“Queremos que se incremente la presión nacional e internacional sobre el gobierno de Honduras para que se cancele de forma definitiva el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que se pretende instalar sobre el río Gualcarque”, dijo firmemente Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh.
La también hija de Berta Cáceres, quien fue brutalmente asesinada el 3 de marzo del 2016 en su casa de la ciudad La Esperanza, aseguró que el asesinato de su madre ha puesto en el escenario internacional la magnitud del proyecto hidroeléctrico que amenaza la vida y el ecosistema del pueblo Lenca en el sector de Río Blanco, Intibucá .
“Lo poco que se ha logrado hasta ahora ha sido por la presión internacional sobre el gobierno de Honduras y no porque haya voluntad política de esclarecer el asesinato de mi madre, sin embargo los actores intelectuales aún no han sido tocados porque son parte de las altas estructuras de este país”, indicó.
Al mismo tiempo manifestó que dicha presión ha obligado a que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO, por sus siglas en inglés) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund), dos de los mayores inversionistas de la represa Agua Zarca, anunciaran su salida del proyecto.
Esto se produce a más de un año del asesinato de la defensora de los derechos del pueblo indígena, Berta Cáceres, y de una posterior campaña de Oxfam y aliados que los empujaron a abandonar la iniciativa.
Como población indígena en resistencia continuamos exigiendo el retiro definitivo del proyecto hidroeléctrico, que amenaza nuestro territorio, el sagrado río Gualcarque, nuestra vida y cultura”, indicó Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Río Blanco, Intibucá.
“Desde que inició el proyecto miembros de la policía, militares y sicarios nos han hecho la vida imposible a las familias que luchamos por la soberanía de nuestro territorio. Llegaron a dividir las comunidades y han sido asesinados tres compañero de lucha, y varios que estamos amenazados a muerte”, dijo Sánchez. A renglón seguido manifestó que ese territorio es ancestralmente Lenca y la comunidad está ejerciendo su derecho legítimo de recuperación y reafirmación territorial en base a títulos antiguos, al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Investigación independiente
Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por luchar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, sagrado para la comunidad indígena Lenca a la que pertenecía. Aunque hay personas detenidas aún continua sin haber justicia por su asesinato y las comunidades viven bajo graves amenazas.
Actualmente hay un proceso judicial contra cuatro personas implicadas en el asesinato de Berta Cáceres. Dos de ellas, el ingeniero Sergio Ramón Rodríguez y el jefe de seguridad, Douglas Geovanny Bustillo, empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), la empresa encargada de construir la represa Agua Zarca.
Sin embargo la dirigente indígena Berta Zuniga, asegura que como familia de Berta Cáceres y como parte del Copinh, exigen la realización de una investigación independiente para encontrar a los verdaderos autores intelectuales del asesinato de su madre.
“Queremos que la investigación de su muerte marque un antes y un después en la justicia hondureña, un país en el que es sumamente difícil obtener justicia”, dijo Zuniga. “No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de la tierra y la destrucción del mundo natural que Honduras”, aseguró la organización Global Witness en su más reciente informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”.
De acuerdo al informe, 123 defensores de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados. Más del 90 por ciento de estos crímenes han quedado impunes.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
El proyecto Agua Zarca y otros similares ignoran las objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de subsistencia y culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos y el bosque.
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