viernes, 1 de diciembre de 2017

Fondos públicos podrían haber financiado la campaña electoral de JOH



El excesivo gasto publicitario del presidente y candidato ilegal e ilegítimo a la reelección presidencial, fue evidente en la campaña política que recién ha terminado. En un país con cientos de necesidades, se gastan miles de millones de Lempiras en una campaña carente de propuestas.

Al sentarse frente a un televisor o escuchar la radio, cada 30 minutos se podían identificar al menos entre 5 y 10 spot promocionando la imagen del Presidente Juan Orlando Hernández. Esa situación se ha repetido a diario en la mayor parte de medios de comunicación a nivel nacional.

Experiencias anteriores, como el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde el partido de gobierno desvió millonarias cantidades para financiar la campaña política del actual presidente, hace sospechar que nuevamente se esté aprovechando el control institucional para financiar la campaña política.

A criterio del analista político Eugenio Sosa, es cuestionable la utilización de fondos públicos a través del pago directo y haciendo uso de la Ley de Canje Publicitario bajo el decreto 86-2013. Dicha ley permite que los medios paguen sus impuestos al Estado dando publicidad al gobierno.

“Es una campaña desleal y cínica, porque están haciendo uso de mecanismos que están fuera de cualquier otra lógica. En ese sentido se convierte en un abuso descarado y un atropellamiento a la institucionalidad electoral y las reglas de competencia política”, opina el analista.

Desvío de fondos

Un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDEH revela que el presupuesto de la Presidencia de la República durante el periodo 2006-2013 osciló alrededor de los 616 millones de Lempiras, sin embargo, para el periodo 2014 -2017 aumentó hasta los 1,500 millones de Lempiras.

El mismo informe detalla que los datos de ejecución presupuestaria que brindó la Secretaría de Finanzas, muestran la inclinación del presupuesto por incrementar reiteradamente los recursos de algunas instituciones públicas y a disminuir el presupuesto de otras. Así mismo, en cuanto a la ejecución presupuestaria se observan brechas pronunciadas entre instituciones, por un lado, el porcentaje más alto de ejecución es de 100% para la Presidencia de la Republica, y por otro lado el menor porcentaje de ejecución es de 0% para el gabinete de Defensa y Seguridad.

En síntesis, los vicios en el manejo presupuestaria, (improvisación, la falta de transparencia, rendición de cuentas, y ausencia de sanciones a instituciones que modifican reiteradamente su presupuesto), podría justificarse de dos maneras: la existencia de ese tipo de organismos no es necesaria; o que puede ser una estrategia de reserva de recursos para luego transferirlos a instituciones con mayores niveles de ejecución presupuestaria.

En ese sentido el Fosdeh, señala que estamos frente a una campaña de imagen del presidente y candidato presidencial, que podría estar utilizando recursos públicos.

Ismael Zepeda, Investigador del Fosdeh, dice que en los últimos meses fue evidente la maquinaria aplastante de publicidad y propaganda de parte de Partido Nacional. Opina que dicha maquinaría mediática no sólo es aplastante para los partidos políticos de oposición, sino para la ciudadanía en general.

El analista agrega que es necesario que la ciudadanía entienda que ese gasto de propaganda y publicidad va por nuestros impuestos, sobre todo por los impuestos que se dejan de percibir por favorecer a las grandes corporaciones mediáticas.

Con ese dinero que el Estado deja de percibir por canje o pago directo, el gobierno bien podría construir escuelas, hospitales, mejorar la infraestructura vial sin necesidad de concesionar las carreteras, dijo Zepeda.

Costos

La mayor parte del pueblo hondureño no tiene idea de lo que cuesta un minuto en la televisión, un par de segundos en la radio o una página en los periódicos de circulación nacional. Durante el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, los anuncios gubernamentales han salido en cada pausa comercial de los principales medios de comunicación del país.

Aunque durante la campaña política fue evidente el alto nivel de pauta publicitaria y control mediático que tuvo el partido de Gobierno, a criterio del mercadólogo y comunicador social, Mario Rivera (Chano Rivera); la intensidad publicitaria fue menor en comparación con otros procesos electorales. Argumenta que probablemente con la nueva Ley de Política Limpia se redujo dramáticamente la inversión que hacen los empresarios y diversos sectores a la campaña de candidatos y candidatas a cargos de elección popular.

Rivera dice que siempre el partido de Gobierno será quien mantenga el mayor control de publicidad en los tiempos electorales. Asegura no conocer con exactitud la cantidad de publicidad que tenían los diferentes candidatos y candidatas, y que son los encargados de la Comisión de Política Limpia quienes deberían manejar esos datos.

Política Limpia

El Comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, explica que actualmente trabajan en consignar el registro de gasto de campaña y calcular los gastos que realizaron los diferentes candidatos. Se pone mayor énfasis en el más de 81% de alcaldes y alcaldesas que actualmente buscan la reelección.

Franco asegura que han firmado un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas, a efectos de tener la lista de alcaldes y alcaldesas que buscan la reelección y que tengan pliegos de responsabilidad con el ente contralor.

En el caso de los candidatos y candidatas a la presidencia, Javier Franco, dice que esa organización ha solicitado informes sobre el financiamiento de sus campañas, y será hasta pasadas las elecciones que presentarán los diferentes informes sobre el financiamiento. La unidad investiga a algunos candidatos, pero por el momento no brindaron nombres.

La Unidad de Política Limpia, fue creada por el Congreso Nacional en mayo del 2017, tiene la potestad para determinar los gastos de campaña electoral, en la fórmula presidencial y de designados, así como de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales.

Para fortalecer la democracia es necesario propiciar condiciones que reduzcan la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Por lo tanto, se necesita que los fondos públicos se manejen con transparencia, concluyó Hermilo Soto.

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