Por James Petras
Introducción La relación entre imperialismo y democracia se ha debatido y analizado durante más de 2.500 años, desde en la Atenas del siglo V a.C. hasta en el Liberty Park de Manhattan. Los críticos actuales del imperialismo (y el capitalismo) afirman percibir una incompatibilidad esencial y citan las medidas del Estado policial en expansión que acompañan a las guerras coloniales, desde la legislación antiterrorista de Clinton y la «Ley Patriótica» de Bush hasta la orden de Obama del asesinato extrajudicial de ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
Sin embargo, antes, muchos teóricos del imperialismo de diferentes sensibilidades políticas, que abarcan desde Max Weber hasta Vladimir Lenin, han sostenido que el imperialismo aglutinaba al país, reducía la polarización interna entre clases sociales y generaba trabajadores privilegiados que sustentaban activamente a los partidos imperiales y votaban por ellos. Un estudio histórico comparativo de las condiciones bajo las que convergen o divergen el imperialismo y las instituciones democráticas puede arrojar alguna luz sobre los retos y alternativas a que se enfrentan los florecientes movimientos democráticos emergentes en todo el planeta.
El siglo XIX
Durante el siglo XIX, la expansión imperial europea y estadounidense abarcó a todo el mundo. Fruto de su colaboración echaron raíces las instituciones democráticas, el derecho de sufragio se extendió a la clase trabajadora, emergieron partidos competitivos, se aprobó legislación social y la clase trabajadora incrementó su cuota de representación en las cámaras legislativas.
¿Fue el crecimiento simultáneo de la democracia y el imperialismo una correlación casual que reflejaba la divergencia y el conflicto de fuerzas contrapuestas, una de las cuales favorecía la conquista en el exterior y, la otra, promovía la política democrática? En realidad, hay grandes solapamientos entre la política pro imperialista y la democrática, y no solo entre las élites.
Durante el siglo XIX y, en especial, el siglo XX, sectores importantes de los partidos laboristas y socialdemócratas e infinidad de izquierdistas y socialistas revolucionarios destacados aunaron en un momento u otro el apoyo a las demandas de los trabajadores y la expansión imperial. No fue sino Karl Marx quien, en sus primeros escritos periodísticos para The New York Herald Tribune, apoyó críticamente la conquista británica de la India porque significaba una «fuerza modernizadora» que rompía barreras feudales, aun cuando apoyara (con ciertas críticas) las revoluciones europeas de 1848.
Las clases dominantes, la fuerza motriz del imperialismo, estaban divididas: algunas veían en las reformas «democráticas», en la «ciudadanía», un medio de incrementar el reclutamiento obligatorio masivo para las guerras imperiales; otros temían que las reformas democráticas reforzaran las demandas sociales y socavaran la acumulación de capital y poder por parte de la élite. Ambos tenían razón: a la mayor participación política acompañó un nacionalismo moderno virulento que alimentó la construcción del imperio. Al mismo tiempo, el acceso de las masas a los derechos democráticos supuso un refuerzo para las organizaciones de clase, que ponían en peligro o en cuestión el un régimen clasista. En el seno de las clases dominantes, las instituciones democráticas se consideraban un territorio en el que resolver pacíficamente los conflictos entre élites sectoriales rivales. Pero, cuando adoptaron un carácter masivo, se las percibió como amenazas políticas.
Los partidos imperiales y fundados en diferencias de clase competían por los votantes entre unos trabajadores urbanos con el derecho a voto recién adquirido. En muchos casos, las lealtades imperiales y de clase «coexistieron» en los mismo individuos. La pregunta de cuál de las dos, la conciencia imperialista o la de clase, acabaría siendo «dominante» o «destacada» dependía en parte de los éxitos o los fracasos de los proyectos políticos rivales más amplios.
