinación publicitaria urdida por sutiles guionistas, se asienta y reproduce con facilidad debido a un prejuicio preexistente en la población acerca de un generalizado “ventajismo” criollo. Prejuicio que indica que no se puede confiar en las características de un pueblo presto a transgredir normas y obtener de ello beneficio.

Ventajismo que, en los casos efectivamente existentes, no es posible atribuir a una supuesta “idiosincrasia” local, sino al sistema de sobornos utilizado por la plutocracia empresarial para sus propios negociados.

La imagen europea de una población indígena carente de moral, sirvió anteriormente a designios de exterminio y represión y terminó naturalizándose en segmentos sociales tendientes a identificarse con la cultura opresora. De allí a pensar que los sectores plebeyos aprovechan la oportunidad de gobernar para “robarse todo”, hay sólo un paso.

Pero si la mentira falla, siempre queda el recurso de la persecución política, la proscripción y la represión. Recurso largamente utilizado por todos los poderes de la historia para evitar que sus privilegios sean abolidos, o al menos, limitados.

La cacería judicial en curso contra líderes políticos y sociales, contra organizaciones sociales, el llamado “lawfare” es acompañada de amplias campañas mediáticas para continuar abonando el nuevo viejo prejuicio sobre el “populismo”, o “la izquierda”. El objetivo es desorganizar toda posibilidad de resistencia popular e impedir su recomposición, desmoralizando a militantes y alejando adherentes. Esas campañas permanentes y cotidianas han abierto la puerta al hastío popular y al clamor por soluciones rápidas y de cuajo.

El neofascismo brota de esa cloaca comunicacional, junto a la falta de futuro que ofrece el real existente capitalfinanciarismo. Es el mismo camino demencial que el sistema contrapuso en las primeras décadas del siglo XX para contrarrestar el avance de las corrientes anarquistas y socialistas.

La ideología fascista encuentra arraigo una vez más en prejuicios preexistentes, convenientemente amplificados y distorsionados por discursos de odio. Sentencias que toman como blanco a inmigrantes, mujeres, la comunidad de diversidad sexoafectiva y todos los sectores con aspiraciones y conductas divergentes del imaginario normado patriarcal- y eclesiásticamente.

La corporación capitalista llama a escena entonces a personajes que blanden el garrote y prometen gobiernos para “restaurar el orden.” Orden que, efectivamente, ha perdido ya vigencia. Desorden, que asfixia a los pueblos.

Juicios y Pre-juicios

En la presente coyuntura, se multiplican las apreciaciones para entender el panorama y obtener la fórmula correcta que permita salir del pantano de retroceso histórico. Es justo considerar en el análisis de las actuales derrotas a factores objetivos como las campañas electorales de manipulación a través de medios y redes sociales, el desgaste de los gobiernos progresistas o la depreciación de materias primas que permitían cierta redistribución.

Como así también señalar y reparar el abandono militante de la formación y movilización social, producido en parte por las nuevas responsabilidades de un inmenso aparato burocrático de gobierno. O interpelar, sin autoflagelación, las concesiones dadas a los sectores conservadores como por ejemplo, la continuidad de la concentración en el sector de la comunicación, la banca y la propiedad de la tierra. Incluso reflexionar sobre cierta actitud reactiva y de inercia propositiva en los planteamientos del ideal revolucionario o reformista en tiempos vertiginosos.

Sin embargo, se hace necesario ir a mayor profundidad, destacando cuán subjetivas son las fibras que se tocan en esta dialéctica entre lo que se resiste a morir y lo que pugna por nacer. Por ello es que no ha bastado con mejorar las condiciones de vida objetivas de millones de personas para garantizar su ulterior apoyo a las políticas emprendidas.

Se trata de un ataque basado en categorías éticas (corrupción, valores, conductas), pergeñado desde un sector privilegiado cuya única moral es protegerse a sí mismo.

Se trata de discursos inmovilistas que entroncan con el intento de resistir la tormenta de cambios que barre con los hábitos del ayer. Argumentos que conectan en su esencia con el deseo de muchos de volver atrás o, al menos, de parar las agujas de un reloj que se mueve a velocidad pasmosa.

Se coloca en el horizonte de esperanza de los pueblos a energúmenos violentos que representan sólo una agudización del problema, pero cuyo discurso se apropia de la urgente necesidad.

Es importante apreciar cabalmente como la derecha ha utilizado el poder contestatario generacional, que se rebela siempre contra la estructura construida por la generación antecedente. Cada generación tiene una memoria diferente y eso explica porqué un joven, nacido después del final de una dictadura, puede llegar a aprobar un gobierno tutelado por los militares. Aunque no todos los miembros de una generación adhieran a una misma actitud política, es imprescindible leer y tener en cuenta los proyectos de las nuevas generaciones si es que se aspira a contar con ellos para emprender transformaciones profundas. Incluir revolucionariamente a los jóvenes, es estar dispuestos a adaptar proyectos gestados anteriormente en vez de forzar un alineamiento imposible de las nuevas generaciones con aquéllos.

El abandono, la expropiación de la espiritualidad y las vacas sagradas del racionalismo

Al panorama sistémico de exclusión y asfixia se suma el desgarramiento social producido por la ruptura de lazos. Soledad y desarraigo comunitario incentivados por una cruel cultura individualista, a lo que se agrega un tremendo vacío existencial que no es llenado por la dependencia consumista. ¿A cuál mástil abrazarse en este naufragio?

Esta carencia de relación y pertenencia, este abandono social de las periferias es lo que ha facilitado el avance político de la versión regional del fundamentalismo, las iglesias neopentecostales de diverso cuño.

Aunque no sea fácil penetrar su densa capa de oscurantismo, aunque sea manifiesto su sistema de desarrollo comercial y su oferta de prosperidad autosuficiente, debe señalarse que hay en la adhesión a éstas un elemento de necesidad que no puede menospreciarse en el análisis. Es inconveniente, pero sobre todo muestra de soberbia, degradar a quienes se enrolan en estas corrientes sin comprender la necesidad que los motiva.

