Ejercicio periodístico se realiza en suelo movedizo y en total indefensión
“32 colegas han sido asesinado desde el golpe de Estado de 2009, sus familias quedaron aterrorizadas, algunos dejaron hijos huérfanos ¿Quién les dirán la verdad cuándo crezcan? ¿Quién les explicará que la muerte de su mamá o su papá fue por ser periodista? La situación de la libertad de expresión en Honduras está muy atacada”, cuestionó la periodista hondureña Dina Meza, en una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre asesinatos de periodistas e impunidad en Honduras.
En la audiencia hubo presencia de organizaciones nacionales e internacionales y la representación del Estado. Desde el golpe de Estado de junio 2009, las violaciones a la libertad de expresión y los asesinatos contra comunicadores han aumentado. Es bajo esta dura realidad cuando el pasado 25 de mayo se conmemoró el periodista y la periodista.
En la audiencia ante la CIDH, Dina Meza, indicó que en Honduras la muerte de periodistas tiene una vinculación directa con la intolerancia para el pensamiento crítico. “Después de pasar una década de graves violaciones a los Derechos Humanos en la década de los 80´s los crímenes aún están sin castigo, siendo el principal alimento para la impunidad que vivimos en estos momentos, pues los violadores de derechos humanos están en la estructura sin que el sistema de justicia los lleve tras las rejas”, añadió Meza.
De los 35 periodistas asesinados desde el 2009 en Honduras, apenas el 10% refleja algunos avances encaminados a la deducción de responsabilidad a los autores materiales de las muertes, no así a los responsables intelectuales. “En Honduras existe un monólogo de los grupos de poder que han ensangrentado la nación”, aseguró la también defensora de derechos humanos.
“Carlos Alberto Salgado era como todos nosotros, pero era periodista y vivía en Honduras, lo asesinaron, al igual que Carlos, han sido asesinados, Fernando Gonzáles, Santiago Rafael Munguía, Osman Rodrigo López, Gabriel Fino Noriega, Nicolás José Asfura, Joseph Fernández Ochoa, David Enrique Meza, Nahúm Palacios, José Bayardo, Manuel Juárez, Israel Zelaya, Luis Chevez, Luis Arturo Mondragón, Henry Orlando Sauso, Luis Ernesto Mendoza, Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores Hernández, Luz Marina Paz, Sayra Fabiola Almendarez, Erick Alexander Martínez, Ángel Alfredo Villatoro, Julio César Casalenua, Ángel Eduardo López, Adonys Felipe Bueso, José Noel Canales, Selin Orlando Acosta, Anibal Barrow, Manuel Murillo, Juan Carlos Angeñal. Acabo de recordarles los 32 nombres de 32 profesionales cuyo esfuerzo cotidiano era proteger nuestro derecho de estar informado”, dijo Albert Enrique, escritor y periodista mexicano en el 150 periodo de sesiones de la CIDH.
Agregó “sus asesinos o quienes planearon sus asesinatos están libres, quizás preparándose para ejecutar al siguiente periodista”.
La falta de castigo a quienes han golpeado, secuestrado, hostigado, amenazado y asesinado periodista genera repetición de hechos. El ejercicio periodístico se realiza en suelos movedizos y en total indefensión. Y por si fuera poco, hay violaciones a la libertad de expresión que vienen desde funcionarios públicos.
“En nuestra América asesinar a un periodista tiene las mismas consecuencias que ponerse unos zapatos de cuero o sentarse en un sillón, es decir, ninguna consecuencia; y digo nuestra América, porque los números de mi país, México, son más que Honduras”, expuso Albert Enrique.
Casos sin investigación
El abogado Rolando Argueta, director de fiscales, participó en esta audiencia en representación del Estado, dijo que han elaborado varios informes desde el 2010 y ha participado en varias audiencias públicas que han incluido la libertad de expresión y violencia contra periodistas, además ha remitido informes a la Unesco y Organizaciones no gubernamentales interesadas sobre casos particulares”.
En lo que respecta a la política institucional de asignación de los casos de muerte de periodistas, Argueta indicó “a fin de hacer mejor uso de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos, y ante la alta incidencia de los delitos contra la vida en Honduras, el Ministerio Público consideró imprescindible la creación de una sola estructura para conocer sobre la muerte de personas desde la noticia criminal, escena del hecho, investigación, hasta concretar las acciones judiciales con una estructura interinstitucional capaz de combatir esos delitos en sus distintas modalidades”.
Así surge la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida en el 2013, que agrupa varias unidas de investigación, entre ellas la Unidad de Investigación de crímenes de alto impacto, responsable de investigar y castigar a los asesinos de periodistas, hasta la fecha son escasos los resultados brindados.
El Estado se ha limitado a informar que los asesinatos contra periodistas, son por cuestiones personales y no por su labor informativa.
De los casos judicializados, a la fecha se constata que los homicidios son producto de la delincuencia común o crimen organizado, y no ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales, ni la intervención de agentes del Estado; sin embargo en ninguno de los casos en investigación se descarta la ocupación dentro de los posibles móviles, manifestó el representante del gobierno hondureño, Rolando Argueta.
Argueta señaló que en el caso del periodista Alfredo Villatoro, asesinado en mayo de 2012, se dictó sentencia con carácter condenatorio a tres personas a quienes el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa consideró como responsables del delito de secuestro agravado contra Villatoro.
Otros avances en investigaciones que informó el abogado Argueta ante la CIDH, fue el caso de Anibal Barrow donde hubo una sentencia condenatoria, y se ha verificado que la motivación no fue por opiniones vertidas en sus programas de televisión, expuso Argueta.
Desde el 2009 al 2013 el Ministerio Público reporta 27 casos de muerte de periodistas y comunicadores sociales, apenas 10 casos están judicializados entre ellos: David Meza, Luis Antonio Chevez, Alberto Orellana, Henry Suazo, Héctor Medina Polanco, Fausto Hernández, Erick Martínez, ´Ángel Villatoro, José Alfredo Osorto y Aníbal Barrow, de estos casos 7 cuentan con sentencia anunció el funcionario público.
Desde el 2009, el 25 de mayo día del periodista y la periodista hondureña, ya no es una fecha de celebración, sino de exigencia de justicia y demandas para que las autoridades creen políticas que logren respetar el ejercicio y el derecho a la libertad de expresión y de prensa.
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