Dicho de otro modo, cuando la expansión imperial triunfó con las fáciles conquistas derivadas de unas colonias lucrativas (en especial, las formadas por asentamientos), los trabajadores democráticos suscribieron el imperio. Fue así porque el imperio reforzaba el comercio, sobre todo el de unas exportaciones muy beneficiosas a cambio de importaciones muy baratas, al tiempo que protegía a los mercados y los fabricantes locales. A su vez, esta situación hizo aumentar el empleo y los salarios en sectores importantes de la clase trabajadora. En consecuencia, los partidos laboristas y socialdemócratas y los sindicatos no se opusieron al imperialismo, sino que de hecho lo apoyaron.
En cambio, cuando las guerras imperialistas desembocaron en conflictos sangrientos y caros prolongados, la clase trabajadora sustituyó su entusiasmo chovinista inicial por desencanto y oposición. Las exigencias democráticas de «poner fin a la guerra» dieron lugar a huelgas que se oponían a la desigualdad de los sacrificios realizados. Los sentimientos democráticos y antiimperialistas tendieron a fundirse.
El conflicto entre democracia e imperialismo quedaba aún más patente en los casos de derrota imperial y ocupación militar. Tanto la derrota de Francia en la guerra franco-alemana de 1870-1871 como la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial desencadenaron levantamientos socialistas democráticos generalizados (la Comuna de París de 1871 y la revolución alemana de 1918) que combatían el imperialismo, la dominación ejercida por la clase gobernante y la totalidad del marco institucional imperial capitalista.
El imperialismo y el debate de la democracia y «la historia desde abajo»
Los historiadores, en especial los practicantes de la tan de moda «historia desde abajo», han exagerado los valores democráticos y las luchas de la clase trabajadora y han subestimado el apoyo prolongado y muy apreciable prestado por sectores importantes al éxito de la conquista y la expansión imperial. La idea de solidaridad de clase «intrínseca» o «instintiva» se trasluce en el papel activo de los trabajadores que en la conquista imperial han desempeñado como soldados, colonos en el exterior, marinos mercantes o capataces. Los colaboradores imperiales y los leales al imperio han sido numerosos entre los trabajadores ingleses y franceses y, especialmente más adelante, en el seno del movimiento sindical estadounidense.
La cuestión teórica reside en que la preponderancia de la conciencia y la acción democrática sobre la imperial entre los trabajadores depende de los resultados materiales y prácticos de las políticas imperiales y las luchas democráticas.
Los trabajadores y el imperialismo
La construcción de un imperio requiere que los trabajadores produzcan más por menos con el fin de exportar e invertir lucrativamente en las regiones colonizadas. Esto llevó al conflicto entre capital y trabajo, sobre todo en la primera fase de la expansión imperial. Cuando los gobernantes imperiales consolidaron su dominio sobre los países colonizados, intensificaron la explotación de los mercados, de la mano de obra y de los recursos. Las exportaciones imperiales acabaron con los competidores locales. Los beneficios aumentaron, los salarios se incrementaron y los trabajadores abandonaron su oposición inicial al imperialismo para reclamar su cuota del incremento de los ingresos de unos productores orientados a la exportación. Los dirigentes de los trabajadores y los sindicalistas aprobaron las políticas de «preferencia imperial» que protegían a los sectores industriales locales frente a la competencia y privilegiaban el controlo monopolista de los mercados coloniales. Lo hicieron porque las políticas imperiales preservaban los puestos de trabajo y elevaban el nivel de vida.
Los trabajadores más activos en los conflictos sociales, incluidos en listas negras o encarcelados, se mudaron voluntariamente o fueron deportados a países colonizados. Una vez instalados en el extranjero se les concedió acceso privilegiado a empleos mejor pagados como capataces o empleados cualificados o fueron ascendidos a cargos de dirección. Los trabajadores militantes dependientes del imperio, una vez en el extranjero, se convirtieron en colaboradores coloniales. Muchos animaron a antiguos compañeros de trabajo, parientes o amigos a unirse a ellos como colonos de éxito o trabajadores contratados. La «domesticación» de trabajadores y la reconciliación de los sentimientos democráticos e imperialistas fue causa y consecuencia del éxito del imperialismo.