El mundo actual evidencia la decadencia de una etapa de la historia, signada por un progreso material mal distribuido y confundido con la posesión de objetos como fuente de sentido vital. En ese transcurso se relegaron temas existenciales, al tiempo que se denigró, en nombre de un todopoderoso racionalismo triunfante, todo factor de espiritualidad como herramienta de sujeción popular y rémora de un oscuro pasaje medieval.

Quizás en un rebote de la historia o acaso impulsado por necesidades profundas, hoy las búsquedas de nuevos rumbos espirituales son un dato innegable de la realidad humana. Sin embargo, ¿debe tolerarse la expropiación de la espiritualidad, dejando que las religiones la reduzcan a rito, costumbre y obediencia? ¿Puede acaso aceptarse la verticalización social en nombre de un supuesto orden divino de las cosas, justificando así la desigualdad y la injusticia? Sin duda que estas viejas interpretaciones del quehacer espiritual serían una fatal regresión.

Esto hace evidente que las futuras revoluciones deberán incluir como componente de su utopía social una nueva espiritualidad, amplia, incluyente de la diversidad cultural y no verticalista, centrada en la empatía y la evolución humana. Un componente intangible coherente con el tipo de sociedad a la que se aspira y que sirva a las mayorías de sostén y bandera para abordar los necesarios cambios estructurales en la superficie social.

Una espiritualidad cuya ética libertaria promueva transformaciones al efectivo servicio del bienestar colectivo y generalizado. Una espiritualidad que no humille sino que enaltezca al ser humano, una espiritualidad humanista. No tener en cuenta esto supone dejar el terreno libre al campo retrógrado para que subordine al alma humana con prescripciones rígidas y antihistóricas.

Si el capital politiza la religión a la derecha, la izquierda puede espiritualizar la política, para que el mundo sea un hogar de verdadera compasión y vida digna.

Por otra parte, desde el análisis realizado, es manifiesta la prioridad estratégica de fortalecer el sentido de comunidad en la base social. Sólo desde allí podrán construirse las nuevas utopías.

De otra manera, continuarán ganando con los prejuicios. Y no sólo con los ajenos.

• Javier Tolcachier es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Argentina y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza.

Rumbo incierto de América Latina y el Caribe

Rebelión

Por Eduardo Paz Rada *

La ofensiva de los poderes fácticos de los grandes medios de comunicación, las oligarquías y burguesías locales, los aparatos judiciales, las iglesias fundamentalistas conservadoras y los partidos neoliberales, todos ellos apadrinados por los tentáculos del imperialismo, han conseguido en los últimos años revertir los procesos nacionalistas y antiimperialistas de liberación nacional así como los procesos de integración latinoamericana y caribeña que avanzaron en los años precedentes, abriendo un rumbo incierto en la política regional.

La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil es, en este periodo, la culminación de un Golpe de Estado contra la presidente Dilma Rousseff y la persecución sañuda y malintencionada contra Lula Da Silva, tomando en cuenta la importancia estratégica de Brasil en los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos. Por otra parte es también parte de la escalada de agresión la iniciada en 2014 contra la revolución bolivariana de Venezuela, el ascenso electoral del neoliberal Mauricio Macri en Argentina y el alineamiento de varios gobiernos en el llamado Grupo de Lima, adherido a las políticas Donald Trump.

Sin embargo, un viento de esperanzas se levanta con el triunfo electoral de Andrés Manuel Lopez Obrador en México quien, en sus primeras declaraciones, ha marcado clara distancia con los regímenes neoliberales de las últimas décadas, anunciado medidas para enfrentar los grandes problemas internos y manifestado su decisión de mantener mejores relaciones con sus pares latinoamericanos y caribeños. Marcando terreno ha invitado a Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y Miguel Diaz a su posesión el primero de diciembre próximo.

La importancia de México radica en la influencia continental que tuvo en su momento la Revolución Mexicana, su política internacional totalmente soberana frente a Estados Unidos hasta la llegada de los gobiernos neoliberales de los últimos treinta años. Fue durante treinta años (1959-1989) un defensor de la soberanía y los derechos cubanos frente a la embestida y el bloqueo norteamericano y ahora representa las posibilidades de frenar la ofensiva xenófoba del gobierno de Washington.

La política norteamericana sobre América Latina y el Caribe se inscribe en la dinámica de la multipolaridad de la geopolítica mundial y ahora enfrenta a la potencia política, económica, financiera, comercial y militar de China, Rusia, India e Irán que han desarrollando relaciones importantes con prácticamente todos los países de la región, dejando en una situación de debilidad e incertidumbre su tradicional hegemonía.

Esto no descarta que el gobierno de Trump continúe con sus amenazas, agresiones e invasiones tomando en cuenta que tiene más de setenta bases militares desplazadas en la región y su Cuarta Flota Militar en navegación permanente, con el apoyo cómplice de gobiernos como los de Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en Colombia y ahora Bolsonaro en Brasil, los que sin embargo empiezan a sentir las movilizaciones y protestas del pueblo contra sus políticas antinacionales y antipopulares.

Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.

Modelo depredador del régimen está causando severos daños al tejido social de la zona sur

Defensores en Línea

Por Marvin Palacios

El despojo de las tierras, la apropiación del agua y la extracción de los recursos minerales en que está basado el actual modelo impulsado por el régimen ilegal de Juan Orlando Hernández, en contubernio con grupos económicos nacionales y compañías extranjeras, está causando daños irreversibles al tejido social en la zona sur.

Estas consideraciones fueron expuestas tanto por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva  como por el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, al analizar la situación que enfrentan las comunidades de la zona sur.

Ambos defensores de derechos humanos fueron  invitados por la agencia de cooperación de las iglesias protestantes de Suiza (HEKS); en el marco de un encuentro nacional de organizaciones que actúan como co-partes en proyectos de defensoría de derechos humanos.

La zona sur del país está siendo devastada por las concesiones extractivas, los proyectos hidroeléctricos, los parques foto-voltaicos y el acaparamiento desmedido de tierras por parte de grupos económicos poderosos.

