Associated Press
Por Alberto Arce y Katherine Corcorán
El Departamento de Estado, que gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la policía de Honduras, ha asegurado al Congreso de Estados Unidos que el dinero sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa de un jefe de la policía que ha sido acusado de asesinatos extrajudiciales y de ejercer una política de "limpieza social".
Pero The Associated Press ha descubierto que todas las unidades de la policía de Honduras se encuentran bajo control de su director general, Juan Carlos Bonilla, apodado "Tigre", que en 2002 fue acusado de tres ejecuciones extrajudiciales y de estar relacionado con 11 muertes y desapariciones adicionales. Fue juzgado por un asesinato y absuelto. El resto de los casos nunca fueron investigados en profundidad.
La ley de Honduras prohíbe que ninguna unidad actúe fuera del control de su director general, según un alto funcionario del sistema de seguridad que sólo aceptó hablar del tema si se mantiene su identidad bajo anonimato. Dijo que eso es verdad en la práctica, así como en el papel.
Y Celso Alvarado, profesor de derecho penal y consultor de la Comisión de Reforma de la Seguridad de Honduras, está de acuerdo.
"Todos los policías de Honduras, independientemente de sus funciones puntuales, están en dependencia jerárquica y de obediencia del director general", dijo Alvarado.
"Los programas de seguridad que Honduras desarrolla con los Estados Unidos están bajo control de los ministros de Seguridad y Defensa", dijo el canciller Arturo Corrales, que negocia los acuerdos con el Departamento de Estado.
Pero el alto funcionario del sector de seguridad que pide no ser citado dice que la contradicción entre lo que dicen los acuerdos y la práctica política es necesaria en un país en situación de emergencia.
Con 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la pequeña nación centroamericana es considerada con frecuencia el país más violento del mundo. Alrededor del 40% de la cocaína dirigida a los Estados Unidos -y el 87% de los vuelos de contrabando de esta droga, provenientes de Sudamérica- pasan a través de Honduras, según el Departamento de Estado.
Las acusaciones contra Bonilla, junto a toda una serie de preocupaciones respecto a asesinatos cometidos por la policía y el ejército, dieron pie a que el Congreso congelase alrededor de 30 millones de dólares de ayuda a Honduras el pasado agosto. La mayoría ha sido restituida tras acuerdos con el Departamento de Estado sobre la supervisión de las operaciones hondureñas que reciben dinero de Estados Unidos.
El acuerdo no menciona a Bonilla específicamente, pero el senador por Vermont Patrick Leahy, que lidera un grupo de representantes preocupados por las violaciones a los derechos humanos en Honduras, dejó claras sus intenciones la semana pasada:
"Ninguna unidad bajo control del general Bonilla debería recibir asistencia por parte de Estados Unidos sin información creíble que refute las graves acusaciones contra él", dijo en un correo electrónico enviado a la AP.
Hasta el momento esa información no ha sido proporcionada por el Departamento de Estado, y lo que la AP ha descubierto está generando más preguntas.
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