Lealtad al imperio: no solo por pan
Aunque los beneficios materiales que acumulan los trabajadores gracias al «éxito del imperialismo» son un factor que fortalece la conciencia imperial de los trabajadores, también se veían reforzados por una gratificación simbólica; era igualmente importante la sensación de ser miembro del «país dominante del mundo» en el que «el sol no se ponía nunca». Es raro encontrar un país en el que la mayoría de los trabajadores exprese «solidaridad» con los mineros explotados, los recolectores de las plantaciones o los campesinos desplazados y los pequeños propietarios indígenas de las «colonias». Cuanto más fuerte era la garra de la potencia colonial, mayores las «oportunidades coloniales», más largos los vínculos coloniales, más profunda la penetración económica y más fuerte el sentimiento de superioridad imperial entre los trabajadores de los estados imperiales. No es raro que los trabajadores, los sindicatos y el Partido Laborista británico pusieran pocas objeciones a la brutalidad de las guerras del opio imperiales contra China y a las hambrunas genocidas inducidas por el imperio en Irlanda en el siglo XIX y en la India en el siglo XX. Asimismo, los partidos de los trabajadores franceses, en especial los socialistas, estuvieron en la primera línea del frente de las guerras coloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra Indochina y Argelia, y solo le dieron la espalda ante la inminente derrota y la desintegración interna. Con el mismo espíritu, las guerras coloniales victoriosas estadounidenses contra Cuba y Filipinas, su invasión de países caribeños y centroamericanos, estuvieron apoyadas por la Federación del Trabajo estadounidense y por muchos «trabajadores de a pie», aun cuando una minoría de trabajadores «radicalizados» se opusiera a ellas. El «giro parcial» de la mano de obra contra las guerras coloniales estadounidenses producido durante las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán fue consecuencia de derrotas prolongadas y de los elevados costes económicos sin ninguna victoria a la vista. Se debería añadir que los trabajadores estadounidenses, al oponerse a las guerras imperiales, no manifestaban solidaridad alguna con los movimientos de liberación nacional y de trabajadores de los países colonizados.
El imperialismo y los «verdaderos demócratas»
Sostener, como han hecho algunos en la izquierda, que el imperialismo no coexiste con la «verdadera» democracia es sostener que los últimos 150 años han carecido de elecciones libres, competencia entre partidos y derechos ciudadanos, por reducidos que hayan sido, en especial, durante la última década. La realidad es que la intervención y la expansión imperiales se han inspirado precisamente en la sensación de «obligación» de los ciudadanos de mantener las instituciones democráticas, que ha permitido a los dirigentes imperiales obtener legitimidad y apoyo ciudadano activo u obediencia para librar guerras coloniales sangrientas e, incluso, genocidas.
Si la democracia no ha sido normalmente un obstáculo para la expansión colonial, sino de hecho un agente facilitador bajo determinadas circunstancias, ¿bajo qué condiciones los movimientos ciudadanos y de trabajadores han dado la espalda a las guerras imperiales? ¿Cuál ha sido la respuesta política de la clase gobernante cuando la mayoría del electorado se ha vuelto contra las guerras imperiales? Dicho de otro modo: cuándo las instituciones democráticas han dejado de operar como vehículos de las políticas imperiales, ¿qué pasa?
De la democracia imperial al Estado policial imperial
Los últimos diez años nos brindan enseñanzas importantes sobre la relación entre imperialismo y democracia en Estados Unidos.