Los ricos y famosos acaparan cada vez más tierras en la Península de Zacate Grande y se han apoderado de casi toda la costa del Golfo de Fonseca, mientras tanto, grandes proyectos fotovoltaicos amenazan comunidades en el sector de Los Prados, en Namasigue, Choluteca.

Otras regiones como La Llave, en el departamento de Valle, soportan los efectos negativos para la salud humana y animal que provoca el más grande parque fotovoltaico (paneles solares) de América Latina, instalado en esa zona.

Entre tanto, la ampliación del puerto Henecán supone daños irreversibles a la fauna marina y las concesiones mineras y la instalación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES), en la isla El tigre y Exposición, estarían desplazando a centenares de familias de sus lugares de origen.

Edy Tábora expuso que el país se debate en un tema de disputas económicas que parten de un proyecto de despojo, que ha acomodado las relaciones nacionales e internacionales, con la restricción de derechos.

“La disputa es por la tierra, por el agua, el empleo digno y por la costa del golfo de Fonseca. Todas esta expresiones de poder están provocando acusaciones, privados de libertad, criminalización, desplazamientos forzados, e incertidumbre, que rompe el tejido social que es a quien acompañamos como organizaciones de derechos humanos”, dijo.

Tábora señaló que frente a esta situación las comunidades han desarrollado mecanismos de resistencia y de lucha, a través de herramientas ciudadanas.

Entre esas herramientas ciudadanas, el director de C-Libre citó la organización, que es la que se practica los miércoles y sábados con las movilizaciones de protesta por las calles de Choluteca.

Tábora luego mencionó el derecho a la “asociación” mostrado de diversas formas como las caminatas, las tomas de calles y los campamentos de resistencia, entre otros, que son una forma de protesta social.

“…Todas esta expresiones de poder están provocando acusaciones, privados de libertad, criminalización, desplazamientos forzados, e incertidumbre, que rompe el tejido social que es a quien acompañamos como organizaciones de derechos humanos…”: Edy Tábora

El expositor citó además, las herramientas comunicacionales, que soportan la libertad de expresión de la ciudadanía que demanda el respeto de sus derechos. Esa libertad de expresión se ejerce a través de medios alternativos como las radios comunitarias o las redes sociales, que ejercen resistencia frente a la imposición del modelo económico y político.

“El derecho a la reunión de distintas formas, los foros, las capacitaciones, eso también implica el derecho a la reunión, entonces vemos que hay una resistencia basada en derechos y las asambleas comunitarias, que es un tema democrático, eso es derecho a asociación y derecho a reunión, porque las asambleas comunitarias permiten el debate, que es lo que estamos viendo de resistencia en el sur y en otras partes del país”, explicó el defensor de derechos humanos.

Siguiendo su exposición en torno a las expresiones de poder en la zona sur, Tábora habló sobre los abusos que comete la fiscalía y el poder judicial en conjunto con la empresa privada, a la denominó “corporación-empresa privada-estado”.

“Se deciden cosas entre la empresa privada, se deciden temas de libertades públicas, entre la empresa privada y el estado, esa es otra expresión del poder. Luego y sobre todo que hay una omisión permanente de los deberes de los funcionarios,  y esa es otra expresión de poder que normalmente no se nombra, porque también es una categoría de violación a los derechos humanos”, sostuvo.

Todo el tema de las concesiones, de los permisos de operaciones, los contratos que la municipalidad otorga implica temas jurídicos, y no solo son decisiones políticas;  sino que implican la generación de una relación entre el órgano que decide y a quién le favorece esa decisión, y eso se convierte en una normativa amenazante desde lo local, lo nacional y lo regional, comentó Tábora.

“Tenemos una nueva normativa que esta pronto a salir, que es el nuevo código penal que el movimiento social no lo ha estudiado. Está adecuada para desmovilizar basada en el derecho fascista, y un derecho fascista que tiene una institucionalidad que respalda como va a ser esto y también más militarización,  porque los proyectos extractivos siempre llevan detrás el guardián; en este caso los militares”, advirtió.

Por su parte, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva señaló que la zona sur es un reflejo de la situación del país.

“Este es un sistema fallido y fracasado y nos están obligando a que naveguemos con este sistema que ha favorecido al imperio, pero a nosotras hoy nos tiene totalmente desprotegidas. El sistema de justicia es el que nos tiene en estas condiciones, es el que nos estigmatiza, nos señala, nos hace requerimientos, nos pone presas”: Bertha Oliva

“Propugnamos a hacer resistencia basada en derecho, frente a un estado de derecho, deshecho, que nos deja en total indefensión. El desafío es que la zona sea de un acompañamiento colectivo”, dijo.

Oliva sostuvo que la lógica imperial viene para arrasarnos y acallarnos. Este es un sistema fallido y fracasado y nos están obligando a que naveguemos con este sistema que ha favorecido al imperio, pero a nosotras hoy nos tiene totalmente desprotegidas. El sistema de justicia es el que nos tiene en estas condiciones, “es el que nos estigmatiza, nos señala, nos hace requerimientos, nos pone presas”.

El sistema de justicia está manejado por un poder fáctico y lo usa a nivel nacional, es necesario que documentemos cada hecho, cada acción, cada violación de los derechos humanos, dijo Oliva.

Tenemos el caso de Bertha Cáceres, un caso colectivo a nivel nacional, con una observación internacional permanente, con entendidos en derecho, y ¿qué es lo que están haciendo con el caso en los tribunales?, irrespetando todo el sistema internacional de derechos humanos y a todos los expertos y a expertas. Vemos la brutalidad de cómo estamos en el país.

La destacada defensora de derechos humanos advirtió que en el sur,  la problemática inicia y con dureza ,porque quieren aplastar toda resistencia, y además es el ejemplo que quieren para sus réplicas en todo el país.

