El gobierno de Juan Orlando Hernández determinó cambiar al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y determinó nombrar al general René Orlando Ponce Fonseca como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, en sustitución del también general Francisco Isaías Álvarez Urbina.
Con este anuncio también se determinó tomar nuevas acciones y cambio de estrategias para liberar las carreteras de las protestas. Este martes el país amaneció más militarizado que nunca y las agresiones han aumentado. Los militares tienen la autorización de utilizar toda la fuerza necesaria para desalojar a los manifestantes.
Fuertes y directos, sin compasión
La consigna del gobierno de Juan Orlando Hernández es no permitir más tomas de carreteras y contrarrestar los saqueos a los negocios. Los desalojos violentos se presentaron desde la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.
Al recordar sus atribuciones de Comandante General de las Fuerzas Armadas, Juan Orlando Hernández decidió que “la responsabilidad recae de ahora en adelante en el general René Orlando Ponce Fúnez, mientras que como subjefe lo hará el general Reynel Enrique Fúnez Ponce”, manifestó Hernández en comparecencia ante la prensa nacional e internacional.
El declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral, dijo que en la crisis política que vive el país es función de las Fuerzas Armadas, en base a la Constitución de la República, garantizar el orden público del país.
“Por tanto, Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía, tienen que actuar de manera contundente, respetando el derecho que cada quien tiene de protestar de manera pacífica, pero garantizando la seguridad de los bienes, la integridad física de las personas y desde luego cuidar la economía nacional”, ordenó el candidato ilegal a la reelección presidencial.
Nueva estrategia
Tras los cambios en la comandancia de la Fuerzas Armadas, Juan Orlando Hernández insistió que preservar el orden público es un mandato constitucional que compete a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad por medio de la Policía Nacional.
“Mi mensaje es que se debe velar por bienestar del pueblo hondureño; protesta violenta, evitarla y protesta pacífica, protegerla”, dijo Hernández.
El Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, aseguró que grupos del narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas, específicamente la Mara 18, están detrás de las protestas violentas que se registran en el país desde las elecciones.
Y el presidente Juan Orlando Hernández tampoco se quedó atrás. “Hay grupos criminales que aprovecharon las protestas pacíficas para delinquir; debemos iniciar una etapa para informar a los respectivos órganos del Estado y trabajar en su captura”, señaló Hernández.
Se acusa a los empresarios de estar detrás de las explosivas represiones contra la población, acusaciones que son negadas mediante un comunicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep.
“Ningún representante del Cohep ha sostenido reuniones secretas a efecto de planificar la represión del pueblo hondureño, mucho menos tomar acciones que conlleven como consecuencias poner en riesgo la vida de los ciudadanos hondureños y su integridad física”, señala el Cohep en el comunicado.
Pero hay sectores que afirman que los empresarios hondureños están financiando las operaciones militares para llevar a cabo la represión tras ser víctimas de saqueos por parte de grupos que no están vinculados a las auténticas protestas que denuncian el fraude electoral y rechazan la implantación de una dictadura.
Condena
La condena a los actos de desalojos violentos y la persecución contra los manifestantes hasta en los barrios y colonias del país, no se han hecho esperar. La Policía Militar persigue y dispara contra los manifestantes cuyo saldo ha llegado a 25 personas asesinadas, según datos en poder de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras.
La Iglesia Católica de Honduras por medio de la Conferencia Episcopal, condena la violencia del Estado en contra de un pueblo que se manifiesta en defensa de su derecho a elegir y en condena al fraude electoral.
“Comprobamos con preocupación que el derecho de protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por aquellos ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas. Constatamos con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales”, dijeron los Obispos en un comunicado público.
La Iglesia Católica hondureña está convencida que ésta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población.
“Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la Patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la Nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente” manifestó en el comunicado la Conferencia Episcopal de Honduras.
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