Empezando por las controvertidas circunstancias políticas que rodean al hecho de que terroristas conocidos pudieran entrar en Estados Unidos y secuestrar aviones el 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense emprendió dos grandes guerras coloniales y numerosos ataques terrestres y aéreos directos «clandestinos» en Somalia, Yemen, Pakistán, Libia y otros países. La «guerra global contra el terrorismo» iniciada bajo el régimen de Bush y desarrollada por cargos militaristas-sionistas veteranos no electos en cooperación con la OTAN e Israel fue apoyada por el Congreso, elegido democráticamente. En ese aspecto, la inmensa mayoría del electorado, influido por una descomunal campaña de propaganda basada en el miedo, la manipulación informativa y las mentiras respaldó las guerras contra el terrorismo.
Dado el alcance y la amplitud sin precedentes de las guerras (una guerra global contra el terrorismo), el inmenso incremento del gasto militar y los grandes desembolsos para un aparato interno (el Departamento de Seguridad Nacional) represivo (de seguridad), se construyó un nuevo Estado policial de carácter marcadamente ejecutivo que sustituyó a la institución democrática vigente y a los derechos de los ciudadanos.
La trayectoria de la política imperial pasó de los primeros éxitos militares a una ocupación prolongada problemática. Esto desencadenó una escalada de la resistencia, el aumento de los gastos del Estado, la profundización de las crisis fiscales, la degradación social y una creciente oposición política.
Como sucediera en el pasado, las guerras imperiales de la actualidad que son prolongadas, costosas y para las que no hay una victoria decisiva a la vista, han desembocado en el desencanto ciudadano, seguido por un rechazo frontal y cada vez mayor. Las mayorías asalariadas que votaron a los legisladores imperiales y respaldaron una legislación que ampliaba sus competencias, incluidas leyes (la Ley Patriótica) que dejaron en suspenso derechos civiles y constitucionales elementales, se han apartado de la agenda imperial. Hoy, la mayoría democrática da prioridad a sus intereses económicos de clase, sobre todo en una situación de recesión prolongada y con una tasa de desempleo y subempleo próxima al 20 por ciento. Empezando entre los años 2008-2011, las guerras interminables y las crisis prolongadas han desencadenado un conflicto entre democracia e imperialismo.
En otras palabras, la mayoría democrática se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo y desarrollar guerras imperiales. La actividad militar imperial en Iraq, Afganistán, Libia, etc., no arrojó victorias rápidas, conquistas de mercados de exportación lucrativos, ni apropiación de recursos naturales. No se han creado puestos de trabajo y no ha repercutido ningún beneficio sobre los empleados y trabajadores del país imperial. Los elevados gastos de armamento han reducido las inversiones públicas que emplean mano de obra intensiva en proyectos de infraestructuras pendientes y críticos. El reducido número de puestos de trabajo peligrosos en los países ocupados ha sido poco atractivo y demasiado arriesgado para los desempleados.
Dicho de otro modo, a diferencia de la mayoría de las guerras coloniales-imperiales anteriores, nada de la riqueza saqueada se ha utilizado para obtener la lealtad de los trabajadores al imperio. La carga del imperio ha recortado progresivamente los salarios y el nivel de vida de los asalariados. Con el paso del tiempo, una fiscalidad regresiva ha erosionado todo sentido de la grandeza o la superioridad chovinista. Por el contrario, los ciudadanos del imperio han desarrollado un complejo de inferioridad política. Ante la oposición islámica decidida y el creciente poderío económico de China, se han abierto paso una belicosidad exagerada entre una minoría y una introspección crítica en la mayoría. Ha ganado peso la conciencia popular de que en Washington y en Wall Street «hay algo esencialmente malo». Los primeros cantos de guerra y la despreocupada agitación de banderas, cuando los ejércitos del Imperio partieron hacia Afganistán e Iraq, fueron sustituidos por un derrotismo iracundo contra unos dirigentes engañosos. Más del 80 por ciento de la opinión pública actual manifiesta una opinión negativa del Congreso y rechaza a ambos bandos en guerra. Contra la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional se esgrimen opiniones negativas similares.
Transcurrida una década de guerra y cuatro años de crisis económica, han estallado las protestas masivas y el movimiento «Ocupa Wall Street» pone nuevas alternativas sobre la mesa, lo que altera la agenda imperial con una enérgica denuncia de la élite militarista-financiera.