Bertha Oliva también habló de la cruda militarización que agobia a la nación y de la presencia de asesores militares israelitas, que cuando Juan Orlando Hernández visita alguna comunidad, han colocado una tecnología  capaz de silenciar las señales de los teléfonos móviles para impedir que la ciudadanía exprese su rechazo, ante la presencia del usurpador del poder.

“En el pasado enfrentamos guerras ideológicas, hoy son guerras económicas, y las guerras económicas son más atroces, porque arrasan con todo. Solo dejan el despojo, la miseria, la pobreza, la división y el desplazamiento de miles de personas”, comentó.

Es necesario que nosotros aprendamos a retomar lo del pasado, lo ideológico, porque es lo único que nos va a quedar, si nosotros nos agachamos a leer libros de aquellos tiempos vamos a entender la importancia y además cómo sobrevivir en una guerra económica. “La sobrevivencia es vital para cada militante que representa a organizaciones sociales o populares”.

Oliva citó que nos han metido desde hace mucho tiempo el miedo colectivo para paralizarnos, y el miedo no solo paraliza, sino que silencia, y a los avorazados empresarios a lo que le apuestan, es al silencio.

¿Por qué ha respingado (Donald) Trumph ahora?, porque antes tenía a la región silenciada, adormecida y la caravana de migrantes, colocó el problema de Honduras mundialmente y ya no solo es un problema político, es un problema social, un problema económico, un problema de seguridad, que exhibió y sacó cómo a la gente que se expresa en público, es reprimida, concluyó Bertha Oliva.

Corte Interamericana homologa acuerdo de solución amistosa en el caso Carlos Escaleras

Radio Progreso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH,  dictó una Sentencia, mediante la cual homologó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Honduras y los representantes del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. De conformidad con ello, se declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la muerte del defensor ambientalista, ocurrida el 18 de octubre de 1997, y la situación de impunidad parcial en la que se encuentra ese hecho.

Del mismo modo, el Tribunal declaró que el Estado es responsable por el menoscabo de los derechos políticos y  la libertad de asociación del ambientalista Escaleras Mejía, así como al derecho a la integridad de sus familiares.

Contexto

En el año 2003, el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj, junto con el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEJIL, presentaron tres  casos de ambientalistas asesinados en Honduras,  (Carlos Escaleras, Carlos Luna y Jeannette Kawas), tanto en el caso Kawas, como Luna, ya existen sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, sin embargo en el caso de Carlos Escaleras hubo un retraso por el Golpe de Estado, porque los familiares tuvieron una posición digna de no dialogar con el gobierno de facto.

En agosto del 2015, luego de varios acercamientos, los familiares llegaron a un acuerdo amistoso con el Estado de Honduras. Mismo que fue refrendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente presentado ante la CorteIDH.

El abogado Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric, explica que con la homologación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgó plenos efectos jurídicos al acuerdo amistoso entre la familia del líder ambientalista. Es decir, lo convirtió en una sentencia, y ahora el Estado tiene la obligación de cumplir los puntos acordados.

Señala que será la propia CorteIDH, la que se encargará del cumplimiento de la sentencia emitida.

Joaquín Mejía dice que si bien es cierto, se trata de un acuerdo de solución amistosa homologado, no se puede dejar por fuera la necesidad que se investigue a los autores intelectuales del crimen contra el ambientalista.

“Aunque hay dos sentencias condenatoria contra dos personas como autores materiales, es necesario continuar con las investigaciones sobre los autores intelectuales. Por eso el tema de investigación es fundamental para que el caso no quede parcialmente en la impunidad”, expresa Joaquín Mejía.

El derecho a defender derechos humanos

La abogada Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, destaca la importancia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque más allá de ser una homologación, la Corte aprovecha para reconocer el riesgo que existe en Honduras  contra las personas que defienden Derechos Humanos, y en concreto aquellos que defienen los bienes naturales.

“La CorteIDH le dice al Estado de Honduras, que está obligado a proteger a los defensores y defensoras, a garantizar que las personas se puedan asociar o ser parte de organizaciones, a tener acceso a la justicia”, explica Marcia Aguiluz.

Teniendo como base el acuerdo alcanzado en el 2015, la CorteIDH homologó la sentencia, y el Estado deberá tomar entre otras medidas; transmitir el documental elaborado sobre la vida y labor de Carlos Escaleras Mejía como activista de derechos humanos, continuar implementando el proceso de capacitación en temáticas ambientales a docentes del área secundaria, cumplir los términos pactados en el fideicomiso constituido en favor de los hijos de Carlos Escaleras Mejía con el fin de garantizar su educación secundaria y universitaria, realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones necesarias para deslindar responsabilidades, así como esclarecer los hechos y en su caso juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

La Corte hizo especial referencia al contexto de violencia contra defensoras y defensores de los recursos ambientales en el país, durante el período en que tuvieron lugar los hechos mencionados, destacando además, que se habían denunciado situaciones de explotación ilegal del gran patrimonio ambiental y amplia diversidad biológica que posee Honduras. En este sentido, la Corte destacó que la situación de inseguridad que sufren los defensores ambientales en Honduras se ha mantenido.

El voto rural le dice “NO” al continuismo de JOH y los proyectos extractivos

Radio Progreso

La consulta popular impulsada por la Convergencia contra el Continuismo (CCC) en San José, La Paz, superó en más del 20 por ciento el padrón electoral registrado para este municipio, y dijo un NO rotundo al continuismo de Juan Orlando Hernández y al modelo extractivista que él impulsa.

La mañana del domingo 19 de noviembre estaba más fresca de lo habitual. En muchas viviendas el humo de las cocinas se confundía con la  densa  de neblina que dejaba poca visibilidad en las calles del municipio de San José. El aroma del café se mezclaba con el entusiasmo de un pueblo que bajaba de los cerros a participar en la consulta.

“He caminado una hora para votar contra Juan Orlando y los proyectos de muerte que se impulsan en nuestro pueblo”, indicó María Pérez, mientras se alistaba a entrar a un centro de votación ubicado en el casco urbano del municipio. Sacó de una vieja cartera, su cédula de identidad y luego los integrantes de la Mesa Receptora la buscaron en el padrón electoral.

¿Cómo es esto? Preguntó doña María, con rasgos de la etnia lenca muy marcados. “Haga lo mismo que hace cuando va a votar en las elecciones”, le dijo el presidente de la Mesa. Segundos después le entregaron la papeleta y luego caminó hacia una improvisada casetilla para de inmediato hacer las marcas.  Segundos después regreso y depositó el voto en unas de las urnas.

“No se vaya porque tenemos que llenarle de tita su dedo pequeño”, le dijo un integrante de la mesa, mientras doña María se aprestaba a salir del centro de votación. “Esto es para asegurar que usted no va a votar a otro lado como se hace en las elecciones aquí en Honduras”, dijo en tono de broma un observador nacional de la consulta popular.

“Vine tempranito porque tengo que ir a cortar café a la montaña. Recuerde que aquí no andan los políticos de los partidos, ellos cuando son las elecciones hasta la chinean a uno para que vote por sus candidatos, pero aquí la cola se les ve. En esta consulta no hay dinero y nosotros lo hacemos por conciencia y voluntad propia”, indicó mientas tomada el camino rumbo a las fincas de café ubicadas en lo alto de las montañas.

La consulta incluía cuatro preguntas: 1 ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos? 2 ¿Usted cree que vivimos en un Estado de Derecho? 3 ¿Está usted de acuerdo que continúe Juan Hernández con el control del Estado? 4 ¿Está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en el municipio de San José?

Se ubicaron 12 mesas en cuatro centros en las aldeas; Aguacatal, Pedernal, La Florida y el casco urbano que lleva el nombre del municipio, San José.

 Una consulta histórica y genuina

La consulta popular que inició a las 7 de la mañana y finalizó a las 4:00 pm, superó en más del 20 por ciento el padrón electoral registrado para este municipio. Los resultados de la consulta fueron contundentes. El pueblo dejó claro que no está de acuerdo con el modelo privatizador de los bienes comunes y los servicios públicos. Los datos dan un 97.8% al NO, frente a un 0.2 % que votaron por él SI.

El pueblo también expresó  que “no vive en un Estado democrático de derecho”, con un porcentaje del 96.9% frente a un 0.7% que marcaron por el SI. Entretanto un 96.1% de los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a los centros de votación, opinaron que NO están de acuerdo con que Juan Orlando Hernández continúe con el control del Estado, frente a un 1.7 por ciento que votó a favor.

“Estos resultados contradicen lo que el Tribunal Supremo Electoral, dijo en las elecciones anteriores, que fue el voto rural que dio el “triunfo a Juan Orlando Hernández. En esta consulta popular quedó demostrado que no es verdad”, indicó el dirigente popular Carlos H Reyes, de la Convergencia contra el Continuismo.

Al mismo tiempo manifestó que este es un resultado histórico, porque al pueblo no se le consulta sobre este tipo de cosas que son de gran interés nacional. “Este es un proceso que debemos impulsar en todo el país y eso es lo que vamos hacer desde Convergencia contra el Continuismo”, indicó.

El 25 de enero de enero se desarrollará la próxima consulta popular en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, en el occidente hondureño. Queda pendiente la consulta a desarrollar en el municipio de Santa Fe, Colón. “La idea es hacerla en la mayor parte del país y de esta manera utilizarla como medida de presión popular ante las instituciones del Estado. Y aún falta por definir otras estrategias a seguir con los resultados de las consultas”, indicó Carlos H Reyes.

Intentos de manipulación

La consulta se desarrolló con total normalidad y tranquilidad, sin embargo, se denunció a la diputada y expresidenta del Partido Nacional, Gladis Aurora López, quien tiene fuertes vínculos con tres empresas generadoras de energía eléctrica y el apoderamiento de tierras en La Paz, trataba de boicotear el proceso.

“Envió a sus más cercanos colaboradores para que amenazaran a las personas que son beneficiadas con las bolsas solidarias y los demás proyectos gubernamentales, que sí participaban en la consulta popular iban a perder todo tipo de ayuda. Esto lo hizo con mayor fuerza en la comunidad El Aguacate, donde estaba instalada una urna”, indicó una representante de la sociedad civil de San José.

La diputada Gladis Aurora, vive en Marcala, La Paz, y es cercana colaborada de Juan Orlando Hernández. Además, mantiene un férreo control en el departamento de La Paz y tiene grandes intereses en proyectos extractivos. “Los proyectos que la vinculan son: El Aguacatal, San José de La Paz, el proyecto Los Encinos de Capital Variable y el de Guajiquiro”,  según la dirigencia  indígena Lenca.

No mentirás

Rebelión

Por Marcel Lhermitte *

Las últimas campañas electorales en América Latina nos sitúan en un escenario peligroso y nos proponen un nuevo desafío: brindar todas las garantías para que la ciudadanía tenga certezas de lo que vota sin ser víctima de la manipulación estratégica de los candidatos.

Con los antecedentes de 2017 y los resultados obtenidos, todo hace pensar que las fakes news y los ejércitos de bots tendrán un rol fundamental en las elecciones que se avecinan en América Latina en 2019, por lo que los ciudadanos de El Salvador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Argentina y Bolivia deberán tener especial cuidado a la hora de elegir presidentes, así como también, a menor escala, los de Ecuador, México y Colombia que votarán autoridades locales.

La gran fortaleza de la campaña del presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, se basó en las redes sociales, fundamentalmente en el uso del WhatsApp. El prestigioso diario El País de Madrid realizó una investigación, que publicó en sus páginas, en la que analizó grupos de esta aplicación de mensajería que formaban parte de la estrategia de campaña del ultraderechista.

“Se puede encontrar de todo en los grupos a favor de Bolsonaro: difusión de mentiras camufladas como noticias, vídeos que intentan desmentir publicaciones negativas de la prensa, mensajes de desconfianza hacia las encuestas y hacia el sistema electoral, y hasta falsos apoyos de famosos”, dice el artículo de El País, que agrega que “la propia campaña” del ahora electo presidente “distribuye informaciones falsas sin pudor”.