Los gobernantes ejecutivos, en especial los aparatos judicial, de inteligencia y policial, han impuesto cada vez más medidas arbitrarias propias de un Estado policial. El Departamento de Seguridad Nacional somete a vigilancia a decenas de millones de personas. El Estado policial intercepta miles de millones de comunicaciones por fax, correos electrónicos y páginas web e interviene llamadas telefónicas. El vínculo entre imperialismo y democracia se rompió en el momento en que un imperio en decadencia ya no podía conseguir el apoyo o la obediencia del electorado.
Las agencias de inteligencia han inventado tramas terroristas cada vez más absurdas. La conspiración iraní de la bomba contra el embajador de Arabia Saudí en Washington ha representado la tentativa más burda y primitiva por recuperar el apoyo público al militarismo imperial en la región del Golfo. Aparte de la configuración de poder sionista-pro israelí, políticamente muy influyente pero infinitamente reducida, la opinión pública estadounidense no se distrae de su programa en el interior: reclamar puestos de trabajo en el país y oponerse a Wall Street.
A medida que el conflicto entre imperialismo y democracia se ha ido intensificando, el anterior «consenso» se ha ido quebrando. La Casa Blanca y el Congreso se inclinan por un imperialismo respaldado por un Estado policial profundamente antidemocrático. La mayoría del electorado avanza utilizando los derechos democráticos que le quedan para orientar el programa político del imperio hacia una república social.
Conclusión
Hemos defendido que imperio y democracia han sido complementarios en momentos de imperialismo ascendente. Hemos mostrado que cuando las guerras de conquista han sido cortas y baratas, y cuando los resultados han sido lucrativos para el capital y generadores de empleo para la mano de obra, las mayorías democráticas han prestado apoyo a las élites imperiales. Las instituciones democráticas han prosperado cuando los imperios en el exterior han suministrado mercados, abaratado recursos y elevado el nivel de vida. Los trabajadores han votado por partidos imperiales, sostenido opiniones favorables de las autoridades ejecutivas y legislativas y vitoreado a los veteranos de guerra coloniales (nuestras tropas). Algunos incluso se presentaron voluntarios y se alistaron en el ejército. Con gran apoyo ciudadano al imperio, el Estado más o menos «se atuvo» a las garantías constitucionales. Pero el matrimonio entre democracia e imperialismo no es «estructural». Depende de una serie de condiciones variables, que pueden causar una ruptura profunda entre ambos, como estamos viendo en la actualidad.
Las guerras imperiales prolongadas, perdidas y costosas que erosionan cada vez más el nivel de vida de más de una generación han socavado el consenso entre los gobernantes imperiales y los ciudadanos democráticos. Los primeros indicios de esta divergencia potencial fueron palpables durante la última época de la Guerra de Corea, cuando la opinión pública se volvió contra el presidente Truman, arquitecto de la Guerra Fría y de la invasión estadounidense de Corea. Aparecieron más evidencias durante la Guerra de Vietnam. Ante una guerra prolongada y que se perdía, que puso en peligro la vida y las oportunidades de decenas de millones de estadounidenses en edad de reclutamiento, millones de civiles y el ejército han optado por poner fin a la guerra y cuestionar las intervenciones imperiales. El Estado represivo todavía no estaba lo bastante organizado para aterrorizar y contener el levantamiento democrático de la década de 1970. El fin de la Guerra de Vietnam representó el punto más alto del afán de los Estados Unidos democráticos por contrarrestar el imperialismo y reconstruir la república.
Las posteriores intervenciones imperiales reducidas, rápidas, baratas y militarmente victoriosas en Panamá, Granada, Haití y otros lugares no provocaron ningún conflicto entre imperialismo y democracia. Tampoco las guerras clandestinas y vicarias en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Angola, Mozambique, Afganistán y los Balcanes suscitaron ninguna oposición democrática significativa, puesto que fueron baratas (en vidas y en fondos) y no fueron acompañadas de ningún recorte acusado de gastos sociales e ingresos.