Parte de la estrategia de campaña es combatir a los “grandes medios tendenciosos”, según argumentaban los promotores de los grupos de WhatsApp –aplicación que tienen seis de cada diez brasileños–.

Hoy tenemos certezas de que las fakes news jugaron un papel muy importante en la victoria de Bolsonaro. Sí, hubo gente que votó engañada por la manipulación estratégica del equipo del candidato. Muchas de las mentiras pudieron ser desenmascaradas en el transcurso de la campaña, pero otras no, y quien finalmente resultó engañado es el pueblo. El daño ya está hecho en Brasil y es absolutamente irreparable.

Otra estrategia de campaña basada en la mentira y el engaño a la sociedad es la utilización de bots en redes sociales. Los bots son cuentas falsas que utiliza el equipo de campaña para desinformar ciudadanos, marcar la agenda, dar la sensación de apoyo popular al candidato, etc.

En la campaña presidencial del año 2017 en Chile, el candidato que resultó electo, el actual presidente Sebastián Piñera, tenía un 49% de cuentas falsas, que se dedicaron a las tareas anteriormente mencionadas.

Además, los bots, en muchas ocasiones, generan opinión, porque los medios de comunicación, desprevenidos en alguna oportunidad, publican hechos que ven en las redes sociales sin notar que no se trata de “conversaciones” entre personas, sino entre robots manipulados por un equipo de campaña.

La ciudadanía tiene que estar alerta ante este nuevo escenario, pero fundamentalmente los partidos políticos y los candidatos deben asumir el compromiso de regular y de dar las garantías necesarias para que el pueblo no sea engañado con perversas técnicas de campaña electoral.

De lo contrario estaremos haciendo un daño irreparable a la democracia y al sistema político, que ya se encuentra bastante desacreditado si tomamos en cuenta los estudios del Latinobarómetro 2017, donde consta que los partidos políticos son las instituciones que tienen menos credibilidad del continente.

Es el momento de regular y de brindar certezas. Se debe penar duramente la utilización de bots y de fakes news. América Latina no puede permitirse que nuevos gobiernos se erijan sustentados en las trampas, las mentiras y el engaño. Salvadoreños, guatemaltecos, panameños, argentinos, uruguayos y bolivianos tienen la oportunidad histórica de ganar en transparencia y dar una lección de democracia. De nosotros depende.

• Marcel Lhermitte es consultor en comunicación política y campañas electorales. Periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y gestión de Campañas Electorales. Ha asesorado decenas de candidatos y colectivos progresistas en Uruguay, Chile y Francia fundamentalmente. @MLhermitte

¿Hay una nueva derecha latinoamericana?

Alainet

Por Emir Sader *

La derecha latinoamericana se renovó y ensanchó sus fuerzas cuando adhirió al modelo neoliberal. Pasó a reivindicar el futuro, buscando relegar la izquierda al pasado. Incorporó fuerzas socialdemócratas e incluso de origen nacionalista, ampliando su bloque político.

La izquierda tardó un poco en reaccionar, un tanto atónita frente a tantos golpes – fin de la URSS, enfrentarse a una ofensiva global del neoliberalismo, perder los aliados socialdemócratas, debilitamiento de los sindicatos, de los Estados, de los mismos partidos. La afirmación tan reiterada de que, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, parecía muy real.

Hasta que a izquierda se dio cuenta que el capitalismo había vestido una ropa neoliberal y que la izquierda tiene que ser una izquierda antes que todo antineoliberal. Fue dura la pelea de resistencia a los flamantes gobiernos neoliberales, porque no se daba solo en contra de la derecha tradicional, sino también en contra de gobiernos como los de Menem, Cardoso, Carlos Andrés Pérez, de la Concertación chilena, entre otros.

Pero finalmente la izquierda logró ganar elecciones y mostrar a lo que venía, con los gobiernos antineoliberales. La derecha quedó acusada, perdió iniciativa, actuaba como respuesta al éxito de las políticas sociales de los gobiernos de la izquierda, pasó a afirmar que las iba a incorporar, pero en el marco del modelo neoliberal.

Después de sucesivas derrotas, la derecha vuelve al gobierno en Argentina y en Brasil. La victoria de Macri provocó reacciones apresuradas de que el macrismo se había vuelto el partido de la derecha argentina y que venía para quedarse. En Brasil ahora se dice lo mismo con Bolsonaro. Hay que preguntarse si hay de hecho una nueva derecha en América Latina.

Lo que es cierto es que la que fue la derecha hasta entonces se ha degastado con su modelo neoliberal y dejó espacio abierto para nuevas fuerzas, más radicales a la derecha. Pasó ello con el Partido Radical en Argentina, sin que liderazgos de centro dentro del peronismo hayan logrado ocupar ese lugar, finalmente ocupado por el macrismo. Pasó lo mismo con el desgaste del PSDB en Brasil, dejando campo para el avance del bolsonarismo.

¿Pero cuánto tienen de nuevas esas fuerzas y que aliento tienen para quedarse por largo plazo? Es cierto que se han vuelto los representantes políticos de las derechas de esos países. Es cierto que llegan con fuerza y con planteamientos de ultra derecha, especialmente en el caso de Brasil. Pero el debilitamiento rápido de Macri, por los pies de barro que tiene siempre la derecha con su modelo neoliberal, indica que fueron un poco apresuradas las previsiones de su aliento largo. Al igual que Bolsonaro que, como Macri, está condenado al vaciamiento de apoyo, conforme todos se den cuenta que la recesión y el desempleo se mantendrán, por la continuidad del modelo neoliberal, más allá de sus discursos, de los cuales ya ha reculado en varias promesas – como el fin del ministerio del trabajo, entre otros.

Pero es una nueva derecha más radical, bastante más radical, en el caso de Bolsonaro. Que se vale de debilidades de las fuerzas de izquierda, pero que, no por ello, vino para quedarse en los gobiernos. Tienen en común las acusaciones de corrupción en contra de la izquierda, intentando aparecer como los no corruptos, que la van a combatir. No importa el grado de realidad de esas acusaciones. Importa que ellas han logrado imponer a la opinión pública la imagen de que los gobiernos, los dirigentes y los partidos de izquierda se han envuelto en corrupción. Y hacer como si los de derecha, no. Así como el diagnóstico de que los problemas económicos actuales son todavía efectos de los gobiernos de izquierda. En lo primero tienen éxito generalizado, en lo segundo tienen bastante más en Argentina que Brasil.

¿Es una nueva derecha? Si. ¿Llega con fuerza al gobierno? Si. ¿Vino para quedarse? Como nueva representante de la derecha, probablemente. ¿Gobernará por un tiempo largo? Difícilmente. Esto depende de la capacidad de la izquierda de unirse y de readecuarse a los temas del debate planteados por esa nueva derecha, volver a presentarse como la renovación de la política, la defensora de la trasparencia en la política, así como retomar los temas pendientes en la superación del neoliberalismo con más fuerzas, como la democratización de los medios, al cual se une ahora la democratización del Poder Judicial. Ahondando siempre en la vía democrática, ensanchando los espacios que existan, creando otros, para que la fuerza de la resistencia de masas al neoliberalismo vuelva a traducirse en fuerza política.

• Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Nuestro Aniversario en la Memoria

Defensores en Línea

En la vida cotidiana de las personas naturales y jurídicas cumplir 36 años de existencia es un acontecimiento importante; es llegar a la plena madurez, haber pasado la primera juventud para saludar los primeros años de la adultez.

Para el Cofadeh, nacido el 30 de agosto de 1982, en plena guerra sucia, esta es una situación diferente que arde siempre en la memoria como flama que calcina.

El 30 de noviembre de 2018, en seis días, esta organización cumplirá 36 años de dolores, de profundas tristezas, años plenos de incertidumbres, víctimas de agresiones físicas, psicológicas y exclusiones.

Pero, en honor a la verdad, el Cofadeh también cumple 36 años de ser voz en la conciencia nacional, un grito de memoria que parte el viento sin faltar cada primer viernes de mes en el centro de Tegucigalpa.

En 1982 el comité de familiares víctimas de la desaparición forzada nació, en realidad, obligado por los liberales rosuquistas y foristas, los nacionalistas callejistas, junto a los militares mercenarios de Álvarez Martínez y su batallón de muerte liderado por Discua Elvir y su legión de asesinos.

Todos esos canallas pagados por la CIA y bendecidos por la curia católica arquidiocesana, forzaron el nacimiento de un colectivo que lloraba. Un pequeño grupo de mujeres y hombres que derramaban lágrimas frente al bulling político de La Prensa, el Heraldo, HRN y el Obelisco chafista.

Todos esos canallas le decían a las madres de los desaparecidos que buscaran a sus ñángaras en Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética, mientras los cobardes vendaban sus ojos, ataban sus manos y los electrocutaban en Mateo, Amarateca, la 105 brigada y en cada lugar oculto de la banda criminal del 3-16.

El Cofadeh nació de esa barbarie. Nació del llanto, pero desde la dignidad nunca vencida, existió hasta nuestros días.

En 1982 la primera petición era que devolvieran con vida a las personas desaparecidas, sus primos, amigos, esposas, hermanas y hermanos, porque vivos se los habían llevado.

Pero ni Rosuco, Flores Facussé ni Azcona escucharon, salvo en alguna excepción para confirmar la regla; sus jefes los militares, obedientes de Negroponte y Oliver North, prefirieron torturar, asesinar y desaparecer los cuerpos de estos seres amados.

Entonces, en 1990 el Cofadeh tuvo que modificar su primera petición y enfrente de los militares y policías asesinos que pedían el perdón de sus crímenes, sin confesión, sin arrepentimiento y sin someterse a la verdad y a la justicia, les tuvo que decir: ni perdón ni olvido hasta encontrarlos.

Pasaron los años en exhumaciones de osamentas dispersas por el país, en juicios bien argumentados por fiscales comprometidos con el futuro de Honduras, guerreras contra la impunidad y militantes de la libertad y la vida, pero otra vez los criminales buscaron a sus socios entre los vientos del huracán Mitch para evitar la cárcel.

Entonces, el Cofadeh volvió a cambiarles su slogan hasta nuestros días: de los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.

Este año la organización que se conserva estable, seria y creíble en la defensa y promoción de los derechos humanos, a pesar de toda la tragedia de Honduras, conmemora 36 años de existencia.

En la intimidad de una de las instalaciones construidas para educar en la memoria histórica, el Cofadeh tomará una pausa para conversar, compartir la historia, para pensar el futuro.

En seis días será esa pausa en la vida de una organización que pervive por la voluntad y el compromiso de sus fundadoras, de familiares y amistades, que trabaja todos los días, de lunes a domingo sin parar, generalmente sin tener seguridad de nada.

A esta organización abrazamos porque ha sobrevivido a todo en este país violador de los derechos humanos, país expulsor de su propia gente, nación abatida por un cartel de delincuentes que secuestra el Estado desde hace 10 años, que forman la dictadura del narco más criminal de la historia del cristianismo militar.

A todas las personas, organizaciones, Estados y agencias del mundo que han ofrecido sus manos, sus ideas y sus bienes para darle vida a esta resistencia moral y política de 36 años frente a la desaparición forzada, en estas terribles circunstancias de la Honduras de hoy, muchas gracias!.

Y a ustedes madres muertas, madres vivas y resucitadas, a ustedes parientes que han creído siempre en la dignidad y han respetado la perseverancia de unas cuantas, a ustedes también ¡vamos al 36, sigamos porque todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

Redes de DD.HH participaron como observadores en una consulta popular como parte de su aprendizaje

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce

En el marco de un encuentro coordinado entre el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras  (COFADEH) y las redes de defensores y defensoras de derechos humanos de occidente, sur, oriente y zona centro, realizado en el municipio de  San José, departamento de La Paz, estas tuvieron la oportunidad de participar como observadores  en una  consulta popular.