Algunos estrategas imperiales contemplaban desde la misma óptica la aparición de las guerras ofensivas en curso en Afganistán, Iraq y mundial: victorias rápidas, baratas y con bajo coste en el interior. Una autoridad pro israelí que ocupa un alto cargo en el Pentágono sostuvo incluso que la invasión y ocupación de Iraq se «autofinanciaría» mediante la apropiación del petróleo.
Las guerras del siglo XXI han resultado ser de otra forma: siguieron la pauta de Corea y Vietnam, no la de América Central y el Caribe. Las guerras del siglo XXI, inmensamente caras, no han desembocado en victorias aceleradas y, peor aún, se han producido en mitad de una crisis económica sin precedentes, sin la expansión del mercado y el sector manufacturero de las décadas de 1950 y 1960 que habían amortiguado la retirada de Corea y Vietnam.
La divergencia entre imperialismo y democracia se ha agudizado. La disidencia democrática se ha incrementado y el Estado policial se ha vuelto más prominente y directo. El imperialismo recurre cada vez más a «tramas terroristas ficticias en el interior y en el exterior» para acrecentar los poderes de la maquinaria represiva y gobernar por orden. Las exhortaciones de la Casa Blanca suenan a hueco. La opinión pública otorga cada vez menos credibilidad a las afirmaciones de sus gobernantes de que haya detenciones arbitrarias «justificables», vigilancia generalizada y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses (e incluso de sus hijos).
Ahora nos enfrentamos a riesgos a gran escala y a largo plazo, intrínsecos de las democracias imperiales. No por «contradicciones internas», sino porque antes o después las potencias imperiales encuentran la horma de su zapato en forma de luchas prolongadas libradas por movimientos de liberación antiimperialistas y nacionales. La ruptura entre democracia e imperialismo tiene lugar solo cuando las guerras imperiales imponen su coste en los salarios y en la mayoría asalariada. Entonces, y solo entonces, se ponen en marcha las fuerzas democráticas para crear una república democrática, con justicia social y sin imperio.
El peligro actual es que las estructuras imperiales están profundamente arraigadas en todas las instituciones políticas clave y están respaldadas por un aparato estatal policial de una envergadura y una dispersión sin precedentes, al que se llama Departamento de Seguridad Nacional. Tal vez tenga que ser un gran impacto político-militar externo el que encienda el tipo de levantamiento democrático masivo necesario para transformar un Estado policial imperial en una república democrática. Ante las derrotas militares en el exterior y una crisis económica interna implacable y cada vez más profunda, el régimen gobernante padece una creciente sensación de aislamiento e impotencia. El peligro es que estos miedos y frustraciones induzcan a la Casa Blanca a tratar de recuperar apoyo popular atacando Irán con un pretexto inventado. Un ataque estadounidense-israelí a Irán se traducirá en una conflagración de ámbito mundial. Los pozos petrolíferos saudíes y del Golfo Pérsico arderán en llamas. Las vías de comunicación y transporte esenciales quedarán bloqueadas. El precio de la gasolina se disparará mientras que las economías asiática, europea y estadounidense se desplomarán. Irán podría tomar represalias y las tomaría. Los soldados iraníes con sus aliados iraquíes sitiarían a los destacamentos estadounidenses en Bagdad. Afganistán y Pakistán y el resto del mundo musulmán tomaría las armas. Las tropas estadounidenses se rendirían o se retirarían. La guerra dejaría hechas trizas las arcas públicas estadounidenses. Se produciría una espiral descontrolada de déficit. El desempleo se duplicaría. Esta probable secuencia de acontecimientos desencadenaría un movimiento democrático masivo y una lucha decisiva entre una república emergente que se esforzaría por nacer y un imperio en decadencia que amenazaría con arrastrar al mundo al infierno de su propia desaparición.
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