Durante el desarrollo de encuentro de las redes, en el municipio de San José se desarrollaba una consulta popular, lo que permitió que las redes pudieran participar como observadoras del proceso, donde se le consultaba al pueblo cuatro preguntas, donde tenían que responder Si o No.

Integrantes de REDEHSUR

Las  redes que  vivieron la experiencia de  observar  el desarrollo de  la consulta popular en  el municipio de  San  José fueron la  Red de Defensores y Defensoras de Derechos  Humanos del Sur (REDEHSUR); Red de Defensores y Defensoras Ocotepecanas de Derechos Humanos (DEOCODERH); la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Oriente (Red Oriente); Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Lempira (Red Lempira) y Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de la Paz (REDHIL-PAZ).

Las  redes  de defensores y defensoras  tuvieron la oportunidad de  participar en la observación del proceso de la consulta popular mismas que  les sirve de experiencia   para procesos posteriores.

Estuvieron en las comunidades de La Florida, El Aguacatal, El Pedernal, San José Centro, lugares donde se instalaron mesas para que la ciudadanía llegara a votar. Los defensores se sintieron muy contentos de poder vivir esa experiencia que les sirve en el desarrollo del aprendizaje como defensores de derechos humanos.

Nulman  Cruz, de la  REDHIL-PAZ, expresó que “me siento  emocionado porque esto jamás había  pasado, es por primera vez  y  gracias al empoderamiento de COFADEH podemos  participar en esta actividad como observadores”.

Creo que con esta consulta en el departamento  de La Paz  es decirle si a la vida,  así lo tomamos  nosotros  por  cuestión  que estamos en contra del continuismo  con este señor  que  tenemos de presidente, que es totalmente ilegal y es lo que nosotros  condemandamos”.

Representantes de DEOCODERH

Otra de las redes que formó parte del encuentro  y que  participó en el proceso  es la red DEOCODERH,   que expresaron que al participar como observadores en la  consulta pudieron percibir las necesidades que tiene el pueblo de que se le consulte y el deseo que tiene de ser parte de las decisiones importantes. También dijeron sentirse  sorprendidos  por la amplia participación que hubo de la juventud.

“Nosotros creemos que es muy  necesario que la  población aprenda  y este  tipo de consulta  que lo  tenga  como  un hábito,  que se establezca como una costumbre  y una cultura de participar en las decisiones  políticas de sus comunidades, que aprenda a conocer cómo funciona todo”, dijo Yeni Montufar de la red DEOCODERH.

“Y yo creo que eso es lo que nos está afectando, entonces esa es la gran debilidad con este proceso de consulta, eso es lo que verificamos que la gente participó y se interesó en este proceso y pudimos darnos cuenta que es lo que hace falta en todos los departamentos del país”, añadió Montufar.

La red de Lempira también estuvo presente en el encuentro donde tuvieron la oportunidad de seguir de cerca y observar el proceso de una consulta como parte de su aprendizaje.

Bernardino Pérez, de esa red,  expresó que  esta consulta es una estrategia del pueblo  y más que del pueblo es algo que está  documentado en la Constitución de la República, donde todos y todas tenemos derecho a una consulta  y que  todas podamos dar a conocer nuestro  sentimiento, porque en algunas veces hemos sido arrebatados nuestras estrategias de mentalidad diciendo una cosa, cuando  tenemos un conocimiento que tal vez es el correcto  y ellos  nos  tratan de confundir, y a través de una consulta  uno conscientemente va a elegir.

Paty Eguigure de la Red de Oriente

De la zona sur de Honduras defensores y defensoras de la  REDEHSUR asistieron al encuentro,  se sintieron satisfechos  de poder ser parte de ese  espacio y poder ver y participar de cerca en  un tema tan importante  como es consultarle al pueblo que es realmente lo que quiere.

Es una linda experiencia ver como el pueblo que está sufriendo tanto atropello por parte de esta oligarquía hondureña, hoy ha podido expresar sus verdaderos sentimientos a través de una marca sencilla, pero en preguntas que realmente debería hacerse cada uno de los hondureños y hondureñas de la clase baja que somos los más afectados, que al final salimos pagando todo sin tener nada”, dijo  Abel Pérez de la REDEHSUR.

“Es muy  importante  porque está escuchando la propia voz del pueblo, es allí donde se sabe  los sentimientos de un verdadero pueblo, que  sabe que es lo que desea, que es lo que necesita realmente para poder vivir una vida digna”, añadió.

También agregó que “es primera vez que participamos como observadores en una consulta     de esta magnitud  para observar y aprender lo mejor que podamos, tal vez cuando se logre  realizar en nuestros municipios, en nuestros lugares, ya tener  una idea de qué  hacer”.

Otra de las redes que participo en el encuentro es la red de oriente, quienes desde que  inició el proceso se notaron  interesados por observar y aprovechar el aprendizaje a través de la consulta.

“Es primera vez que somos  tomados en cuenta para un proceso  de esta índole, y es tan importante para nosotros ver cómo se desarrolla la consulta, la experiencia vivida de los pueblos, porque sabemos  la situación de cómo está  inaguantable ya este  país, está colapsado, entonces nosotros necesitamos  preguntarle  al pueblo que es lo que quiere, expresó Patricia Eguigure.

Estas redes de defensores y defensoras de derechos humanos  no solo observaron la consulta  popular, sino que también tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con La Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB)  e integrantes de juntas de agua de  San Francisco, Atlántida, también  la  Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), regional  La Paz, entre otras organizaciones que se hicieron presentes.

Tanto la red del Sur, Oriente, Occidente  y la de la Zona Centro, después de observar  la consulta popular  impulsada por la Convergencia contra el Continuismo, estuvieron de acuerdo  con que estos  espacios de consulta, donde pudieron observar que el actor principal  y el más importante es el pueblo, que es al que se le debe  preguntar si está de acuerdo o no  con algunos temas que son de importancia para las comunidades, se realice en todos los departamentos de Honduras.